Ruanda acusa a los socialistas franceses del genocidio de 1994

Juan Manuel Olarieta Alberdi

El Gobierno de Ruanda ha acusado oficialmente al gobierno francés encabezado por Mitterrand de "haber participado activamente" en el genocidio que tuvo lugar en el país africano en 1994, en el que murieron casi un millón de personas, según el informe de una comisión de investigación ruandesa difundido a comienzos de agosto. Entre las acusaciones, apunta a cargos como el ex presidente François Mitterrand o el ex primer ministro Edouard Balladur.
Francia "estaba al corriente de los preparativos" del genocidio ruandés, "participó en las principales iniciativas" de su puesta en marcha y "en su ejecución", dice el informe que se ha difundido tras dos años de investigación sobre la participación de los imperialistas franceses en el genocidio y con testimonios de supervivientes y extranjeros que estuvieron en Ruanda en el momento de los hechos.
No es la primera vez que Ruanda acusa a los socialistas franceses de haber participado en el genocidio, pero por primera vez ha dejado entrever la posibilidad de persecuciones judiciales contra antiguos dirigentes políticos y responsables militares franceses.

Los genocidas eran socialistas franceses

Interrogado por el Tribunal Penal Internacional, el jefe de los cascos azules presentes en Ruanda en 1994, el general canadiense Romeo Dallaire, respondió de forma clara: “Matar un millón de personas y ser capaz de desplazar a tres o cuatro millones en tres meses y medio, sin toda la tecnología que se ha visto en otros países, representa una misión significativa. Eso exige datos, órdenes o al menos algún tipo de coordinación. Tenía que haber una metodología”. ¿Quién disponía de esos medios, esa experiencia y esa tecnología?
Francia había sustituido a Bélgica, antigua potencia colonial, como el principal patrón imperialista en la región de los mil lagos. El año pasado seis supervivientes del genocidio presentaron una demanda en París, acusando a los soldados franceses de complicidad en crímenes contra la humanidad. Los abogados de los seis supervivientes pidieron que los ex ministros socialistas de Asuntos Exteriores Hubert Vedrine y Alian Juppé y de Defensa, Pierre Joxe, fueran interrogados e insistieron en que la juez militar a cargo de la instrucción desde hace dos años debía investigar el papel jugado por Francia en la masacre porque el gobierno socialista de Mitterrand estaba al tanto del genocidio que se preparaba en Ruanda. Se apoyaban en una serie de documentos desclasificados de los archivos del Palacio del Elíseo y que permanecían en la Fundación Mitterrand.
Varias notas de diplomáticos y militares franceses informan que el gobierno de Kigali estaba armando a los hutus así como las acciones llevadas a cabo contra la población tutsi desde 1991. Los abogados aportaron esos documentos al diario “Le Monde” y en ellos se apunta que las autoridades francesas tenían pruebas desde años antes de que se iba a producir el genocidio.
Francia envió a sus soldados a Ruanda dentro de una operación especial autorizada por la ONU. Una comisión internacional de investigación de la ONU , además de reconocer su propia responsabilidad en el genocidio, también acusó en su momento a los imperialistas francesas de empujar a la región hacia “una catástrofe de consecuencias incalculables”.
Francia creó una comisión parlamentaria que en 1998 exoneró al gobierno socialista de cualquier responsabilidad en el genocidio, aunque reconoció que se habían cometido “errores estratégicos”. Pese a las claras conclusiones de varias investigaciones independientes sobre los hechos, París siempre ha negado su propia responsabilidad y a través del juez Bruguiere, incluso acusó del genocidio al nuevo presidente ruandés Paul Kagame. A día de hoy el país galo sigue dando cobijo a los criminales de guerra.
Estados Unidos también desclasificó documentos hace un tiempo en los que reconocía saber lo que iba a ocurrir pero pidió que la ONU retirara los cascos azules y además que no se llamara genocidio al conflicto. Amenazó diciendo que de lo contrario intervendrían militarmente en virtud de un tratado de 1948.
Por otro lado, según la ONU , en los cien días del genocidio se cometieron entre 250.000 y 500.000 violaciones, muchas de las cuales contribuyeron a propagar el SIDA de forma imparable. Mujeres ruandesas supervivientes acusaron a algunos soldados franceses de violación, dijo a la agencia Reuters Jean Paul Kimonyo, miembro de la comisión ruandesa de investigación. “Los franceses enviaron tropas, entrenaron a asesinos y establecieron controles en las carreteras para facilitar a los asesinos lograr su misión de exterminar a los tutsis”, dijo también a la comisión Jacques Bihozagara, ex embajador ruandés en Francia. Bihozagara afirmó que las autoridades francesas les dijeron que si no paraban los combates llegarían a Kigali para encontrar a sus familiares muertos. “Me pregunto si estos responsables franceses eran profetas o parte del proceso de planificación”.
En un caso, unos soldados franceses están acusados de facilitar el asesinato de hasta 50.000 tutsis en Bisesero, un pueblo montañés del oeste del país, al engañarles para dejar sus escondites. Según los supervivientes, los tutsis fueron abandonados ante los ataques de los hutus.
El informe del Ministerio de Justicia ruandés implica a una treintena de altos cargos franceses, incluido Mitterrand, por entonces presidente, y reclama que sean procesados por su participación. También apunta a los entonces primer ministro, Edouard Balladur, al ministro de Exteriores, Alain Juppé y a su jefe de gabinete, Dominique de Villepin.
La comisión ruandesa interrogó durante dos años a supervivientes y testigos. Según sus declaraciones, las autoridades francesas estaban al tanto de que se estaban realizando preparativos para el genocidio e, incluso, tropas francesas entrenaron a las milicias hutu que acabaron con la vida de cientos de miles de personas de la etnia tutsi, así como hutus moderados. Incluso hubo soldados franceses implicados en las matanzas, según el informe.
Las autoridades ruandesas concluyen el informe pidiendo que "se lleve ante la justicia a los políticos y militares franceses acusados".

Ruanda dentro del reparto del mundo

Cuando los imperialistas se acabaron de repartir el mundo a comienzos del siglo XX, a Bélgica le correspondió Ruanda. Para asentar su dominio se apoyaron en la congregación católica de los “Padres Blancos”, que estaban en el país desde 1900. Conforme a sus políticas racistas, imperialistas y evangelizadoras seleccionaron a la minoría tutsi como élite dominante, iniciando una campaña de discriminación contra la mayoría hutu, que se vio marginada. Creando distinciones entre tutsis y hutus y estableciendo oposiciones entre ellos decidieron promover en Ruanda “una raza de señores” y apoyarse en ella para mantener el control del país.
Las tornas cambiaron en 1959 cuando, con vistas a la descolonización, pusieron a los hutus al mando del país. Los belgas se apoyaron a partir de entonces en el partido del Movimiento de la Emancipación Hutu (PARMEHUTU) de Gregoire Kayibanda, que no era más que el secretario particular de monseñor Perraudin, el vicario apostólico suizo. En ese mismo año tuvieron lugar las primeras masacres de tutsis. A partir de entonces, mientras los hutus quedaron ligados al imperialismo franco-belga, los tutsis tuvieron el sostén de británicos y estadounidenses, entablándose feroces matanzas entre ambas etnias. Divide y vencerás. Desde 1990 los paracaidistas franceses ocuparon el país para combatir a la guerrilla tutsi del Frente Patriótico Ruandés, considerado como la vanguardia de la penetración de los imperialistas estadounidenses en la región.
Instructores franceses fueron los encargados de adiestrar a los oficiales genocidas del ejército ruandés, que serán más tarde el núcleo del aparato criminal. Janvier Africa, ex miembro de los escuadrones de la muerte, declaró el 30 de junio de 1994 al periodista sudafricano Mark Huband, del “Weekly Mail and Guardian” de Johannesburgo, que fue adiestrado por instructores franceses: “Los militares franceses nos enseñaron a capturar a nuestras víctimas y a amarrarlas. Eso era en una base en el centro de Kigali. Allí era donde se torturaba y era también allí donde el cuerpo expedicionario francés tenía su sede. En ese campamento he visto a los franceses enseñar a los Interahamwe a lanzar cuchillos y a reunir fusiles. Fueron los franceses quienes nos enseñaron -un comandante francés- durante varias semanas seguidas, en total cuatro meses de entrenamiento entre febrero de 1991 y enero de 1992” .
En febrero de 1992, el ministerio francés de Relaciones Exteriores envió a la embajada de Francia en Kigali una nota según la cual “el teniente coronel Chollet, jefe del DAMI, ejercerá simultáneamente las funciones de consejero del Presidente de la República , jefe supremo de las Fuerzas Armadas ruandesas, y las funciones de consejero del jefe del estado mayor del ejército ruandés”. El responsable de las fuerzas francesas desplegadas en Ruanda se convirtió así en comandante del ejército ruandés.
En marzo del año siguiente ya tuvo lugar una investigación internacional sobre las masacres de tutsis. Un miembro de esa comisión, Jean Carbonate, afirmó haber visto instructores franceses en el campamento de Bigogwe, donde “llegaban camiones repletos de civiles. Estos eran torturados y asesinados”.
El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, tutsi y miembro del FPR, ha recordado públicamente las amenazas de los imperialistas franceses: “En 1991 ó 1992, fui a París invitado por las autoridades. Un oficial me dijo: 'Si Usted no para la guerra, cuando vuelva a Kigali todos los suyos habrán muerto'. Jamás he olvidado esta frase”, que testimonia la implicación directa del gobierno francés en el genocidio.
Mitterrand enviió Kigali al capitán Paul Barril, responsable de la célula “antiterrorista” de la presidencia francesa. Pero su antiterrorismo no era más que una forma de terrorismo. Fue el instructor de una operación que se llamó “insecticida” en la que los tutsis jugaban el papel de cucarachas.
El genocidio ruandés es otra de esas grandes hipocresías mediáticas. La atención internacional sólo dirigió su mirada a las matanzas después de que fueran asesinados diez cascos azules belgas en abril de 1994, tras lo cual el contingente de la antigua potencia colonial abandonó el país por motivos de seguridad. En apenas dos semanas, la misión de la ONU (UNAMIR) pasó de 2.165 a 270 efectivos. Los genocidas tenían el campo libre.

Quemando los papeles de la embajada

Los gobiernos de Francia siempre han negado su implicación en el genocidio. Aunque no tenían nada que ocultar, su embajada en Kigali destruyó todos sus archivos en 1994 por orden del embajador Jean-Michel Marlaud.
Pero no bastaba con negar sino que había que dar la vuelta al asunto, convertir a las víctimas en victimarios y a tales efectos, tanto en Francia como en España los jueces antiterroristas sirven para la ocultación de los peores crímenes. En 2004 el juez antiterrorista francés Brugiere trató de desviar la atención acusando al presidente Kagame, de haber ordenado el atentado del 6 de abril de 1994 en que perdió la vida Habyarimana. Las absurdas acusaciones de Bruguiere han sido duramente criticadas incluso por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, quien durante su visita a Kigali el pasado 26 de enero llegó a calificar a Kagame como "un representante del Bien contra el Mal".
En 2006 el país africano rompió relaciones diplomáticas con Francia a causa del intento de implicar a Kagame en el genocidio y negar la responsabilidad de los imperialistas. Un comunicado ruandés llegó a acusar a Francia de intentar derrocar al Gobierno loscal: “Durante los últimos 12 años, Francia ha estado haciendo la guerra tanto manifiesta como encubierta al Gobierno de Ruanda, esperando derrocarlo y reinstaurar en el poder a sus aliados y autores del genocidio”, apuntó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés.
En 1973 Juvenal Habyarimana se había apoderado del poder en Ruanda como resultado de un golpe de Estado. Al igual que el dictador anterior, Kayibanda, en proceso de beatificación en Roma, el nuevo presidente se apoyó en la Iglesia católica e instauró un régimen que en sus 20 años de existencia favoreció a los hutu. En octubre de 1990, un grupo de exiliados tutsis que habían atravesado la frontera tras desertar en masa del Ejército ugandés se alzaron en armas contra el Gobierno, agrupados en el Frente Patriótico Ruandés (FPR).
Entre ese año y 1993, los medios de comunicación progubernamentales se lanzaron a una campaña contra los tutsis y los hutus opositores, a los que acusaban de complicidad con el FPR. El acuerdo de paz de agosto de 1993 parecía que iba a poner fin al conflicto pero el 6 de abril del año siguiente el avión en que viajaba Habyarimana fue derribado cuando iba a aterrizar en Kigali. En el atentado, cuya autoría sigue sin conocerse, murió también el entonces presidente de Burundi, el hutu Cyprien Ntaryamira.
La muerte de Habyarimana levantó la caja de los truenos. Entre abril y junio, el Ejército, la Guardia Presidencial , la Policía paramilitar y las milicias Interahamwe lanzaron una persecución masiva contra las "cucarachas tutsis", atizada por medios de comunicación, sacerdotes e intelectuales de toda laya.
Después de la masacre, los imperialistas franceses ocultaron y protegieron a los genocidas en el marco de la Operación Turquesa , calificada en París de misión “humanitaria”. A pesar de la matanza, los hutus perdieron el poder. Decenas de miles de genocidas hutus penetraron en la República centroafricana y en Zaire, en la región de Kivu, como refugiados donde los franceses los reorganizaron y entrenaron para tratar de reconquistar el país.

Ruanda contra la Audiencia Nacional

El 6 de febrero la Audiencia Nacional , por medio de su juez Fernando Andreu Merelles, también trató de desviar la atención de las verdaderas responsabilidades del genocidio ruandés con una de sus típicas jugarretas: ordenado la detención de 40 militares ruandeses por los delitos de genocidio y terrorismo, a los que acusa de la muerte –nada menos- de cuatro millones de ruandeses (la mitad de la población), entre ellos seis españoles, seis misioneros y tres civiles, cooperantes de “Médicos del Mundo”.
Ridículo. Es un hecho que sólo la derrota militar de los genocidas ante los soldados del FPR de Paul Kagame puso fin al horror, pero el objetivo de la Audiencia Nacional era implicar precisamente a Kagame. No le pudieron procesar porque, como jefe de Estado, tiene inmunidad de jurisdicción, pero afirma que existen "sólidos indicios" de su implicación en delitos de lesa humanidad. Todo al revés.
En diversas cartas a sus amigos de Figueres el cura catalán Joaquín Vallmajó, uno de los desaparecidos que la Audiencia Nacional investiga, defendía a las autoridades genocidas ruandesas. El cura tomó partido y a sus amigos les rogaba que denunciasen que los “invasores” del Frente Patriótico Ruandés buscaban el poder. Demuestra que no sólo los curas belgas y franceses se alinearon con los genocidas hutus sino también los españoles, toda la Iglesía católica en su conjunto.
En respuesta a esta nueva farsa judicial hispánica, el Parlamento ruandés instó al Gobierno a principios de marzo a que actúara judicialmente contra el juez Fernando Andreu por "negación del genocidio" y el presidente Kagame ha arremetido recientemente contra la "arrogancia" de los jueces extranjeros. El juez de la Audiencia Nacional podría ser acusado de apología del genocidio en virtud de una ley aprobada en febrero en Ruanda por la cual se condena a entre 10 y 25 años de cárcel a "cualquier persona que sea declarada culpable del crimen de apología del genocidio".
El intento de la Audiencia Nacional , como el de Bruguiere en Francia, es el de responsabilizar de la masacre a los propios ruandeses, ocultando el papel de los imperialistas y de la Iglesia católica, quienes pretenden quedar como víctimas.
Sin embargo, en diciembre de 2006 Athanase Seromba fue el primer párroco de la Iglesia Católica condenado por genocidio ante el Tribunal Internacional. En 1994 más de 2.000 tutsis buscaron refugio en su iglesia para protegerse de milicias Interahamwe. Seroma ordenó que destruyeran el templo con excavadoras, y todos fueron masacrados.
Por su implicación en las masacres de 1994, el TPIR halló culpable al cura Seromba de genocidio y crímenes contra la humanidad en la modalidad de exterminio, y le absolvió del cargo de conspiración para cometer genocidio. " La Sala consideró un factor agravante el hecho de que fuera un religioso muy conocido en su comunidad y en el que muchos feligreses confiaban", declaró el jefe de prensa del TPIR, Bocar Sy, desde la sede del tribunal en Arusha (Tanzania).
A pesar de ello, la Sala le sentenció a quince años, y no a cadena perpetua, como había solicitado el fiscal.
Seromba, de 42 años, se encontraba escondido desde 1997 en la diócesis italiana de Florencia, desde donde proclamó su inocencia y fue respaldado por el Vaticano.
Sin embargo, ante la presión de la entonces fiscal del TPIR, Carla del Ponte, sobre las autoridades eclesiásticas, el religioso se entregó voluntariamente al tribunal el 7 febrero del 2002.
En 1994, el condenado estaba encargado de la parroquia de Nyange, en la localidad de Kivumu, en la provincia occidental de Kibuye.
Huyendo de las masacres, más de 2.000 personas, la mayoría de la comunidad tutsi, abarrotaron la iglesia de Seromba, que a partir del 15 de abril fue sometida a ataques regulares por parte de militares y milicias Interahamwe.
Seromba ordenó que derribaran su iglesia con excavadoras cuando miles de refugiados tutsis estaban cobijados en ella, lo que causó la muerte a casi todos ellos.
Durante el juicio, que comenzó el 20 de septiembre del 2004, la Fiscalía presentó quince testigos para demostrar que el religioso dio la orden de que su iglesia fuera derribada con máquinas excavadoras cuando miles de refugiados tutsis se hallaban dentro.
Muchos murieron en iglesias en las que habían buscado refugio y hoy gran parte de los memoriales del genocidio que pueblan Ruanda son templos: en la iglesia de Nyamata murieron cerca de 10.000 personas, en la de Ntarama otras 5.000.
Ruanda era el país más cristiano de África y un 60 por ciento de la población abrazaba el catolicismo. Ahora buena parte de ellos están convirtiéndose al islamismo.
En las oleadas de masacres precedentes que marcaron la turbulenta historia del país de los grandes lagos desde el colonialismo los templos religiosos siempre habían sido refugios inviolables. En 1994 las iglesias cristianas dejaron de ser un refugio para los perseguidos. "Hay una evidencia abrumadora de que líderes de las iglesias anglicana, metodista, presbiteriana y católica estuvieron implicados en el genocidio", según la organización African Rights, que ha señalado que supervivientes de la masacre han denunciado "complicidad directa y a veces asesinatos" por parte de al menos otros seis religiosos que no han sido detenidos.
Seromba es el primer párroco perteneciente a la Iglesia Católica condenado por cargos de genocidio ante un Tribunal Internacional, aunque ha habido otros casos de religiosos católicos y protestantes condenados por tribunales nacionales. En tribunales nacionales, la participación de la Iglesia católica en el genocidio fue puesta de manifiesto por la justicia belga, que condenó en el 2001 a dos monjas ruandesas a entre 12 y 15 años de cárcel por su papel en las matanzas.
Pero esta es la primera vez que el catolicismo veía a uno de sus miembros sentarse en el banquillo del TPIR, que sólo ha juzgado a otro religioso, el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Elizaphan Ntakirutimana, condenado a diez años de prisión en febrero del 2003.
Otros dos párrocos se encuentran detenidos por el TPIR y a la espera de juicio: Hormisdas Nsengimana y Emmanuel Rukundo, ambos católicos.
Un tercero, el obispo anglicano Samuel Musabyimana, murió a causa de una enfermedad en el 2003 en la cárcel de Arusha.

Clausura del Tribunal Internacional

En diciembre de este año concluye el mandato del TPIR, creado en octubre de 1994 por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar a los responsables del genocidio, con jurisdicción para todas las violaciones perpetradas entre enero y diciembre de 1994 y para poder juzgar a todos los funcionarios y militares de alto nivel ruandeses que hubieran escapado del país.
La primera causa se inició en 1997. En junio de ese año fue condenado a cadena perpetua el antiguo alcalde de la ciudad de Taba, Jean Paul Akayesu. Se trataba de la primera condena internacional por genocidio y era la primera vez que se reconocía la violencia sexual como acto constitutivo de genocidio. El procesado más relevante hasta la fecha ha sido el que fuera primer ministro durante las fechas del genocidio, Jean Kambanda, condenado a cadena perpetua.
A finales de octubre de 2005, el TPIR había ordenado la detención de más de 500 personas, 71 de las cuales ya estaban en su poder. Hasta abril de 2007, el Tribunal había dictado 27 sentencias contra 33 procesados, entre ellos tres propietarios de medios de comunicación acusados de incitar al odio étnico y al genocidio.