La construcción de una democracia socialista

Transiciones de la democracia en América Latina y el Caribe en el siglo XXI

Artículo basado en mi ponencia presentada en el XXIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS Chile 2013, Santiago de Chile, 30 de septiembre de 2013.

Tras la reconfiguración política que ha vivido América Latina y el Caribe desde el levantamiento zapatista de 1994, en México, y la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en 1998, la democracia en la región ha experimentado una profunda transformación, consolidándose no sólo en su vertiente representativa, sino también avanzando sustancialmente hacia un modelo participativo, sobre todo en aquellos países inmersos en una transición de signo socialista, --con enormes obstáculos y contradicciones internas y externas--, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, además del desarrollo del modelo cubano. Paralelo a los sistemas políticos del Estado, también destacan experiencias como las del zapatismo en México y el MST en Brasil, que construyen sus propias estructuras de democracia directa. Tanto teórica como empíricamente, América Latina y el Caribe están presenciando la construcción de una democracia de orientación socialista, contrastando con la interpretación y vivencia que ésta tuvo durante el llamado socialismo real en el siglo XX. Fuente: Pacarina del Sur - http://www.pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/884-transiciones-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-siglo-xxi-la-construccion-de-una-democracia-socialista - Prohibida su reproducción sin citar el origen.
La reconfiguración política de la región latinoamericana y caribeña en la primera década del siglo XXI, tiene como antecedentes inmediatos no sólo los procesos políticos y las luchas populares que se producen desde fines de los setenta hasta los inicios de la década de los 90s, sino dos acontecimientos claves e inéditos que se caracterizan por su carácter popular y que también inciden en el panorama mundial: el levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 – rebelión armada contra el modelo neoliberal, justo en su apogeo-, y el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, a partir del triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998. Ambos acontecimientos repercuten en la geopolítica latinoamericana, pero también en el proceso de consolidación de espacios y formas de lucha en el ámbito mundial en contra de la transnacionalización neoliberal. Los zapatistas marcan una ruta de las luchas sociales, mientras la revolución bolivariana la vía de la transformación estatal-institucional.
Estos cambios regionales se expresan en el establecimiento de gobiernos de izquierda a partir de la llegada de Chávez, ya en sí, un verdadero acontecimiento histórico. En orden cronológico destacamos el arribo a la presidencia de Lula en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2002), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Rafael Correa en Ecuador (2006), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Mauricio Funes en El Salvador (2009). En lo sucesivo, se da la continuidad de los proyectos con algunos de estos líderes en el gobierno, salvo Paraguay, dónde Fernando Lugo es destituido mediante un golpe legislativo, además de que fallecen los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
Hay que señalar la participación de una izquierda de composición heterogénea, en la que el bloque conformado por Venezuela, Bolivia y Ecuador realiza cambios estructurales a partir de Asambleas Constituyentes con amplia legitimidad popular, mientras que en el resto de los países tan sólo se experimentan limitadas reformas al modelo neoliberal, exceptuando el caso de Argentina, que reconstruye la fuerza política y económica del Estado logrando revertir el profundo deterioro en las condiciones de vida de la población y recuperar el control del mercado interno.
Como resultado de estos cambios, se desarrolla un histórico proceso de integración económica, política y cultural. Se fortalece el MERCOSUR y se crean organismos regionales de gran alcance como ALBA, UNASUR y CELAC, además de iniciativas más específicas en el campo de los energéticos, las transacciones financieras y hasta en el ámbito de las comunicaciones, como Petrocaribe, Petrosur, Banco del Sur y Telesur, todos ellos impulsados particularmente bajo el liderazgo del Presidente Chávez.
Tal proceso de integración latinoamericana y caribeña, inédita, puede interpretarse como el inicio de procesos que buscan, a contracorriente, una salida nacional y popular al modelo neoliberal impuesto y logran un claro debilitamiento de la hegemonía económica y política estadounidense en la región, por el desplazamiento de instancias de supuesta integración, antes diseñadas y controladas por su gobierno, como la OEA, el BID y el intento del ALCA, entre otros.

Crisis de la democracia representativa

El modelo político hegemónico en el hemisferio occidental, después de la segunda guerra mundial, la democracia liberal o representativa, se erigía frente a los regímenes del llamado socialismo real como la panacea de la libertad y la garantía de un verdadero sistema de representación política democrática, auténtica y efectiva. Es el período del llamado Estado benefactor, que lograba combinar una participación ciudadana limitada a partir de concesiones de un capitalismo que garantizaba cierta seguridad socioeconómica para la clase trabajadora de la sociedad.
En el contexto de la revolución cubana y el surgimiento de guerrillas en diversos países de la región, Estados Unidos impone y apoya, junto a los grupos oligárquicos y sus ejércitos, un período de dictaduras militares que frustraron procesos democráticos para evitar la supuesta expansión del socialismo y la posible influencia de Cuba. No obstante, hacia mediados de la década de 1980, Washington se pronunciará tácticamente contra las dictaduras que había sostenido, a la par que se va imponiendo el modelo neoliberal a través de una profunda transformación del Estado, iniciando la llamada transición a la democracia. En realidad se trató de una política que garantizaba que los militares pactaran la entrega del poder con los civiles que no se opusieron frontalmente al oprobio dictatorial, a cambio de la impunidad y de mantener básicamente intacta a la institución castrense.
En este contexto tiene lugar el arribo por la vía electoral de Jaime Roldós en Ecuador (1979), Fernando Belaúnde en Perú (1980), Raúl Alfonsín en Argentina (1983), Julio María Sanguinetti en Uruguay (1985), José Barney en Brasil (1985) y Patricio Aylwin en Chile (1990).
Desde la perspectiva de Norbert Lechner (2003), esta etapa se puede entender bajo el concepto de democracia restringida, la cual se limita a la celebración de elecciones periódicas, sin participación ciudadana en la toma de decisiones en los asuntos de gobierno, buscando, “fortalecer el poder ejecutivo para que pueda imponer libre de presiones populares los <> de la modernización económica”.
Al respecto, Guillermo O’Donnell (1994) -quien introduce el concepto de democracia limitada- define los niveles de la democracia a partir del cumplimiento de normas con las cuales puede valorarse. Esta visión forma parte de una corriente de la ciencia política en la que destacan las ideas de Bobbio (1985) y Dahl (1989), para quienes se puede hablar de democracia en un país o en un contexto determinado, solo si se cumplen un conjunto de requisitos. De acuerdo con Dahl, el ideal de democracia se sustenta en una sociedad que garantice la libertad de asociación, expresión, el derecho al voto y a ser electo a cualquier cargo de representación, así como el derecho de los candidatos o líderes políticos a competir y buscar apoyo y votos; esto es, elecciones libres e imparciales, y las instituciones que aseguren que la política de los gobiernos descanse en las votaciones y otras formas de expresar la voluntad del ciudadano. (p.15)
Aquí optamos por el concepto de una democracia tutelada, destacando su carácter limitado y restringido, que se inserta en la transformación de un Estado benefactor a uno neoliberal. En este sentido, López y Rivas (2010), plantea más específicamente que:
El proyecto conservador pretende que haya democracia, sin justicia social, sin liberación nacional, sin derecho a escoger una política económica distinta de la neoliberal, ni un gobierno democrático con fuerte apoyo popular. Propone una democracia sin opciones en la que vote la minoría de los ciudadanos para escoger entre un pequeño grupo de políticos profesionales cuyas diferencias ideológicas y programáticas son insignificantes.
Partimos entonces de la tesis de que algunos países latinoamericanos y caribeños se encuentran en una etapa de transición del modelo de democracia tutelada a una democracia de orientación socialista.

Construyendo la democracia socialista

La revolución cubana fue un proyecto inédito en la región que desde sus inicios fortaleció las perspectivas de transformaciones estructurales y democráticas, a la par que generó el rechazo del gobierno estadounidense al estigmatizarla como un proceso totalitario y antidemocrático.
Pese a que no cumple con todos los requisitos formales que propone Dahl, según su ideal de democracia, esta revolución instituye un sistema parlamentario basado en la democracia participativa, sin la existencia de los tradicionales partidos políticos: el Partido Comunista de Cuba (PCC) se concibe como un factor de unidad política de la sociedad, y no una institución en los términos electorales de la democracia representativa, ni como vía de acceso a puestos de representación o de gobierno. De hecho, el PCC no participa como tal en las elecciones, al partido sólo pertenecen alrededor de 500 mil cubanos y se incorporan las personas consideradas más comprometidas con la Revolución, las más participativas y destacadas en su trabajo.
En el sistema político cubano, las organizaciones de masas representan uno de los soportes fundamentales y son el espacio de participación y discusión por excelencia. La mayoría de quienes se desempeñan en los poderes ejecutivo y legislativo provienen de estas instancias organizativas. Entre las principales, destacan la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en la que militan alrededor de un millón y medio de personas de entre 17 y 35 años de edad; la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que aglutina a los estudiantes de nivel superior y de posgrado; la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); entre las numerosas organizaciones que existen en esta sociedad.
Así, en la democracia participativa cubana funciona un sistema electoral que organiza cada cinco años comicios generales para elegir diputados provinciales y nacionales, y cada dos años y medio, diputados municipales, de quienes se desprenden los órganos de gobierno en sus diferentes niveles, estructura similar al sistema parlamentario tradicional. Los ciudadanos mayores de 16 años tienen derecho al voto, el cual es libre, directo y secreto, así como a ser electos a partir de esa misma edad, y 18 años cuando se aspira a una diputación nacional.
Los candidatos que se presentan en los comicios son postulados a través de asambleas públicas en las que la población decide de forma directa. No existen campañas de promoción, son las Comisiones Electorales las que difunden la trayectoria política y laboral de los (as) candidatos (as), para lo cual generalmente se colocan sus datos básicos y aspectos significativos de su trayectoria en lugares públicos de la sección electoral respectiva.
Como cualquier sistema político en el mundo, el cubano tiene sus limitaciones, pero garantiza una amplia participación de la sociedad. Lo hace diferente el hecho de que no existen partidos políticos en su lógica tradicional, en cambio, funcionan mecanismos de la democracia directa como la revocación del mandato, el cual se puede ejercer en cualquier momento y con funcionarios de cualquier nivel, la rendición de cuentas y una práctica de debate y consulta en torno a los asuntos públicos de mayor importancia, tal y como sucedió previo a la aprobación en el Parlamento de las últimas reformas de carácter económico y social que se dieron en la isla en los años recientes.
Se ha estimado que, con frecuencia, en los comicios vota el 95% de los cubanos inscritos en el padrón electoral. El proceso es vigilado por la organización infantil de los pioneros, y existe la presencia de periodistas nacionales y extranjeros.
No obstante, el análisis del sistema político cubano no suele descansar en una mirada crítica rigurosamente fundamentada. Todo lo contrario, este es casi siempre animado por razones políticas y un exacerbado etnocentrismo que no concibe otras formas posibles de hacer política, ni reconoce que una sociedad puede funcionar fuera del modelo tradicional de los partidos políticos. ¿Acaso en el resto de la región, incluyendo México, en el que prevalece el sistema de partidos, se cumplen los requisitos que el mismo Dahl propone para afirmar que impera un régimen democrático? ¿Los cargos de representación popular no suelen ser fuente de muchos beneficios para los representantes electos y una forma de control del gobierno y las corporaciones transnacionales? ¿No se ha convertido el régimen mexicano, por ejemplo, en un soporte y fortalecimiento del modelo neoliberal que excluye de manera creciente la participación ciudadana y vulnera los derechos de los trabajadores al privilegiar los intereses de las empresas transnacionales y del gobierno estadounidense? ¿No es posible constatar esta aseveración en los “debates” que se dieron para aprobar la reforma energética por parte de los partidos políticos y las cámaras de “representantes” populares?
El análisis sobre lo que es la democracia ha sido más que prolífero [1] pero no pretendemos dar cuenta de ello. Si pensamos que, por ejemplo, un punto de partida fundamental, como el propuesto por Alain Touraine, para entender qué es la democracia, es no perder de vista que “es un régimen político cuyo funcionamiento está mediado por los tipos de articulación entre sociedad, sistema político y Estado existentes en una formación social, en un momento histórico determinado”, definición que retomo de la lectura que hace Francisco Zapata de este autor [2]. Aunque, éste último señala que estas articulaciones “definen el desarrollo de la ciudadanía, la formación de los partidos políticos y los procesos electorales”, podemos señalar que, además de ciertas condiciones necesarias, las articulaciones entre sociedad, sistema político y Estado pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo, según Ricardo Alarcón (2002), quien fuera presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba:
Ante todo hay que pensar que un elemento esencial y absolutamente infaltable de cualquier sistema democrático tiene que ser la independencia; o sea, es inconcebible la democracia si no hay un país soberano, en última instancia la democracia es el ejercicio por el pueblo de la soberanía, pero solamente podría hacerlo una nación que sea libre e independiente. Y la Revolución Cubana significó, desde el primer momento, desde 1959, precisamente la conquista de la independencia nacional; fue el triunfo de una revolución que se había iniciado en 1868, una revolución profundamente democrática, porque estaba basada en la idea de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad humana, el sentido auténtico, real que el vocablo democracia siempre ha tenido. (p.154)
En un contexto histórico específico y desde fines del siglo pasado, las refundaciones constitucionales que se dieron en Venezuela (1999), Bolivia (2008) y Ecuador (2009) relativas a la estructura política y económica del Estado y el carácter de la democracia, son de vital importancia para entender los recientes cambios políticos y económicos en la región. La introducción de mecanismos de participación popular, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato, el presupuesto participativo y el poder comunal, conforman principios básicos de una democracia alternativa, los que promueven una mayor conciencia colectiva de los asuntos públicos y una ciudadanía más protagónica de su propio destino; además de resarcir una deuda histórica con los sujetos históricamente oprimidos a causa del carácter clasista y por el racismo y la dominación masculina que caracterizan el sistema político de la época. Las mujeres, por ejemplo, tuvieron derecho al voto hasta la década de 1950, mientras en el siglo XIX y principios del XX, durante el tiempo del Estado oligárquico, indígenas, campesinos, negros y analfabetas, tampoco podían sufragar; en la mayoría de los países latinoamericanos sólo votaba entre el 2 y el 4% de los hombres, básicamente los que pertenecían a las elites políticas y económicas (Stanley y Stein, 1971).
En los contextos en los que se desarrollan estos procesos democráticos, frente al limitado ejercicio del voto que ha implicado este manejo de la democracia representativa, se establecen mecanismos que otorgan mayor capacidad a la sociedad para hacer valer su opinión y voluntad en asuntos estratégicos para el futuro de la nación.
En el caso de la Venezuela chavista, en la que se desarrolla una amplia participación popular (el porcentaje de la participación se cuenta entre los más altos en la región), la democracia se concibe de la siguiente forma:
Para alcanzar mayor solidez de la democracia protagónica revolucionaria se hace necesario restituir a la política su carácter público, participativo, ético y solidario, cuyo principal sentido es la constitución de la ciudadanía, los espacios de civilidad, las instituciones y una cultura política democrática, basada en una elevada conciencia social ética y en una activa y consciente participación ciudadana. Se trata de rescatar la política como mediación para la vida humana vital, a través de su sentido de solidaridad y de la búsqueda del bien común. (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2009: 37)
También, se impulsa una democratización a través del acceso efectivo a la información pública y los medios de comunicación masiva, en el ámbito radioeléctrico, para otorgar espacios a una ciudadanía a la que históricamente se le ha negado este derecho que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos signada por todos los gobiernos de esta región latinoamericana. Lejos de limitar la libertad de expresión, se ha buscado romper los monopolios que controlan prácticamente todos los medios para que sectores, otrora subalternos de la sociedad, puedan ejercer el mismo derecho. Esto es lo que ha sucedido con los nuevos marcos legales, sobre todo en Ecuador, Argentina y Venezuela.
Las transformaciones al sistema político y la estructura de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en cada caso con sus especificidades y límites, constituyen un reconocimiento efectivo de los derechos políticos de sus pueblos, a partir de una nueva concepción sobre los mecanismos de participación política, que pueden influir más directamente en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de amplios sectores de la población que, particularmente, viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Por ejemplo, según datos del propio Banco Mundial, antes de Chávez, en 1997, la pobreza se ubicaba en 54.7%. Para el año 2012, este índice se redujo al 25.4%. (Escolar, 2013). En el informe Panorama Social 2013, la CEPAL destacó que Venezuela fue el país latinoamericano en el que más se redujo la pobreza. (CEPAL, 2013)
Además de los parámetros institucionales que se desprenden del Estado, también van tomando fuerza en ciertos países latinoamericanos experiencias reivindicatorias y autonómicas desde abajo; esto es, el poder político no emana exclusivamente de las instancias formales, se ejerce por la vía de los hechos, de manera paralela, y sin pedir permiso, aunque se establecen articulaciones y existen determinadas formas de comunicación y entendimiento.
Como ejemplos de ello está el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en territorio zapatista y la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) -Policías Comunitarias en el estado de Guerrero, México-, los casos de las asambleas barriales en Argentina, y otras variantes en que se expresan los procesos autonómicos y formas organizativas en defensa de los derechos colectivos y la oposición al avance de las políticas neoliberales, que incluyen el llamado crimen organizado. Ante la negativa del Estado de reconocer sus derechos políticos, se practica el autogobierno en diferentes modalidades bajo una concepción colectiva, solidaria y, como en el caso del MST y el zapatismo, también adquieren un signo de orientación socialista o autonomista.
Los movimientos sociales han adquirido un mayor protagonismo en los procesos políticos nacionales, pasando de un ámbito de carácter localista y demandas específicas, a un plano más integral y de alcance nacional y regional. Ello se ha reflejado en su incorporación al debate de los principales temas nacionales, sobre todo, en su oposición a las políticas neoliberales y privatizadoras de los recursos naturales; este es el caso de las llamadas guerras del gas y del agua en Bolivia, y la defensa de las comunidades indígenas y campesinas frente al Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), entre otros.

Perspectivas de una democracia socialista en el siglo XXI

Una de las grandes deudas que dejó la experiencia del socialismo en la Unión Soviética y los países del Este europeo, fue la democracia. Si bien se lograron avances sustanciales en el terreno social, económico y de la cultura, la participación popular fue quedando en la retórica de los discursos del poder.
El origen del problema no sólo se encuentra en la centralización del poder por una burocracia que se fue alejando y terminó divorciándose de la sociedad, sino que más allá de las estructuras partidarias, se perdieron y/o no existían canales, ni mecanismos efectivos y articulaciones entre sociedad, sistema político y Estado, que garantizaran la participación política. El centralismo democrático derivó en elitismo burocrático, por lo que el socialismo quedó marcado como un sistema autoritario y burocrático.
Este denominado socialismo real, también originó un desencanto y una incertidumbre sobre horizontes y proyectos de futuro. Desde las experiencias democráticas latinoamericanas y caribeñas más avanzadas de hoy, hay coincidencia en un objetivo fundamental: sin democracia no puede haber socialismo, y viceversa. A pesar de que algunas fuerzas de la izquierda institucionalizada han ido sometiéndose a las tendencias de la democracia neoliberal, la idea de construir la participativa, en el contexto de una transición democrática de signo socialista, en la práctica y en el discurso, es cada vez mayor entre los movimientos populares de la región, y a nivel institucional en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
En este nuevo pensamiento socialista latinoamericano se expresa una firme convicción en la que no sólo basta la existencia de los mecanismos de la democracia participativa, sino que la sociedad debe conocer su utilidad y alcance, esto es, lo que significa un poder popular, comunitario y ciudadano. Al respecto, Boaventura de Souza Santos señala que “debemos profundizar la democracia en todas las dimensiones de la vida: desde la cama hasta el Estado, como dicen las feministas… el nuevo nombre del socialismo es democracia sin fin”. (Equipo Nitlapán, 2008: 10-11)
La democracia no puede reducirse a un conjunto de normas procedimentales y requisitos generales, ignorando además las particularidades históricas y las realidades nacionales latinoamericanas. La democracia significa una plena participación política de la sociedad, pero también una igualdad social, esto es, democracia social y democracia económica. Por ello, el sustento central que puede garantizar una democracia socialista tiene que ver con su carácter incluyente, como lo plantea también Pablo González Casanova (2009), esto es, aquella que asegure el reconocimiento de la igualdad en la diferencia a partir de reconocer derechos tanto políticos como socioeconómicos y culturales.
Una democracia socialista garantiza la libertad del voto pero también el derecho al trabajo, la libertad de expresión y el libre acceso a la salud y la educación, el derecho a la participación ciudadana, a la alimentación, la cultura y el deporte; expresado de otra manera, Roberto Regalado (1997) precisa los riesgos de una democracia concebida en términos liberales, pues ésta ha de sustentarse en una “combinación armónica de la representación con la participación, de manera que el voto no sea un ejercicio periódico inútil, que deja a los pueblos sin control sobre los gobernantes y sus políticas, (…) es el ejercicio del gobierno por el pueblo, (…) que necesita incluir la democracia económica y social”.(p.8)
No obstante, hay que valorar la visión crítica que surge desde variadas posturas del pensamiento de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas, en torno a la conducción de los procesos de transformación vigentes. Resulta prioritaria la reflexión sobre los contenidos del cambio y la concepción sobre el desarrollo económico como parámetro para alcanzar una justicia social integral. Habrá que plantearse si mantener políticas propias del extractivismo y de inversión de capitales privados, internos o externos, implica o no la continuidad de la histórica dependencia latinoamericana y caribeña; si no es más viable profundizar y acelerar la colectivización de los medios de producción y, por ejemplo, impulsar una mayor participación popular en la economía, esto es, acotar el margen de acción del capitalismo para preservar de manera más equilibrada el entorno ecológico y el crecimiento económico para el bienestar social.
Así, en Nuestra América, más que en otra región del mundo, la concepción sobre la democracia socialista está incidiendo cada vez con mayor fuerza en el pensamiento y la práctica de esta nueva democracia, dejando clara la visión de una sociedad de iguales y diferentes. Incluso, las elites políticas de las derechas latinoamericanas y los intelectuales a su servicio, recurren al argumento de mayores espacios de participación política de la sociedad. Cada vez es más frecuente observar en los medios, en los discursos públicos y en las plataformas de campaña, que se hace referencia a transparencia, rendición de cuentas, presupuestos participativos, y hasta de candidaturas independientes, iniciativas y propuestas originadas, en realidad, de los ámbitos democráticos y ciudadanos.
La transición hacia la democracia participativa y de orientación socialista tiene todavía un largo camino que recorrer en América Latina y el Caribe. Si el capitalismo neoliberal continúa avanzando con la voracidad del presente, a costa de la creciente pérdida de soberanía de los Estados y de nuestras naciones, el futuro de la humanidad estará en peligro. El extractivismo, el agotamiento de los recursos naturales, el crimen organizado, el consumismo, las enormes desigualdades sociales, la criminalización de las resistencias y luchas sociales y la crisis estructural del sistema, amenazan la existencia y continuidad de la especie humana.
Resulta prioritario profundizar en el análisis de estas realidades y de la forja de las alternativas, de los obstáculos y límites, así como continuar la reflexión sobre ese horizonte de futuro denominado democracia socialista, como contribución para alcanzar esa otra patria latinoamericana y caribeña.

Nayar López Castellanos
Pacarina del Sur

Notas:

[1] Touraine, A. (1995). “¿Qué es la democracia?”, FCE, Buenos Aires, citado en Zapata, F. “Democracia en América Latina”, en Olamendi, L. V., et, al, (2000). Léxico de la política, México: FCE, pp.143-140.
[2] Francisco Zapata, “Democracia en América Latina”, op. cit, p.143.

Bibliografía:

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Bobbio, N. (1985). El futuro de la democracia. Barcelona: Plaza y Janés.
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Dahl, R. (1989). La poliarquía. Participación y oposición. España: Tecnos.
Escolar, Ignacio, (2013) “Venezuela y Hugo Chávez en 20 gráficos”, disponible en: http://www.eldiario.es/escolar/Venezuela-Hugo-Chavez-punado-graficos_6_86151394.html
Equipo Nitlapán, “Después de 29 años, después de 290 horas”, Envío, núm. 316, julio, 2008. Nicaragua: UCA. pp.10-11.
Gobierno Bolivariano de Venezuela, (2009). Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Venezuela: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
González Casanova, P. (2009), De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Pensar América Latina en el siglo XXI. Bogotá: CLACSO-Siglo del Hombre Editores.
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López y Rivas, G. (2010), “Pablo González Casanova, de la sociología del poder a la sociología de la explotación.” Rebelión. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112274
O’Donnell, G., Schmitter, P. C. & Whitehead, L. (Comps). (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario. España: Paidós.
Regalado, R. (2007). “América Latina: crisis del capitalismo y vigencia del socialismo”, América Libre, edición especial (Buenos Aires), núm. 10 (enero de 1997). http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/10/index.htm
Stanley, J, y Stein, B, (1971), La herencia colonial en América Latina. México: Siglo XXI.

Nayar López Castellanos. Profesor Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Autor de los siguientes libros: Nicaragua, avatares de una democracia pactada (2013); Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI (2012); Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal (2009); Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil (2001, 2006); La Ruptura del Frente Sandinista (1996); Coordinador del libro colectivo América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales (2009). nayarlp@hotmail.com

Fuente: Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 18, enero-marzo, 2014. ISSN: 2007-2309. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/884-transiciones-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-siglo-xxi-la-construccion-de-una-democracia-socialista