En la reunión ministerial de la UE -en materia de empleo y asuntos sociales-, celebrada el 5 y 6 de Julio en Guimaraes (Portugal), uno de los tópicos de la agenda fue el desafío que implica para Europa el envejecimiento de la población.
La citada reunión tuvo carácter informal, por lo que dentro de sus objetivos no se contempló arribar a conclusiones sobre este fenómeno demográfico; sino más bien contribuir al sondeo que se viene realizando –sobre dicho tema- desde la Cumbre de Hampton Court en Octubre del 2005.
Diferentes estudios realizados por la Comisión Europea han pretendido explicar las causas del fenómeno, describiendo su naturaleza, sus efectos económico-sociales, y proyectando alternativas de solución con vistas al futuro.
Un problema social tan complejo y con tantas aristas como el demográfico, requiere de un análisis multidimensional para comprender mejor las perspectivas de evolución y de solución. En la práctica, se ha dado la voz de alarma ante esta amenaza, con la pretensión de sensibilizar a los actores económicos, políticos y sociales sobre la magnitud del mismo; pero en realidad se percibe una sensación de reacomodo del interés del capital a expensas del ciudadano doliente.
“Doliente”, no por el hecho de envejecer con más años de vida, sino por la forma en que se vislumbrará el futuro. Los sueños del descanso y del retiro merecido se verán desvanecidos, con la prolongación del tiempo de vida laboral activa y la incertidumbre de sentirse responsable por el ahorro personal (para depositar en los fondos privados de pensiones). Tales soluciones aparecen entre las medidas que se proponen para enfrentar el reto demográfico.
En un análisis retrospectivo y prospectivo, lo que está sucediendo es la acumulación -a largo plazo- de un problema social derivado de cambios en la política económica. Los ciudadanos que arribarán de forma progresiva a la edad de jubilación fueron los infantes de la explosión demográfica de la postguerra; estimulada en aquel entonces por las políticas sociales del Estado de bienestar general, las cuales se tradujeron en mayor seguridad para procrear, vivir y trabajar.
Desde las dos últimas décadas del siglo pasado, con la instauración del poder neoliberal, los beneficios redistributivos del capitalismo monopolista de estado en Europa, fueron cediendo paso a una férrea economía de mercado despojada de todo compromiso social. Tal panorama tuvo su reflejo en un modo de vida que, extenuado por las propias exigencias del capital, no priorizaba la fecundidad, de ahí que el número de hijos por mujer haya descendido a 1,5 (inferior al nivel crítico de 2.1, por debajo del cual no se garantiza la reproducción demográfica).
El capital europeo, ante tal amenaza, no se sentirá culpable ni cejará en su carrera neoliberal desenfrenada; por el contrario, rediseñará su estrategia para adaptarse a las nuevas condiciones de vida y trabajo, que tendrán que sostenerse sobre la base de una mayor explotación del capital sobre la fuerza laboral. Se estima, para el 2050, que la población en edad de trabajar –entre 15 y 64 años- se reduzca en 48 millones; conllevando a que la relación de trabajadores (actualmente en 4 por cada jubilado) pase a 2 x 1.
La Unión Europea reconoce que, en tal situación de envejecimiento, las tasas de crecimiento económico medio anual disminuirán de 2.4 % (2004-2010) a sólo 1.2 % (2030-2050), por lo que dicho crecimiento deberá ser sostenido por el incremento de la productividad del trabajo.
¿Cómo conjugar el envejecimiento activo, el crecimiento económico, la productividad del trabajo, y la ganancia del capital? La receta, una vez más, se encuentra en el botiquín neoliberal. Se alude al excesivo gasto público -en el sistema sanitario, de pensiones, y en la protección social- al que conllevará el envejecimiento poblacional, con su repercusión en el déficit presupuestario y en el incremento de la deuda pública; siendo las reformas el camino propuesto para salvar al Estado.
Sería idílico esperar de la UE -como institución integracionista del gran capital- otra cosa que no fuera complacer al interés privado. Se alienta la reforma de los sistemas públicos de pensiones, de salud, y del mercado laboral “para transferir las responsabilidades de los gobiernos y de las empresas a los ciudadanos, para que estos tengan un papel más activo tanto a lo que respecta al dinero ahorrado para su jubilación como a la elección del momento de jubilarse”.[1]
La Comisión Europea promueve la privatización del sistema de salud, con un analgésico de palabras para que el “doliente” sucumba en el lecho redentor del capital, instando con una fina retórica: “racionalizar la estructura de la oferta de asistencia de los sistemas sanitarios, mejorar la movilidad transfronteriza y la libre prestación de la asistencia sanitaria que permita obtener economías de escala”.[2]
Sería ingenuo pensar que la sostenibilidad financiera del Estado, frente al envejecimiento poblacional, se encuentre en el desmantelamiento del sistema de bienestar y protección social, pero en realidad hacia eso apunta el lenguaje sugestivo del discurso; que para no causar espanto -ante el cinismo de la propuesta subliminar- recomienda realizar un esfuerzo de “comunicación y educación financiera” sobre el sistema de capitalización de los fondos de pensiones.
Cuan necios serían los “dolientes”, si aprendiesen el funcionamiento de los instrumentos financieros de seguro de pensiones que les ofrecen a suerte de oráculo del destino, pero no llegasen a descifrar el enigma del capital, que dispondrá de los ahorros personales para lucrar en el mercado financiero, para comprar incluso bonos de deuda del Estado.
La Unión Europea y sus Estados miembros, al formular el discurso sin desmembrar la esencia del fenómeno, se hacen cómplices de la propuesta neoliberal del gran capital, que no escatimará en remedios para darle vida a un sistema envejecido que corroe su propia base demográfica.
Pedro Gómez Larrinaga. Centro de Estudios Europeos.
18/07/2007-Cuba Socialista
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[1] COMISION EUROPEA(2006), “El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en oportunidad”. Comunicación COM(2006)571, Bruselas, p 7.
[2] Ídem, p 10.
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