Tras la decisión del Gobierno iraquí de expulsar de Irak de los mercenarios de la estadounidense Blackwater
Roberto Montoya
El Mundo
«Se debe actuar contra la conformación de ejércitos privados y sobre todo debe prohibirse rigurosamente que estos ejércitos obtengan contratos que les permitan sustituir a las fuerzas armadas y policiales de un Estado». A pesar de esas declaraciones de Enrique Bernales Ballesteros, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el uso de mercenarios, pronunciadas el 25 de abril de 2004, desde hace años los mercenarios viven su época de oro.
Si los cientos de miles de mercenarios a sueldo de las poderosas Private Military Contractors (PMC) [de ahí su engañoso calificativo de contractors] como Blackwater, quisieran agradecer a alguien el auge de su profesión, ese alguien no podría ser otro que el mismísimo vicepresidente de EEUU, Dick Cheney. En 1992, siendo secretario de Defensa de Bush senior, Cheney recibió el encargo de éste para que estudiara cómo privatizar buena parte del Ejército, y solucionar la creciente falta de voluntarios. El estudio lo realizó la Kellogg, Brown & Root (KBR), una rama del holding Halliburton, que poco después nombraría casualmente a Cheney como director de la misma. La KBR conseguiría ese mismo año el primer LOGCAP [Logistics Civil Augmentation Program], contrato millonario para apoyar en múltiples tareas al Ejército, relación que no ha hecho más que ampliarse con los años. La KBR ha construido, por ejemplo, la prisión de Guantánamo.
Las Private Military Contractors, dirigidas por ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas con buenas relaciones con el Pentágono, como quien dirige Blackwater, consiguen contratas millonarias para cubrir no sólo sus necesidades logísticas. Algunas de las PMC elaboran tanto los manuales para los soldados, como entrenan a unidades especializadas del Ejército y proporcionan verdaderos ejércitos de alquiler a medida.
Ex miembros de los rangers, de la Delta Force, ex miembros de las SAS británicas, gurkas nepalíes, ex paramilitares colombianos o antiguos miembros de los servicios de Inteligencia de las dictaduras de Argentina, chilena o del apartheid sudafricano, cobran miles de dólares al mes para trabajar en Afganistán o Irak, custodiando embajadas, personalidades, convoyes, plantas petrolíferas, o realizando operaciones comando de alto riesgo.
En la prisión de Abu Ghraib operaban 30 mercenarios como interrogadores del Ejército, empleados por empresas como CACI y TITAN. Fue precisamente la muerte de cuatro guardias de Blackwater en un ataque cerca de Faluya el 31 de marzo de 2004, la que desencadenó el posterior genocidio de su población por parte del Ejército de EEUU.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario