A nivel popular, tanto en España como en Estados Unidos, se cree que durante la transición española de la dictadura de Franco a la democracia fue el rey Juan Carlos, con ayuda del gobierno estadounidense (primero la administración Ford y más tarde la administración Carter), quien llevó la democracia a España. Según esa interpretación de los hechos acaecidos desde 1975, año en el que el dictador murió, hasta 1978, cuando llegó al poder el primer gobierno elegido democráticamente, el gobierno estadounidense apoyó activamente el desarrollo de la democracia en España.
Sin embargo, la realidad fue bien distinta. Como se documentaba en un reciente libro de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, “El Final de la Dictadura”, el gobierno estadounidense no era nada partidario de una democracia total en España. La principal, si no exclusiva, preocupación del gobierno de Estados Unidos en España era preservar sus intereses económicos y militares. Lo último en lo que estaban pensando era en apoyar la democracia. En efecto, el gobierno de EEUU habría preferido que Franco y su régimen dictatorial siguieran con vida y en perfecto estado de salud en vez de que se abriera un proceso democrático de resultados inciertos. Como escribió en 1975 el Embajador estadounidense en España, Sr. Stabler, al Secretario de Estado (bajo la Presidencia de Ford) Henry Kissinger: “Sería mucho más fácil llegar a un acuerdo con el gobierno español para renovar las bases militares en aquel país si Franco siguiera en el poder. Pero él no va a durar mucho y la transición a la era post-Franco ha comenzado ya” (Archivos de la Fundación Gerald Ford. Asesor de la Seguridad Nacional, Caja 12, España).
A comienzos de 1945, el gobierno de EEUU consideraba España como una base militar. Las fuerzas democráticas españolas, que habían ayudado a los aliados a derrotar en Europa al régimen nazi (el primer batallón en liberar París estaba integrado por republicanos españoles), confiaban en que el colapso del régimen de Hitler iría seguido del de uno de sus principales aliados en Europa: el régimen de Franco. Para potenciar ese colapso, las fuerzas democráticas españolas necesitaban el apoyo de EEUU y de los aliados. Pero la administración Truman tenía otros pensamientos. Incluso aunque la Guerra Fría no hubiera comenzado aún oficialmente, el gobierno estadounidense valoraba la postura anti-comunista de Franco como un activo importante, y su disposición a complacer a las fuerzas aliadas (para hacer olvidar su apoyo a Hitler) le hizo mostrarse muy amable con las demandas de EEUU. La más importante de esas demandas, expresada en un estudio del Pentágono publicado el 19 de abril de 1945, era la necesidad que tenía el gobierno estadounidense de establecer su propio Gibraltar en España. Y eso fue lo que hizo: no sólo una base (Rota) sino que en España se establecieron seis bases militares estadounidenses equivalentes a Gibraltar.
Fue Truman quien dio luz verde para que se redimiera al régimen de Franco, y fue Eisenhower quien visitó España para dar al régimen el reconocimiento internacional que Franco ansiaba. Desde entonces y en adelante, el gobierno de EEUU se constituyó en el aliado más importante de una de las dictaduras más odiadas en la historia de Europa (Franco asesinó a casi 200.000 personas inmediatamente después de su golpe fascista en 1939). El gobierno estadounidense también presionó para el régimen de Franco formara parte de la OTAN, una propuesta que resultó inaceptable para los aliados europeos de EEUU. La vetaron.
En 1975, cuando los días de Franco estaban ya contados, fue necesario renovar los acuerdos por los que se habían establecido las bases militares estadounidenses. A la administración Ford le preocupaba que el régimen de Franco fuera tan impopular y de que también lo fueran el gobierno de EEUU y sus bases militares en España. Incluso en una encuesta de opinión llevada a cabo durante la dictadura (que reprimía todos los puntos de vista de la oposición), la mayoría de los españoles indicaron que querían ver fuera de España todas las bases militares estadounidenses. Durante el período 1974-1978, la clase trabajadora española se mostró inquieta. Su oposición a la dictadura fue muy activa. Ningún otro país de Europa presenció una agitación popular tan fuerte contra su gobierno. De 1974 a 1977, España vivió enormes agitaciones de las fuerzas de trabajo, las mayores en Europa Occidental desde la II Guerra Mundial. Esto preocupó a la administración Ford. Además, Portugal estaba viviendo una revuelta popular y militar contra el mejor amigo de Franco en Portugal, el dictador Salazar. El Pentágono hizo planes incluso para el caso de que fuerzas políticas hostiles a los intereses de EEUU tomaran Portugal y España: EEUU apoyaría el establecimiento de un gobierno atlántico, aliado de EEUU, que incluyera a las islas Azores, Madeira e Islas Canarias. El Pentágono estaba aún recuperándose de su derrota en Vietnam (Saigón “cayó” el 30 de abril de 1975) y en Europa la izquierda tenía posibilidades de ganar las elecciones en Francia e Italia. La administración Ford tenía muy claro que por mucho que prefiriera que Franco permaneciese en el poder, las cosas en España y en otros lugares se estaban poniendo muy difíciles para los intereses del gobierno de EEUU; no podían permitirse perder España. Y el Rey se convirtió en la solución. Franco había nombrado sucesor a Juan Carlos y en su coronación éste había jurado lealtad al partido fascista (el Movimiento Nacional). Pero el Rey (y la administración estadounidense) era consciente de que algo tenía que cambiar en España.
La “Conversión Democrática” del Rey español: El Rey Juan Carlos designó a Arias Navarro, un cercano confidente del dictador Franco, para dirigir su primer gobierno. Los ministros de este gobierno, presididos por el Rey, se unieron a los intereses económicos estadounidenses y se sentían profundamente bien dispuestos hacia el gobierno estadounidense. El Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Areilza, fue el embajador español en los EEUU durante la década que comenzó en 1950 y estaba muy cercano a los intereses de la familia Rockefeller y del Chase Manhattan Bank. El Ministro de Justicia, Sr. Garrigues Díaz-Caisabete, fue Embajador de España en EEUU en la década de 1960 (y jugó un papel clave en la renovación de los acuerdos para el mantenimiento de las base militares en España) y fue asesor de muchas corporaciones estadounidenses en España. El Vice-Presidente, Sr. Osorio, fue durante un tiempo presidente de la filial española de Exxon. El Ministro de Economía, Sr. Vilar-Mirt, había sido presidente de una importante compañía del acero de la United Steel Corporation. Fue este gobierno el que firmó la renovación de las bases militares estadounidenses. De la misma forma que Franco había necesitado las bases militares para obtener el apoyo del gobierno de EEUU, de la misma forma el Rey necesitaba ahora el apoyo de EEUU para ganar legitimidad y reconocimiento internacional. Y el gobierno de EEUU le ofreció ambos con sumo gusto, aunque la brutalidad de aquel gobierno de la Monarquía rivalizó con la del régimen de Franco. Torturas, asesinatos políticos y encarcelamiento de los opositores políticos fueron práctica común bajo el gobierno de Arias Navarro y el gobierno de EEUU fue plenamente consciente de ello. Una recepción ofrecida por la Cámara de Comercio estadounidense al Rey Juan Carlos en el Waldorf Astoria de Nueva York se encontró con manifestaciones en contra de la visita real que fueron organizadas por Amnistía Internacional.
El mismo apoyo a la monarquía española vino de la administración Carter y de su Secretario de Estado, el Sr. Cyrus Vance. La posición profundamente anti-comunista del Rey le hacía atractivo para el gobierno de Carter, que había presionado a sus aliados europeos para que admitieran a España en el Mercado Común Europeo. El gobierno de EEUU pensaba que la entrada de España en el Mercado Común sería positiva para los intereses comerciales estadounidenses que tenían su campo de acción en España. De nuevo, una vez más, el gobierno estadounidense no expresó preocupación alguna por que España fuera aún una dictadura, ahora dirigida por un rey en vez de por un general. Sin embargo, los gobiernos europeos no estaban preparados para admitir la dictadura española en el Mercado Común. El Primer Ministro alemán Helmud Schmidt, socialdemócrata, vetó a España. No así, eventualmente, el Secretario de Asuntos Exteriores alemán, el liberal Sr. Gensher, que le mostró su apoyo. El era precisamente el representante de los partidos liberales europeos (que son considerados como partidos de derecha en Europa), que habían puesto siempre sus intereses por encima de cualquier preocupación liberal. Fueron los partidos gobernantes social-demócratas quienes vetaron la entrada de la dictadura española en el Mercado Común Europeo.
Las continuas manifestaciones de los trabajadores forzaron la caída del gobierno de Arias Navarro y el establecimiento de un nuevo gobierno monárquico, dirigido por Suárez, que había sido anteriormente Secretario General del movimiento fascista y había apoyado la mayor parte de las medidas represivas del gobierno de Arias Navarro. Suárez, junto con el Rey, sabía que la situación podía llegar a ser explosiva –en efecto, el primer año del gobierno de Suárez vio la mayor movilización de los trabajadores- a menos que se pusiera en marcha un proceso de apertura con la legalización de todos los partidos, incluido el Partido Comunista. Sin embargo, las normas electorales se diseñaron para discriminar a la clase trabajadora y en contra de las zonas progresistas del país, normas electoras que siguen en vigor actualmente. Por ejemplo, la provincia de Segovia, un baluarte conservador, necesita sólo 30.000 votos para elegir a un miembro del parlamento español. Barcelona, un bastión de fuerzas progresistas, necesita 150.000 votos. Y aunque la alianza de fuerzas de izquierdas –Izquierda Unida (situada a la izquierda del Partido Socialista), que incluye al Partido Comunista de España- es el tercer partido más numeroso en el voto popular, sólo ocupa el quinto lugar en el Parlamento, reducido a un pequeño grupo parlamentario.
Este pequeño trozo de la historia explica por qué las encuestas de opinión celebradas en Europa muestran que, entre las poblaciones europeas, la población española es la que siente mayor rechazo hacia la política exterior estadounidense. Sin embargo, si se lee correctamente la situación política en EEUU, el pueblo español no ha identificado nunca al gobierno estadounidense y a sus políticas con la mayoría de la gente que vive y trabaja en EEUU. Según esas mismas encuestas, comparado con gran parte de la Europa continental, la población española tiene una mayor empatía con la población media de EEUU: es decir, con la gente y la cultura popular. Comparten la opinión mantenida por la mayoría de la población estadounidense expresada en muchas encuestas de que el gobierno federal no representa fundamentalmente sus intereses
Vicenç Navarro
CounterPunch
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Texto original en inglés:
http://www.counterpunch.org/navarro09152007.html
Vicenç Navarro es profesor de Ciencia Política y Política Pública en la Universidad Pompeu Fabra, España, y en la Universidad Johns Hopkins, EEUU. En el año 2002 ganó el Premio Anagrama (el equivalente en España al Premio Pulitzer en EEUU) por su denuncia de la forma en que se maquinó la transición de la dictadura a la democracia en su libro “Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta, De lo que no se hable en nuestro país”, un libro que ha sido silenciado en España). Se puede contactar con él en: vnavarro@jhsph.edu
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