Por Omar Pérez Salomón
El pasado 17 de julio, a solo dos meses y medio de nacionalizarse la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia, ENTEL, el Presidente de este país, Evo Morales, anunció una reducción de entre un 17 y un 22 por ciento de las tarifas de telefonía móvil de prepago. Esta medida pretende favorecer a los bolivianos con menos recursos y extender el servicio de telefonía celular hasta el último rincón del territorio nacional.
El Gobierno Boliviano decretó la nacionalización de ENTEL, el 1 de mayo pasado, después de un año de negociaciones con EuroTelecom International (ETI), la subsidiaria de Telecom Italia que desde 1996 tenía el 50 por ciento de acciones y la administración de ENTEL, en el marco del proceso de privatización de seis compañías estratégicas del Estado Boliviano, impulsado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que argumentó que solo el dinero "fresco" de inversionistas extranjeros, que el Estado no tenía, modernizarían las telecomunicaciones en Bolivia.
Once años después se develó que el negocio fue una falacia de principio a fin, pues los socios extranjeros no invirtieron los 610 millones de dólares comprometidos en el Contrato de Suscripción de Acciones firmado con el entonces Ministerio Sin Cartera Responsable de la privatización, sino que “descapitalizaron” a ENTEL con la complicidad de autoridades de turno y de pequeños grupos de poder económico estrechamente vinculados al capital transnacional.
En los años de operaciones, EuroTelecom International cometió infinidad de irregularidades, según varias auditorias independientes e investigaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. La empresa no cumplió sus compromisos de inversión, se identificaron sobreprecios en compras mayores e irregulares contratos de asistencia técnica por transferencia de “know how”, incumplió metas de expansión, evadió obligaciones tributarias y descapitalizó la empresa en aproximadamente 396 millones de dólares.
Ahora se conoce que la empresa estatal pudo desarrollarse de manera autónoma reinvirtiendo sus enormes excedentes. Esto quiere decir que el flujo de operaciones de la empresa fue lo que en realidad se invirtió en su expansión y no así los recursos comprometidos en el proceso de privatización. Un alto ejecutivo de ENTEL reveló en el 2005 que la empresa no necesitaba más de 6 millones de dólares para operar.
Como resultado de la privatización de ENTEL disminuyeron los empleos, se empeoraron las condiciones laborales y se produjo un deterioro de la rentabilidad de la empresa. ENTEL antes de la privatización generaba utilidades de más de 50 millones de dólares, su aporte al Tesoro General de la Nación después de privatizada se redujo a menos de 10 millones de dólares. En este período las empresas transnacionales se llevaron del país unos 600 millones de dólares.
Pero no solo en Bolivia las transnacionales han presentado dificultades para extender los servicios celulares a toda la población. Según el Portal de noticias de Uruguay en Internet, APC, un estudio realizado en Brasil llama la atención sobre el hecho de que el 43% de los municipios de ese país no cuentan con servicio de telefonía celular, sobre todo los más pobres (Norte y Nordeste), debido a que los contratos de privatización de la telefonía móvil no previeron cláusulas de universalización.
El proceso de privatización de las empresas de telecomunicaciones en América Latina durante la década de 1990, formó parte de estrategias orientadas a que el Estado abandonara su papel como operador, asumiera tareas de tipo regulatorio y en general traspasara al mecanismo de mercado un papel más decisivo en la operación y la asignación de los recursos.
No todos los países latinoamericanos siguieron el camino consistente en la desintegración del monopolio estatal de las telecomunicaciones y su posterior privatización para lograr la modernización y desarrollo del sector, aunque en la mayoría de los casos esto obedeció a la resistencia que estas medidas de política generaron en la población.
Entre los países de la región que privatizaron la empresa estatal del sector se observan situaciones muy disímiles en lo que se refiere a niveles de crecimiento, modernización y desarrollo de las telecomunicaciones, registrándose situaciones en las que se ha producido la expansión de todas las áreas de negocio, países donde este desarrollo ha sido de menor magnitud y potencialidad, así como de casos que han tenido un notorio estancamiento.
Asimismo, los antecedentes sobre el crecimiento, modernización y desarrollo del sector de las telecomunicaciones en los países que no desintegraron ni privatizaron el monopolio público de telefonía, confirmaron que la privatización no era condición necesaria para lograr que las telecomunicaciones aumentaran, se modernizaran o desarrollaran.
De hecho, los países latinoamericanos que no desintegraron su monopolio público ni lo privatizaron registran algunas de las mayores tasas de penetración de la telefonía fija y conectividad de la región, demostrando que es posible lograr la modernización y desarrollo del sector sobre la base de una adecuada gestión estatal, tanto en lo que se refiere a la definición de políticas y aplicación de medidas específicas, como en lo que se refiere a la administración de los recursos.
La expansión de la cobertura celular promovida por el gobierno Boliviano tiene como objetivo llegar con servicios básicos y servicios de valor agregado a la mayor cantidad de poblaciones rurales y la nacionalizada ENTEL Bolivia comienza a dar los pasos para alcanzar este fin.
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