Los sublevados sabían que iban a provocar un baño de sangre. Los documentos dan fe de ello. Franco se lo dijo sin ambages, además, antes de cruzar el Estrecho, a un periodista anglosajón: estaba dispuesto a destruir a media España para salirse con la suya. Mola era del mismo parecer. Queipo de Llano demostró, en Sevilla, que no se trataba de una vaga amenaza. Córdoba y Granada conocieron igual represión brutal. Y Badajoz, con Yagüe. Los autos de Garzón reproducen algunos de los textos en que se plasma la crueldad premeditada. Son escalofriantes.
Con líderes así, capaces de incitar al asesinato (y a la violación) -léanse las arengas radiofónicas de Queipo de Llano-, ¿qué se podía esperar de los miles de esbirros prestos a apoyarles en su sucia tarea?
Al final de la contienda, cuando el golpe de Casado, Franco mintió, declaró que no habría represalias contra quienes no hubiesen cometido crímenes de sangre. Engañó en este sentido incluso a los fascistas italianos que le ayudaron a ganar la guerra. ¿Perdonar a sus enemigos? En absoluto. La nefasta Ley de Responsabilidades Políticas ya dejaba claro que no habría misericordia. El parte victorioso del 1 de abril de 1939 rezumaba desprecio y desdén hacia los perdedores. La consecuencia: decenas de miles de inocentes sacrificados a lo largo de los próximos seis años.
Más de tres décadas después del fallecimiento del dictador, la derecha española se revela todavía incapaz de asumir la verdadera, y monstruosa, dimensión de la política de exterminio practicada por aquel régimen.
El máximo símbolo es Lorca: había que acabar con Él por rojo y por gay
Al conocimiento de los hechos prefiere el olvido y la tergiversación. Manifiesta una y otra vez que quienes abogan por la búsqueda y exhumación de las víctimas sólo piensan en "reabrir heridas". ¡Calumnia! Lo que hay es sed de justicia, de respeto para con los muertos y sus familias. Los alemanes han afrontado con valentía su reciente historia. Lo han hecho los franceses, aunque con dificultad. Pero aquí una preconstitucional Ley de Amnistía (1977) ha resultado ser, en la práctica, una Ley de Punto Final.
Ahora podemos ver la magnitud, no sólo del genocidio sino de la devastación cultural producida por el franquismo. El asesinato de Lorca es su máximo símbolo: por rojo y por gay había que acabar con aquel genio, hoy el poeta español más leído de todos los tiempos, e intentar borrar su recuerdo y su obra. En cuanto a Miguel Hernández, dejaron que se pudriera en la cárcel en vez de fusilarlo. Luego la censura, implacable, se encargó de que a lo largo de décadas sólo se pudiesen leer las versiones oficiales de lo ocurrido durante la República y la guerra.
La negación de Franco, hasta el final, a perdonar, hizo imposible la vuelta de miles y miles de exiliados que, sin poder o sin querer pisar otra vez la tierra natal, acabaron fuera. Con ello se infligió un daño incalculable a la continuidad de la cultura española. Quizás Max Aub (fallecido en México en 1972) lo encarna mejor que nadie. Pese a tener hoy su fundación en Segorbe, y de que su extraordinaria novela Campo de los almendros inmortaliza la atroz tragedia vivida en Alicante, último reducto de la República, el PP local no ha permitido hasta ahora que se levante en el puerto un monumento en recuerdo del horror. ¿Tanto les costaría un poco de magnanimidad?
Si no hubiera habido Guerra Civil, cabe postular que España sería hoy uno de los países culturalmente más florecientes del mundo, reconciliado por fin con su rico pasado mestizo y, en consecuencia, incomparable puente de entendimiento entre Occidente y Oriente. Por desgracia no es el caso, y cada vez que se menciona en el Parlamento la Alianza de Civilizaciones, los conservadores se mondan de risa. ¡Qué puerilidad! Por otro lado el Estado democrático no se digna todavía enseñar a los jóvenes ni siquiera los rudimentos del árabe. Todo ello duele, de verdad.
IAN GIBSON
No hay comentarios.:
Publicar un comentario