Conspiración Paramilitar en toda Colombia

Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

CONSTANCIA PÙBLICA

Plenaria del Senado de la República

Martes 12 de Agosto de 2008

Conspiración Paramilitar en toda Colombia.

En el día de hoy, quiero denunciar ante la Plenaria de la
Corporación y la opinión pública nacional e internacional,
en mi condición de ciudadano y Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de la República, la existencia
en Colombia, de una conspiración nacional, de acciones
simultaneas de grupos encubiertos y de paramilitares al
servicio de grandes bloques de poder, ligados a los
intereses de transnacionales, grandes terratenientes y
empresarios, legales e ilegales, que en este último periodo,
se han atrevido de forma temeraria y criminal a amenazar de
forma muy grave a las comunidades indígenas, campesinas,
mineras, a las organizaciones de mujeres y de derechos
humanos, a los trabajadores y sus organizaciones gremiales y
sindicales, en toda la geografía nacional.El lunes 11 de
Agosto de 2008, mientras sesionaban las Comisiones Conjuntas
de Derechos Humanos de Cámara y Senado en el Municipio de
Barrancabermeja, fue conocida una cobarde amenaza en contra
del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,ACIN
que representan a todas las autoridades tradicionales de los
pueblos Nasa, en la región de la zona norte del departamento
del Cauca. La comunicación no oficial y firmada por una
sigla autodenominada "campesinos embejucaos de Colombia"
plantea una abierta amenaza de muerte, desolación y terror,
en contra de las comunidades indígenas en los departamentos
de Cauca, Valle, Tolima, Putumayo y el Huila, utilizando un
lenguaje sinuoso y traicionero, que reproduce y se legitima
en declaraciones del comandante de la 3ra Brigada del
Ejercito Nacional, General Jaime Esguerra Santos y que
aparece en un contexto en el cual, el propio Presidente de
la República y voceros de su bancada en el Congreso de
Colombia, se han referido a las comunidades indígenas en el departamento
del Cauca y sus autoridades tradicionales que además ejercen
jurisdicción con rango constitucional en sus territorios,
como "invasores". Esta amenaza abierta contra estas
comunidades y sus autoridades tradicionales en el
departamento del Cauca revela una conspiración de sectores
encubiertos,de terratenientes y paramilitares en el
departamento del Cauca que se escudan en un insólito
discurso anti indígena que se desprende de declaraciones
oficiales del Gobierno Nacional y que solo puede albergar
las más peligrosas y criminales de las intenciones.
En este mismo sentido, en el día de ayer en sesión conjunta
en Audiencia Pública, de las comisiones conjuntas de
Derechos Humanos de Cámara y Senado en el municipio de
Barrancabermeja, ha sido denunciada una nueva toma del
municipio de Barrancabermeja por parte de tres avanzadas
paramilitares y de grupos de narcotráfico, que han amenazado
e intimidado a las organizaciones sociales, sindicales,
campesinas, de derechos humanos y de mujeres en el puerto
petrolero. En medio de un clima de violencia creciente en el
cual la cifra de muertes violentas en el puerto petrolero se
han duplicado respecto de las ocurridas el año pasado. En
este marco de violencia, se han presentado serias amenazas
de grupos paramilitares que utilizan el nombre de "Águilas
Negras"; "Héroes de Castaño" y autodenominados"Comandantes
paramilitares" contra la Federación Agrominera del Sur de
Bolívar, la Organización Femenina Popular, la Unión Sindical
Obrera, la Corporación Sembrar, Credhos, y la Asociaciónde
Familiares de Víctimas deL 16de Mayo de 1998.Igualmente se ha denunciado ante la
Comisión de Derechos Humanos del Senado, la presencia enlos
últimos 60 días de operativos de grupos paramilitares enlos
barrios populares de Barrancabermeja, quienes realizan
operativos irregulares e intimidan de forma permanente a las
comunidades y víctimas de estos sectores. Esto se conjuga
con un clima de impunidad asfixiante en los casos de
numerosos asesinatos contra ciudadanos y ciudadanas en la
región del sur de Bolívar, perpetrados en muchasocasiones
por integrantes de la fuerza pública. En la audiencia
pública en Barrancabermeja fueron denunciados hechos muy
graves que presuntamente comprometen la responsabilidad de
unidades adscritas a los Batallones, Nueva Granada, Nariño,
Calibio y las brigadas 15 y 4ta del Ejército Nacional. En
hechos que serán puestos en conocimiento del Sr. Fiscal
General de la Nación para su investigación y
esclarecimiento. Denuncias que se han presentado en un
periodo y una región en la cual se han concesionado200.000
has. a la trasnacional Anglo Gold Mine Ashanti, para la
explotación de las reservas de oro más importantes de
América latina. En un largo conflicto con los pequeños
mineros y las comunidades campesinas de esta región, que
luchan por sobrevivir en su territorio, cercado, por
narcotráfico, megaproyectos en carbón, petróleo y agro
combustibles y el resurgimiento de grupos paramilitares.
Sin que exista una política de seguridad por parte del
Estado que pueda contener y garantizar los derechos de la
población en medio del conflicto. Así mismo, en el
municipio de San Onofre, Sucre, han sido gravemente
amenazados los activistas del movimiento de Víctimas, Adil
Meléndez y Adriana Porras, quienes han sido activos
defensores del proceso de resistencia de la población de
este municipio por lograr efectivas respuestas del Gobierno
Nacional en materia de reparación integral a los graves
crímenes cometidos en este municipio por grupos paramilitares. Estas
dos personas han sido amenazadas por paramilitares que hoy
enfrentan investigaciones en la jurisdicción de Justicia y
Paz, por graves crímenes cometidos durante los años 2002
-2005 en esta localidad. De la misma forma, estas amenazas
contra la población se producen en un periodo en el cual
la Comisión Nacional de Reparación adelanta en esta zona
del departamento de Sucre, un intento por desarrollar un proceso
piloto de reparación. Adicional a esto, en el municipio de
Palmira, departamento del Valle del Cauca, el pasado 4 de
Agosto de 2008, se perpetró un grave hostigamiento por
parte de dos hombres armados, que se movilizaban en dos
motocicletas en el sector del barrio Zamorano, en contra de
mi asesor e integrante de mi Unidad Técnica Legislativa,
Juan Pablo Ochoa, en momentos en que se aprestaba a terminar
una reunión con un grupo de trabajadores de la caña de
azúcar, que adelantan el proceso de presentación del
Pliego Único de Exigencias por parte de los trabajadores de la
industria de la Caña de Azúcar, ante los gremios del
sector.
Este hecho, que ha sido puesto en conocimiento de las
autoridades, no solo es una muy grave provocación en
contra de los trabajadores de la caña de azúcar que luchan por
sus reivindicaciones en el Valle del Cauca sino además una
grave agresión en contra de las funciones propias del
Congreso de Colombia y de sus funcionarios.
Finalmente, quiero señalar que el sociólogo, cronista y
columnista ALFREDO MOLANO puede resultar siendo un chivo
expiatorio en el proceso que se le adelanta ante el juzgado
4 to penal de Bogota, por parte de la familia Araujo. Lo
que ha sucedido con el periodista ALFREDO MOLANO es un grave
atentado a la libertad de expresión en Colombia. La
judicialización de su columna Araújos (El Espectador,
Bogotá, 25 de febrero de 2007) podría lograr que Alfredo Molano
pierda la libertad de escribir en Colombia. La demanda por
calumnia e injuria contra Molano busca obtener una
jurisprudencia que restablezca el delito de opinión en
Colombia.
Hago un llamado al Gobierno Nacional para que se actúe
para proteger a las comunidades indígenas en todo el territorio
nacional y en particular para que se tomen todas las medidas
que garanticen la integridad de los cabildos indígenas y
la población en el norte del departamento del Cauca. Y se
logre prevenir las acciones que se han anunciado en contra de los
cabildos indígenas, sus voceros y las comunidades, con
especial énfasis en la zona norte del departamento del
Cauca.
De la misma forma, para que se tomen todas las medidas que
permitan garantizar la protección de los movimientos
sociales, de derechos humanos y de víctimas, en
Barrancabermeja, Santander, San Onofre, Sucre y en Palmira,
Valle del Cauca. De la misma manera, se garantice la
integridad de las comunidades campesinas y mineras, en toda
la región del sur de Bolívar.
Hago igualmente un llamado público al Sr. Fiscal General
dela Nación para que se investiguen las amenazas en contra
delas organizaciones indígenas sociales, de derechos humanos
y de víctimas en el sur de Bolívar, el departamento del
Cauca y la localidad de San Onofre, Sucre.
Igualmente, hago un llamado a la comunidad internacional, el
sistema de protección de los derechos humanos de Naciones
Unidas y la delegación de la Organización de Estados
Americanos en Colombia, para que se pronuncien ante el
Gobierno de Colombia, exigiendo se tomen acciones eficaces
en contra de la continua presencia de grupos y acciones
encubiertas de origen paramilitar que hoy amenazan a las
comunidades y movimientos sociales en toda Colombia.

Firmado.

Alexander López Maya

- Presidente-

Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República