El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional aprobó la enmienda constitucional que dio inicio a la nacionalización del cobre, en un contexto de fuerte polarización social, y una clase trabajadora que exigía cambios estructurales y luchaba contra la burguesía nacional y extranjera.
Cuarenta y cincos años han pasado desde que en Chile se legisló a favor de la nacionalización del cobre. Antes, durante el gobierno de Frei Montalva, y en pleno auge del movimiento campesino y de sectores de trabajadores, ya se venía discutiendo sobre el principal recurso natural del país. Fue en 1964 cuando se impulsó la “chilenización del cobre”, lo que abrió paso a la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre.
Ya en 1971, tras el triunfo electoral de Salvador Allende y el programa de la Unidad Popular, se continuó con el debate, más aún con miles de trabajadores que exigían la demanda de nacionalización del cobre. Fue el 11 de julio cuando el Congreso Nacional aprobó, de manera unánime, la enmienda constitucional que dio paso a la nacionalización, bajo la Ley Nº 17.450.
Sin embargo, años atrás, el 29 de octubre de 1958, durante el segundo gobierno de González Videla, se promulgó la Ley 13196, conocida como Ley Reservada del Cobre. Esta normativa tiene como objetivo destinar ingresos de la venta de cobre para la adquisición armas y pertrechos, o sea, para la compra y mantenimiento del armamento y otros materiales utilizados por las Fuerzas Armadas. Además, la ley determina que la entrega de fondos debe realizarse de manera reservada, lo que también rige para la contabilidad, el manejo de las cuentas y las inversiones.
La ex Concertación, hoy Nueva Mayoría, tuvo mucho que ver con que se mantuviera esta realidad. Así es como en el 2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos, la ley tuvo una “reinterpretación”, a través de un dictamen de la Contraloría General de la República, el cual estableció que los recursos excedentes a los fondos repartidos entre las ramas de las Fuerzas Armadas, quedaría a disposición de Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional).
Durante el año 2007, primer gobierno de Bachelet, las autoridades determinaron financiar, con fondos de esta ley, la construcción de edificios para la Fuerza Aérea y Ejército, como también, nuevas oficinas en beneficio del Ministerio de Defensa.
A lo largo de todos estos años, las ganancias de la principal riqueza natural se han mantenido en cifras considerables. Pese a las caídas en los precios y la actual crisis que golpe las economías de diversos países, son miles de millones los que se obtienen anualmente y se utilizan en beneficio de la clase dominante, en vez de costear derechos básicos como la educación y salud.
¿En qué se gastan las riquezas que producen los trabajadores del cobre?
Haciendo una relación con tiempos actuales, de los 1.075 millones de dólares vertidos por la cuprífera Codelco a las arcas estatales, el año 2015, el 80%, 858 millones de dólares aproximadamente, terminaron en las arcas de las Fuerzas Armadas, como establece la Ley Reservada del Cobre, recientemente filtrada.
La baja en el precio del cobre ha sido una excusa para la política de “realismo sin renuncia” que ha impulsado el gobierno, que ha moldeado las reformas impuestas en las calles a la medida de los empresarios y la represión. Pero, no siempre estuvo a la baja, en el año 2011, en pleno auge de la demanda de masas de educación gratuita, los excedentes de Codelco fueron más de 3.900 millones de dólares para Chile.
Como si fuera poco, durante el año pasado se realizaron alrededor de 20.000 despidos en el sector de la minería, dejando a miles de familias en las calles y demostrando que los empresarios no dudan en cargar las crisis sobre los hombros de los trabajadores. Por ejemplo, desde octubre de 2013 hasta diciembre de 2015, se desvincularon 55.000 mineros de planta (directo), lo que se agrava al considerar que por cada trabajador directo, existen 2,55 trabajadores subcontratados, por tanto, la cifra de estos últimos alcanza los 140.000.
¡El cobre es nuestro, a recuperarlo!
Son distintos sectores los que exigen la renacionalización del cobre y de los recursos naturales, y que estos pasen a manos del Estado. Para los trabajadores que se organizan en la agrupación Alternativa Obrera, además de lo anterior, la renacionalización se debe dar “bajo control de los trabajadores y sus organismos sindicales, pues nosotros podemos perfectamente gestionar y hacer funcionar la industria minera, no necesitamos a los empresarios, ni a los militares, ni a políticos patronales metiendo las manos en nuestros bolsillos y recursos”, como manifestó el director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Edward Gallardo.
El estudiante de historia, concejero de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, e integrante de la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR), Jorge Sanhueza, quien, al igual que sus compañeros de organización ha apoyado de manera activa las luchas de trabajadores mineros como fue durante la negociación del Acuerdo Marco en 2015, opina que “se puede vencer. Si peleamos juntos, trabajadores y estudiantes, la renacionalización del cobre para la educación gratuita universal y para los derechos sociales del pueblo trabajador, se puede conquistar”, aseguró.
Ángela Suárez Periodista
Javiera Márquez Santiago de Chile
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