Escogimos este lugar para la presentación de este número de Honda dedicado a la tradición jurídica de la nación cubana por lo que representa como símbolo de la podredumbre de aquel sistema legislativo de la república neocolonial y también como escenario que fue de las luchas que las fuerzas políticas progresistas llevaron a cabo aquí para defender los derechos de la población explotada y la aspiración a un patria con independencia y soberanía. Aquí sesionó, como se sabe, la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1940 y desde sus escaños en este bello recinto figuras como Blas Roca, Juan Marinello, Salvador García Agüero, Eduardo Chibás entre otros contribuyeron a darle a ese texto constitucional el carácter progresista y avanzado para su tiempo que aquella constitución tuvo. Este es el primer paso hacia la hacia la utilización futura de esa local como sede del Taller Ciencia y Conciencia que organizarán la Oficina del Programa Martiano y la Sociedad Cultural José Martí con el auspicio del Polo de Humanidades. El esquema esencial del dicho Taller Martiano sería el siguiente:
Al estudiar temas de la historia jurídica cubana con visión actual y partiendo de la formación científica y filosófica que hemos recibido del materialismo histórico, se revela con fuerza que en torno de la ética y el cumplimiento de los principios más elementales de carácter jurídico giran hoy los más graves y acuciantes problemas de la contemporaneidad. la potencia hegemónica está violentando las más elementales normas jurídicas que habían proclamado como fundamento a la llamada civilización occidental y amenaza con arrastrarnos a una crisis que puede poner fin a la vida sobre el planeta. En medio de estas complejas circunstancias internacionales se va poniendo de manifiesto cada vez más la importancia práctica del derecho y la juridicidad. El tema de la lucha contra el terrorismo constituye un claro ejemplo de esta afirmación.
Hay antecedentes muy interesantes en la historia de Cuba que los revolucionarios de hoy debemos conocer y repasar.
Comencemos por la Asamblea de Guaímaro, que concluyó con la aprobación de la Constitución y la proclamación de la República con sus autoridades elegidas.
La revolución iniciada el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Céspedes se planteó desde un inicio el tema de la abolición de la esclavitud y seis meses más tarde la primera constitución de la nación cubana proclamó la libertad del hombre de manera radical, convirtiendo a todos los habitantes de la naciente república, incluyendo desde luego a los antiguos esclavos, en hombres enteramente libres. Aquella primera Constitución cubana expresó los niveles más altos de la cultura jurídica, política y social de la nación entonces emergente. En cuanto a esta disciplina, se revelaron las más altas escalas de la llamada cultura occidental.
Resulta verdaderamente notable que aquellos patriotas se propusieran dotar a la República recién constituida en los campos de batalla de un marco jurídico con Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial organizados en las regiones insurrectas, la solución más democrática y moderna que los patriotas cubanos pudieron concebir para dirigir la lucha por alcanzar la independencia. Recordamos, de manera especial, al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, y al General Ignacio Agramonte, juristas ambos, que fueron fundadores de esta tradición y sus símbolos más altos en los tiempos que emergió la nación y nació el derecho en Cuba. Son ellos propiamente los padres del derecho, y lo fueron al alzarse en armas y proclamar, con fórmulas jurídicas, la independencia nacional y la libertad de todos los cubanos y, por consiguiente, la abolición de la esclavitud. El 10 de abril de 1869 es pues el verdadero día de nacimiento de la República de Cuba. Fidel, al referirse a lo ocurrido en Guaímaro señaló que allí tuvo lugar: “...aquel esfuerzo de constituir una República en plena manigua, aquel esfuerzo por dotar a la República en plena guerra de sus instituciones y sus leyes.”
Los cubanos estamos en el deber de estudiar la historia de nuestra República en Armas, cargada de dramáticas situaciones, y extraer lecciones de sus glorias y también de sus debilidades, y hacerlo con amor hacia los padres fundadores.
Desde aquel tiempo, el tema del derecho ha sido un componente fundamental de las luchas políticas y revolucionarias cubanas orientadas desde el principio a garantizar la independencia nacional y la defensa de los intereses de los pobres y explotados. Los decretos de abolición de la esclavitud constituyeron el primer eslabón de una cadena de ideas jurídicas encaminadas hacia la justicia en su acepción cabal, es decir, universal, y fundamentada en sólidos principios morales. Asimismo, en nuestra tradición jurídica ha estado presente la necesidad de la unidad del país frente a sus poderosos enemigos.
La Protesta de Baraguá, protagonizada por Antonio Maceo, frente a la claudicación de una parte de las fuerzas cubanas que firmaron la paz sin independencia con España, estableció de forma muy sencilla, las bases jurídicas que establecían un gobierno provisional y la forma de conducir las acciones de nuestro Ejército Mambí; la guerra necesaria organizada y convocada por Martí, confirmó la aspiración a la total independencia de Cuba de España y de Estados Unidos, a la igualdad social y a la integración de todos los componentes culturales y étnicos de la nacionalidad. Esos principios se manifestaron en las Constituciones aprobadas en Jimaguayú y La Yaya, estableciendo las bases de la República en armas nuevamente constituida en los territorios de Cuba libre y dando expresión y continuidad jurídica a la lucha por la independencia. Ello presuponía el Partido Revolucionario Cubano, organización política que era el alma de la Revolución, y un gobierno democrático al que se subordinaba el Ejército Libertador.
El dramático desenlace de la guerra provocado por la intervención militar del imperio yanqui fue la causa fundamental de que se frustrara el ideal de independencia radical de la nación cubana. La Asamblea Constituyente, elegida bajo la ocupación yanqui, redactó el texto de la Constitución de 1901 que recogía los principios esenciales de la tradición jurídica independentista pero como se sabe a ese texto le fue impuesto como apéndice constitucional la Enmienda Platt. Solo la presión brutal de los interventores yanquis permitió la incorporación de ese texto que daba a Estados Unidos el derecho a intervenir en Cuba y se le concedían porciones del suelo patrio para la ubicación de estaciones navales y carboneras que dieron lugar más tarde a la Base Naval de Guantánamo. Asimismo, se segregó de la soberanía de la nación a la Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, y se dispuso que su status final se determinaría en un futuro tratado.
Se dio paso a aquella república mutilada en su soberanía instaurada el 20 mayo de 1902, que fue el primer ensayo neocolonial del naciente imperialismo norteamericano en el mundo. En sus esencias se parecía bastante a un protectorado.
El siglo XX comienza en Cuba pues en medio de la intervención norteamericana; sometida al proceso de expansión económica que Norteamérica asumiría desde principios de siglo, con la Enmienda Platt que favorecía esos propósitos. Por otra parte, la frustración del ideal martiano que aquellos sucesos significaron propició el surgimiento de una conciencia nacional que rechazaba la tutela imperialista. Estas circunstancias, acabaron generando en el país un combate revolucionario que culminaría con la lucha contra la tiranía de Gerardo Machado en la tercera y cuarta décadas del siglo. En la línea primera de ese proceso estuvo lo mejor de la intelectualidad cubana.
En 1934, tras la revolución contra la tiranía de Machado y en virtud de un intenso trabajo de propaganda patriótica de treinta años, Estados Unidos aceptaba la suspensión de la enmienda Platt; pero ya antes lo había decidido el gobierno revolucionario de los cien días, que tuvo como Presidente a Ramón Grau San Martín y como Secretario de Gobernación en aquel momento, a Antonio Guiteras, representante de las más firmes posiciones antiimperialistas y se convirtió en el más alto símbolo revolucionario de los años 30.
Como reflejo político asociado al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se propició un proceso de carácter pacifico en el que intervinieron todas las fuerzas políticas del país para plasmar en la Constitución de 1940, con el consenso nacional, los puntos más avanzados del pensamiento político de la época. Su texto es el resultado histórico del proceso forjado desde los tiempos de Mella y el Directorio Estudiantil y la acción revolucionaria de Antonio Guiteras. Expresa el pensamiento político cubano de la década de 1940 logrado por consenso público y formalizado por la Asamblea Constituyente en la que estuvo presente una destacada representación de los comunistas y de las fuerzas revolucionarias provenientes de la lucha contra Machado.
En la década de 1940, y hasta el golpe de estado de Batista en 1952, los llamados gobiernos auténticos con Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás devinieron en símbolos de la corrupción, la venalidad, el latrocinio, el gangsterismo y la subordinación a la política norteamericana.
No obstante estas profundas debilidades derivadas del sistema social dominante, la Carta Magna de 1940 fue una de las más progresistas entre los países capitalistas. Entre las naciones del llamado occidente, fue una de las más cercanas a un pensamiento social avanzado. Desde luego, sus medidas más radicales nunca se cumplieron porque los gobiernos corrompidos y entreguistas lo impedían.
Para el 1° de junio de 1952 se habían convocado elecciones generales en las cuales iba a triunfar un partido de amplia base popular. Menos de tres meses antes, el 10 de marzo de aquel año, Fulgencio Batista, con el apoyo norteamericano, derrocó al gobierno constitucional y abolió la Constitución de 1940. De esta forma impidió la victoria popular y afianzó el dominio de Estados Unidos en el terreno económico del país. Sin embargo, los reaccionarios deben extraer todas las consecuencias de la lección que la historia dio del cuartelazo, porque el rechazo del pueblo a aquel régimen tiránico generó un proceso revolucionario radical que culminaría con el triunfo de la revolución. Así conquistamos la plena libertad y la independencia el 1° de enero de 1959.
En la lucha contra la tiranía influyó, de manera decisiva, la defensa de la Constitución de la República, la que teníamos como bandera. Recuérdese que incluso Fidel presentó una denuncia ante los tribunales para que condenaran a los golpistas porque habían cometido un delito: el golpe de estado. Bien se sabía que esto no iba a tener efecto práctico inmediato, pero la denuncia en sí significaba un motivo para el trabajo de propaganda, agitación y señalamiento público de la ilegalidad del golpe y de los crímenes de Batista. Ello tenía su fundamento en la tradición jurídica descrita y que se ejemplificó, de manera muy evidente, en dos momentos del período neocolonial (1902-1959) Me refiero a los dos gobiernos que de manera clara y descarnada violentaron la Constitución e instauraron una tiranía: el de Gerardo Machado (1926-1933), con la prórroga de poderes; y el de Fulgencio Batista (1952-1959), con su golpe de estado. Ambos acabaron generaron procesos revolucionarios radicales que tuvieron como punto de partida la lucha contra el quebrantamiento de la ley. El rechazo popular a la ilegitimidad de gobiernos tiránicos está en la médula de la cultura jurídica y política cubana.
En 1953, Fidel y los moncadistas proclamaron los principios jurídicos de la nación cubana y denunciaron a los que habían quebrantado el sistema jurídico del país. Aquí habría que destacar que Fidel ha sido, por educación y fundamentos éticos, defensor de la institucionalidad y de los principios del derecho. Sería muy útil investigar y estudiar la historia de la tradición jurídica cubana y dentro de ella también la de Fidel. Porque desde los tiempos en que aspiraba a ser elegido como representante al Parlamento antes de 1952 concibió proponer una legislación complementaria a la Constitución de 1940 para hacer efectiva la disposición que establecía la abolición del latifundio. En su alegato de autodefensa ‘’La historia me absolverá’’ presentó un programa revolucionario en el que están contenidos ya elementos esenciales de esta cultura jurídica de la nación cubana. Allí está presente la defensa del derecho del pueblo a la rebelión, y es el punto de partida del proceso revolucionario y de su radicalización. Esta ha sido una constante que hay que estudiar y que distingue toda su acción política.
La Revolución, que en 1961, proclamó su carácter socialista, rebasó el marco de la constitución de 1940. He pedido a los juristas promover investigaciones de derecho comparado entre ese texto legal y otros de su época para que se pueda apreciar mejor su enorme importancia. Después del triunfo de la Revolución, los principios de la Constitución del 40 se recogieron en lo esencial, y en nuevas condiciones, en la ley fundamental de la República dictada en 1959.
Ya en los primeros meses de 1959 se elaboró y aprobó la primera y fundamental legislación de la revolución que fue la Reforma Agraria y, por tanto, se dispuso por ley la extinción del latifundio.
La Primera y Segunda Declaración de La Habana (2 de septiembre de 1960 y 4 de febrero de 1962 respectivamente) fueron aprobadas por el pueblo en asamblea pública reunida en la Plaza de la Revolución. El Tribunal Supremo declaró que estos documentos eran fuente de derecho. Más adelante se produjo un proceso que culminó con el Primer Congreso del Partido y la aprobación, por vía democrática y plebiscito popular, de la Constitución de 1976.
En esa constitución se consagra una nueva forma de democracia que contempla la más amplia participación popular en el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones.
He venido insistiendo en la necesidad de que ese texto constitucional, en el que se consagran los derechos de los ciudadanos y todo el sistema de instituciones del estado socialista, sea más conocido y estudiado por los jóvenes, especialmente de la enseñanza universitaria de todo el país. Incluso se podrían hacer ediciones especiales ilustradas para niños y adolescentes.
La tradición del país subraya la necesidad de hallar formas de acción política y movilización social que resulten eficaces para la materialización de nuestros objetivos económicos, políticos y sociales. Ello se vincula directamente con alcanzar no solo la invulnerabilidad militar y económica sino también el terreno ideológico. Para ello contamos con una cultura de hacer política, la de unir para vencer, que constituye el aporte original de la tradición intelectual que heredó y recreó Fidel.
Por último cuando hubo ciertas piruetas del enemigo para atacar nuestra constitución socialista. Fidel castro convocó al pueblo y en un acto jurídico sin precedente el pueblo cubano depositó en las urnas su afiliación inequívoca al socialismo. El socialismo se garantizó en Cuba a través de un referendo popular.
Siguiendo el hilo histórico de lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que hemos tenido pues tres expresiones republicanas: La primera, la República en armas; la segunda, la República neocolonial —1902-1959—; y la tercera, la República independiente —1959 en adelante.
En nuestra patria latinoamericana y caribeña, los acontecimientos que tienen lugar en Venezuela han puesto de manifiesto dramáticamente, una vez más, la enorme importancia de la juridicidad en la vida política de las naciones. Asimismo en Bolivia la lucha por hacer avanzar ese proceso pasa actualmente por la redacción de una nueva Carta Magna que respalde jurídicamente la refundación del país. En Ecuador, tras la victoria del Presidente Correa se ha iniciado también un proceso para elegir una Asamblea constituyente que establezca nuevas bases al sistema político del país. Históricamente, han sido siempre la contrarrevolución y las clases reaccionarias de América Latina las que se han colocado al margen de la legalidad y, sin embargo, han pretendido presentarse, cínicamente, con las banderas del derecho. De ahí la importancia de asumir en este Continente la defensa de una tradición jurídica que consagre los derechos del pueblo y de sus instituciones.
De la dilatada historia de la sociedad humana podemos extraer como conclusión que no hay civilización que haya nacido, crecido y fortalecido sin el apoyo de un régimen de derecho. No hubiera existido civilización esclavista romana sin el derecho romano. Tampoco existiría civilización capitalista sin el sistema de derecho que le sirve de sustento. No habrá socialismo en Cuba ni en ninguna parte sin el sostén de una ley que se corresponda con sus exigencias.
Hay algunos ejemplos concretos de la actualidad nacional e internacional que muestran la importancia política inmediata de la juridicidad. La batalla por el regreso del niño Elián se ganó porque se libró enarbolando la bandera del derecho y con ella se obtuvo el apoyo de amplios sectores en Estados Unidos. También el tema del terrorismo, como ya señalamos, es un claro ejemplo de ello y en particular las acciones que se llevan a cabo para denunciar la hipocresía y el cinismo de la actual administración en el caso de Posada Carriles y su pandilla de una parte y el trato cruel y arbitrario jurídicamente que se da a nuestros cinco héroes por otra. El gobierno de Bush viene violentando las más elementales normas jurídicas y ha quedado ante la opinión pública como violador de los derechos de los ciudadanos en nombre de la guerra contra el terrorismo. El rechazo en las calles de Estados Unidos a la aprobación por el Congreso de una legislación que pretende convertir en criminales a más de 12 millones de inmigrantes constituye también ejemplos elocuentes de la importancia inmediata de lo jurídico.
En las actuales condiciones la defensa de la ley y del derecho se ha convertido en la clave necesaria para abrir vías a un cambio social.
Quienes aspiren al socialismo en América deben empezar como nuestro pueblo, hace más de 50 años, denunciando las violaciones de la ley y las inmoralidades, el vicio, el latrocinio y el robo de los políticos tradicionales. Por ahí empezó Cuba el camino hacia el socialismo. Es una reflexión que considero perfectamente válida en las circunstancias actuales para cualquier proceso de cambio que se lleve a cabo en nuestros pueblos de América.
En cuanto a Estados Unidos hemos subrayado la importancia de hallar vías para poder establecer un dialogo con la sociedad norteamericana. Valdría la pena un análisis conjunto de juristas cubanos y norteamericanos serios para desenmascarar al Sr. Bush y su camarilla. Este es un trabajo que podemos hacer entre la Unión de Juristas y algunas instituciones jurídicas de los Estados Unidos. No se trata solo de que vayamos a conseguir de manera inmediata que en el sistema judicial norteamericano confirmen la ilegalidad de Bush, aunque, desde luego, podemos plantearlo como bandera; se trata, sobre todo, de que el derecho no solo existe para cumplir su objetivo principal: sancionar a los culpables, sino también para esclarecer caminos y mostrar el carácter inmoral y antijurídico de los violadores. Ahí está nuestra bandera principal.
En el plano internacional el Imperio ha emprendido una lucha frontal contra el orden jurídico alcanzado tras la segunda guerra mundial. Por ello debemos asumir la defensa de los principios que sirven de fundamento a las Naciones Unidas, que con sus enormes limitaciones, son la escala más alta alcanzada por la juridicidad en la historia de la humanidad.
Por eso cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética afirmé que no había sido solo el socialismo el que sufrió un colapso sino el sistema jurídico más elevado de la civilización occidental. Esa crisis abarca los tres pilares fundamentales de esta civilización: el cristianismo, la modernidad y el pensamiento radical europeo de los siglos XVIII y XIX, y desde luego el socialismo.
Aplicando con sentido ecuménico el método electivo de la tradición cubana y escogiendo de cada una de las tres corrientes lo que sea útil para hacer prevalecer la justicia, nos encontraremos con la fórmula del amor triunfante de José Martí. Así llegamos nosotros al socialismo. Y lo hemos hecho a partir de una historia que desde los tiempos forjadores de la nación cubana ha exaltado la ética y la justicia con alcance universal.
Esa historia ha producido estadistas de la estatura de Fidel Castro y de su maestro José Martí. Sus métodos políticos se inspiran en principios éticos de valer universal, poseen argumentación lógica que resulta vital estudiar con mayor profundidad en nuestro país y proyectarlos a escala internacional. Esto debe tomarse en cuenta no solo hoy sino para cuando por ley de la vida otros revolucionarios asuman la dirección en un tiempo que desearíamos fuera bien lejano. Entonces, quien intente gobernar en Cuba sin fundamentos jurídicos o con artimañas legales le abriría el camino a la contrarrevolución y al imperialismo. Esto, desde luego, no ocurrirá entre otras razones porque hemos educado a generaciones de cubanos en el respeto a la juridicidad y el socialismo está ensamblado en la más rigurosa cultura moral y de derecho de la nación cubana.
Frente a la ruptura radical de todos los principios éticos, morales, jurídicos, de solidaridad que decía defender la civilización occidental debemos retomar lo más elevado de la tradición humanista sin sectarismo ni ismos infecundos, desde los aportes del cristianismo, la modernidad europea que nos simbolizamos en la Revolución Francesa, y el ideal socialista que tiene en Marx y Engels sus cumbres más altas. Todo ello en función de la justicia social universal.
Los cubanos, sobre el fundamento de José Martí y de la mejor tradición cultural cubana, podemos hacer un aporte excepcional en este hermoso esfuerzo que Fidel ha fortalecido y enriquecido al situar el combate en defensa de la humanidad en el plano concreto de la lucha contra el terrorismo. Lo ha llevado a cabo exaltando la ética y el derecho. Nuestras banderas son cultura, ética, derecho y política solidaria.
La revolución socialista en Cuba nació hermanada a su configuración jurídica. Las batallas jurídicas que se están dando en América latina , en la lucha por Asambleas Constituyentes (Bolivia, Ecuador) y las inéditas reformas constitucionales en la Venezuela bolivariana representan una vez más este hermanamiento entre la juridicidad y la revolución. Así serán invencibles.
Armando Hart
(Palabras en la presentación del número 20 de la Revista Honda)
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