El gobierno finalmente reglamentó las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, devolviendo el gravamen sobre los salarios de los trabajadores, afectando así alrededor de un millón de trabajadores, mientras los capitalistas y las patronales son beneficiados con blanqueos, exenciones y reducciones impositivas.
La medida comenzará a regir a partir de la percepción de los salarios de julio (cobrados en agosto), e implica una disminución abrupta en el mínimo no imponible, que pasará de $3,5 millones (15 salarios mínimos) a $1,8 millones brutos para solteros y $2,2 millones brutos para casados con dos hijos.
Esta caída del mínimo no imponible empuja a alrededor de un millón de trabajadores a pagar este nuevo-viejo gravamen regresivo, con alícuotas que van desde el 5 al 35%, lo que representa una recaudación adicional del 0,43% del PBI para que se repartan entre Nación y los gobernadores. Un contraste con la aprobación del Rigi y el régimen de Bienes Personales que favorece y desgrava a los capitalistas.
Mientras que durante el último semestre de este 2024 la actualización del mínimo y las escalas tendrá lugar en septiembre, aplicando el IPC de junio a agosto, a partir de enero del 2025 la actualización será semestral (enero y julio) tomando la inflación del semestre inmediatamente anterior a la actualización (con la salvedad de enero del 2025 donde se tomaría el trimestre restante de 2024).
La burocracia sindical, que tuvo su “Pacto de Julio” con el gobierno bajo el supuesto interés de intervenir en la reglamentación de Ganancias y elevar el mínimo no imponible, se anota otro “fracaso”, no influyendo en lo más mínimo en la ofensiva antiobrera de Javier Milei.
El planteo de la dirección cegetista habría sido el de que dicho piso se encontraba desactualizado, siendo que fue enunciado hace cinco meses, n los que la inflación trepó un 60%. No solo no pudieron anotarse ni un poroto sino que la nueva reglamentación incluye los pagos de horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros) y zona patagónica en el cálculo del impuesto.
De esta forma el gobierno avanza con otra de sus medidas antiobreras, para lo cual contó con la colaboración de los gobernadores, los distintos bloques políticos patronales (incluido el PJ) y la CGT, con una aprobación inédita de las reformas en Ganancias, contando tan solo con el aval de la Cámara de Diputados, algo que ya reviste distintas presentaciones judiciales.
Los trabajadores de algunas provincias ya empezaron a organizarse contra este gravamen, como es el caso de Neuquén, donde los trabajadores estatales exigen que el Ejecutivo provincial absorba el gravamen para el caso de los salarios afectados.
El gobierno “liberal”, de la desgravación de impuestos y las libertades económicas desenvuelve más cargas fiscales sobre las espaldas de los trabajadores, reclamando “un esfuerzo más” de la población, mientras que a los capitalistas les ofrece exenciones y beneficios para que inviertan su dinero en el país y se lleven ganancias exorbitantes.
Además, se trata de una forma indirecta de colocarle un techo a los reclamos salariales debido a la evaluación de los trabajadores a la hora de no superar el umbral que activa Ganancias, habilitando así la negociación de sumas no remunerativas que afectan negativamente a otros derechos laborales.
El Impuesto a las Ganancias sobre la cuarta categoría debe ser abolido, ya que cercena los ingresos de aquella porción de trabajadores que apenas puede tener un salario en niveles moderados, sin que eso constituya ingresos suficientes para comprar una vivienda o realizar gastos significativos. Al tiempo que el conjunto de los salarios debe recomponerse a niveles que superen la canasta de $1.362.000 que mide la Junta Interna de Ate Indec.
Marcelo Mache
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