El 23 de julio de 1935 la denuncia de los negociados de las empresas imperialistas en la Argentina y la complicidad de sus representantes en el gobierno llevaría al asesinato de un senador de la Nación
El golpe de Estado que derrocó a Yrigoyen en septiembre de 1930, y la dictadura que estableció tuvieron como gran objetivo mitigar los efectos de la crisis capitalista desatada en 1929 sobre la ganancia de los poderosos terratenientes y mantener el pago de la deuda descargando la crisis sobre el pueblo trabajador: trataron de “equilibrar” el presupuesto, se disminuyeron los salarios de los empleados públicos, se crearon impuestos y aranceles a las importaciones.
Se inauguraba una década de mayor sumisión al imperialismo, represión sobre la clase trabajadora y fraude electoral: la “década infame”. Los negociados, la corrupción y la dependencia del imperialismo son características de los países semicoloniales, como la Argentina. Pero en ciertas épocas, los gobiernos se transforman directamente en oficinas de los intereses dominantes en el país, así sucedió en estos años.
Fraude y represión
El General Justo asumirá el poder a comienzos de 1932 como producto de un abierto fraude en las elecciones que aseguraron el triunfo de la coalición conservadora que impulsó su candidatura, la Concordancia.
El fraude electoral será, junto con la represión a la clase obrera, uno de los mecanismos políticos básicos de la “restauración oligárquica”. Este verdadero sistema de la estafa fue llamado “patriótico” por los ideólogos del régimen, que lo justificaron esgrimiendo como argumentos la “inmadurez de las mayorías” (Carlos Ibarguren), la falta de “madurez ciudadana” (Rodolfo Moreno) o la necesidad de la “tutela institucional” de las clases populares (Federico Pinedo). En la práctica, el fraude se hará costumbre durante todo el período: votaban los muertos, los opositores se encontraban con que alguien ya había depositado su voto, desaparecían o se cambiaban las urnas. Para hacer funcionar este sistema aparecerá entonces un definido sector de rufianes especializados en la instrumentación del fraude, que a la vez se encargaban de regentear garitos y prostíbulos, cuando no de organizar directamente grupos de matones patronales dedicados a romper huelgas y atacar a las organizaciones obreras.
Serán años de persecución a las luchas obreras y las corrientes sindicales y de izquierda que sufrían la persecución, el ataque a sus locales y prensas, y la deportación. Amparada por el Gobierno, la Liga Patriótica de los años anteriores encontraba una continuidad en la Legión Cívica Argentina, una organización paraestatal de ideología nacionalista y fundamentalmente antiobrera que llegó a darse el lujo por aquellos años de desfilar con su propio uniforme por las calles de Buenos Aires.(1)
Corrupción y negociados
Frente a la crisis económica mundial que afectaba la principal fuente de divisas del país y de las ganancias terratenientes, la oligarquía buscó profundizar los lazos existentes con Inglaterra, intentando poner a resguardo las cuotas de exportación que la Argentina tenía con este país, en particular, las de carnes. Esta política no podía efectuarse más que al precio de aumentar la sumisión a las imposiciones imperialistas y el reforzamiento del carácter semicolonial del país.(2)
Pobreza y desocupación
La firma, en abril de 1933, del Pacto Roca-Runciman tenía el objetivo de mantener los niveles de exportación de carne argentina a Inglaterra. El gobierno argentino envió a Londres una misión especial encabezada por el vicepresidente, Julio A. Roca (h.), y Sir Walter Runciman, presidente del Board of Trade británico y magnate exportador. A cambio de mantener la cuota de carne Argentina otorgaba brutales concesiones: concedía el 85 % de las licencias de importación y establecía una discriminación en el manejo del control de cambios a favor de las empresas y exportadores británicos; mantenía libres de gravámenes el carbón y otras importaciones inglesas e incrementaba el vigente sobre otros productos, dando un trato preferencial a las inversiones inglesas; se obligaba a la Argentina a abandonar la política de reducción de las tarifas ferroviarias permitiendo a las empresas inglesas aumentar sus ganancias netas, ya que desde 1933 regía la rebaja salarial a los obreros ferroviarios. También se aseguraba la futura creación de la Corporación de Transporte, por la que los capitalistas ingleses pasaban a monopolizar el transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Razones había para que fuera denominado “estatuto legal del coloniaje”. Al precio de aceptar condiciones humillantes y reforzar enormemente la condición de semicolonia del país, el sector más acomodado de los hacendados de Buenos Aires se aseguraba la continuidad de sus ganancias.
El clima de corrupción generalizado en connivencia con las empresas extranjeras fue así una de las características ineludibles del gobierno de Justo. Seguramente el ejemplo más destacado fue el negociado de los frigoríficos, denunciado por Lisandro de la torre en el Senado de la Nación.
Asesinato en el Senado
El 8 de septiembre de 1934, el senador Lisandro de la Torre sostenía en el Congreso: “el ministro argentino, señor Duhau, parece el ministro de algunos de los dominios británicos… sabe perfectamente que los frigoríficos constituyen un monopolio escandaloso… que realizan ganancias ilícitas… pero nunca se ha visto un gobierno como el actual y sobre todo un ministro de Agricultura como el actual…”.
Lisandro de la Torre expresaba, como dirigente del Partido Demócrata Progresista, los intereses de sectores terratenientes perjudicados por el pacto Roca-Runciman, en particular la burguesía santafesina y los frigoríficos de capital nacional. La investigación sobre el negocio de la carne lo llevó a denunciar al ministro de Hacienda Federico Pinedo y al ministro de Agricultura el estanciero Luis Duhau y al frigorífico Anglo por evasión impositiva. En su investigación se encontró con la negativa de las empresas británicas a abrir sus libros de contabilidad y del propio ministro Duhau a brindar información de dependencias del Estado. El informe presentado el 27 de mayo de 1935 establecía que existía un total monopolio del comercio de las carnes por parte de los frigoríficos ingleses y estadounidenses.
La compañía Anglo, por ejemplo, declaraba 75.000 pesos nacionales de utilidades anuales, cuando en realidad sus ganancias en los últimos tres años llegaban a 37.800.000, todo ello avalado por el ministro de Hacienda.
Lisandro de la Torre hizo una notable investigación y una contundente intervención en el Senado: acusó directamente por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo y aportó pruebas irrefutables que comprometían directamente en el negociado a dos ministros del general presidente Agustín P. Justo: Federico Pinedo y Luis Duhau.
El 21 de julio recibió, en plena sesión de la Cámara, una clara amenaza por parte del ministro Duhau: “¡Ya pagará todo esto el señor senador punto por punto!... ¡Ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho!”.
El 23 de julio seguían los debates y De la Torre presentaba más pruebas contra los ministros del gobierno de Justo. En un momento de gritos y empujones entre el senador y el ministro, alguien disparó contra De la Torre, pero hirió de muerte al senador santafecino Enzo Bordabehere.
El asesino era un ex comisario de Vicente López, torturador y extorsionador de prostitutas y hombre de confianza del ministro de Agricultura. Fue condenado. Pero sus instigadores, miembros de la más rancia oligarquía, seguirán libres e impunes. Lisandro de la Torre dio por terminado el debate y su enfrentamiento con los sectores más poderosas de la oligarquía argentina.
Así, pese a las valientes denuncias e investigaciones, la vergonzosa década infame no fue eficazmente combatida por los representantes de ningún sector burgués, serán sí los heroicos obreros de la construcción los que la enfrentarán meses después en una de más importantes luchas de la clase obrera argentina, desplegando las fuerzas de los demás sectores dela clase trabajadora en la huelga general de enero de 1936.
Alicia Rojo
Historiadora UBA
Notas:
1. Para el desarrollo de la década ver Cien años de historia obrera (1870-1969). Una visión marxista de los Orígenes a la Resistencia, Ediciones IPS, 2016.
2. Al mismo tiempo, en defensa de sus intereses la clase dominante se inclinó hacia una política de creciente intervención estatal. Obligada a fortalecer el mercado interno ante la evidente disminución de la capacidad de importar fomentó, además, mediante un proceso sustitutivo de importaciones, la producción en el país de los productos que históricamente obtenía a través del intercambio comercial con el exterior. Ver Cien años…, op.cit.
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