Tras una fuerte oposición de las fracciones panistas y priístas de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tratando de evitar que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) colabore organizando e impulsando la consulta ciudadana (referendo) a la que convocó el gobierno capitalino del PRD con la intención de que los habitantes de esta ciudad puedan exponer su opinión sobre la pretensión de privatización de la petrolera estatal, Pemex.
Dicha institución presentó públicamente este 15 de julio pasado las dos preguntas que empleará para ese objetivo. Una de ellas se formula de este modo: "Actualmente la explotación, transporte, distribución y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?". Y la segunda así: "En general, ¿está de acuerdo o no con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?".
Esta consulta, la cual se desarrollará de manera escalonada en todo el país, iniciando en el DF y otros estados el 27 de julio para cubrir las entidades restantes los días 10 y 24 de agosto, forma parte de la estrategia del movimiento en defensa del petróleo encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Confiando en que la mayoría de la población rechaza el intento privatizador del petróleo, AMLO y el resto de los dirigentes pondrán toda la carne al asador para que la negativa de millones de personas se escuche muy alto, transformando el resultado de la consulta en un peso político que termine por obligar a Calderón a desistir de sus planes.
En lo que va de esta lucha, con plazas llenas desde marzo a la fecha, las masas han demostrado con creces su deseo por impedir que el petróleo mexicano termine en manos de los capitalistas. Las masas en las calles impidieron que la iniciativa de Calderón fuera aprobada en las cámaras, en marzo pasado, vía Fast Track, y además obligaron a las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en el senado y en la cámara federal a aceptar la propuesta del Frente Amplio Progresista (FAP: PRD-PT-Convergencia) para que no se debatiera en las cámaras la propuesta de Calderón sin que primero hubiera un amplio debate en el que intervinieran además de las diferentes fuerzas políticas, una larga lista de especialistas de diferentes áreas para que expusieran su punto de vista sobre la constitucionalidad o no de la contrarreforma, respecto a la necesidad o no de la participación del sector privado en el petróleo, así como el rumbo que se tiene que tomar para sacar adelante a Pemex, etcétera.
Es cierto que en todo ello jugó un papel relevante la toma de las tribunas parlamentarias (huelga legislativa) por varios días de parte de los diputados y senadores del FAP, pero es necesario admitir que sin las masas en las calles, difícilmente se habría logrado esa clase de resultados.
Ahora la tarea consiste en hacer que ese deseo de millones de trabajadores y campesinos para impedir la privatización del petróleo se manifieste de manera abrumadora en la consulta que arranca el 27 de julio. Pero esto es sólo la primera parte de la tarea, la segunda consiste en hacer que se respete la opinión de los millones que se oponen a la política de privatizadora de Calderón.
Hacer énfasis en esta segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que legalmente no existe nada que obligue a Calderón o a los legisladores a tomar en cuenta el resultado de la consulta ciudadana. Lo otro por recordar es que la elección del domingo 2 de julio del 2006, además de haber sido una contienda por la presidencia de la república, también fue por la vía de los hechos una consulta ciudadana o referendo sobre la política que han impulsado por casi tres décadas los gobiernos del PRI y del PAN. Así pues, de acuerdo a los resultados reales de dichas elecciones, que fueron a favor de AMLO, esa política, la cual ha sido heredada como papel calca por Calderón, fue reprobada y rechazada por la mayoría de este país. Con su voto en las pasadas elecciones presidenciales, la mayoría de trabajadores y pobres expresaron su rechazo a continuar por el camino de las privatizaciones. Sin embargo, vía fraude electoral y la imposición de Calderón, la voz de la mayoría no fue escuchada.
Debemos aprender del pasado e impedir nuevamente ser presas de las mismas maniobras del gobierno y la burguesía. Si nuestro rechazo a la privatización petrolera expresado por medio de la consulta no va acompañado de acciones de masas contundentes, nuevamente nuestra voz no será escuchada tal como sucedió en las elecciones presidenciales pasadas. Por ello la consulta nos debe servir para que se escuche nuestra voz muy fuerte y la huelga general para hacer que esta se respete.
No hay otro camino, quien piense que el resultado de la consulta por sí solo será suficiente para hacer que Calderón desista, está equivocado. También se equivoca el que opina que se puede lograr algo con negociaciones con las direcciones del PRI y del PAN, como lo pretende hacer el ala de derechas del PRD encabezada por Jesús Ortega y Ruth Zavaleta por medio de su sirviente Guadalupe Acosta, el cual se encuentra provisionalmente al frente de este partido.
La cuestión de la privatización del petróleo mexicano es un asunto muy serio, además de prioritario, para Calderón, la burguesía y las trasnacionales. En ella están de por medio jugosos negocios que se han tenido que posponer por bastantes años ante los reiterados fracasos de los gobiernos del PRI y el de Fox por llevar las privatizaciones hasta sus últimas consecuencias, alcanzando al sector energético. Pero también, incluso, está de por medio la política de seguridad nacional del imperialismo yanqui el cual, desesperado ante la enorme inestabilidad de Oriente Medio y las reiteradas hostilidades con la revolución venezolana y el gobierno de Hugo Chávez, está desesperado por lograr una fuente segura de petróleo. Se trata pues de una problemática bastante compleja y sobre la cual se necesitará algo más, pero mucho más, si es que realmente queremos obligar a Calderón y al imperialismo a renunciar a sus planes sobre el petróleo mexicano.
La historia demuestra que la burguesía da marcha atrás sólo bajo la condición de que sienta miedo de que puede perder todo. Así, dado que la lucha por la defensa de Pemex está a punto de entrar a una etapa decisiva, es momento de retomar de manera urgente la táctica en defensa de Pemex definida por AMLO en el mitin de masas del Zócalo capitalino realizado el 18 de marzo, consistente en lanzar un “cerco ciudadano” en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos y en la cámaras del Congreso de la Unión. Y, si tras estas medidas Calderón aun sostiene su posición, pasar a la huelga general.
Insistimos, para Calderón la privatización del petróleo no es un juego y para frenarlo se necesitarán acciones de masas por mucho superiores a las realizadas hasta el momento. Por ello se tiene que pasar a la huelga general, pero a la consigna de la defensa de Pemex se le debe sumar la de derrocar a Calderón. El espurio debe ser echado del poder porque su política, así como sería en caso de que los priístas estuvieran en el gobierno, siempre será la de privilegiar a los empresarios y banqueros a costa de hundir más en la pobreza a los trabajadores y sus familias.
Es por ello que la lucha por la defensa de Pemex debe ser al mismo tiempo la lucha por mejores salarios, contra la carestía de la vida, por empleos dignos y estables, por el derecho a la salud y a la educación, etcétera. Por esto también resulta doblemente trascendente la participación de los sindicatos en esta lucha, integrando sus propias demandas. Los sindicatos deben convocar y organizar, junto con AMLO y la CND, la huelga general.
El gobierno de Calderón es débil y está dividido, además las complicaciones con sus aliados naturales, los priístas, cada vez son mayores. Así lo demuestra la destitución de Santiago Creel, antes al frente de la bancada de los panistas en el senado; de ello también hablan las confrontaciones con el anterior presidente nacional del PAN, Manuel Espino; y así lo demuestran los ataques constantes del titular de la policía política (Cisen) contra los legisladores priístas, en especial contra el senador Manlio Fabio Beltrones, acusándolos de tener nexos con el narco. Sólo falta un buen empujón, que vendría de una huelga general, para que se caiga la iniciativa privatizadora como un castillo de naipes.
Para ellos, la privatización del petróleo significan más riquezas, para nosotros dicha medida sólo se traducirá en más miseria y, en palabras de Lenin, más horror sin fin. El capitalismo no nos puede ofrecer otra cosa, por ello la defensa de nuestros intereses pasa por derrocar al Estado burgués, en estos momentos representado por Calderón, e instaurar una democracia obrera para expropiar a los burgueses y poner los principales medios de vida bajo el control y al servicio de la clase trabajadora.
Defendamos a Pemex y luchemos por el socialismo.
Tendencia Marxista Militante - México
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