El 27 de junio comienza el proceso de luchas contra el ataque del gobierno de Isabel Perón con el protagonismo de la clase obrera de la provincia de Bs. As. y las “coordinadoras interfabriles”.
Con el retorno del peronismo al poder, las clases dominantes intentaron contener el ascenso revolucionario que protagonizó la clase obrera argentina desde 1969.
Durante 1973 y 1974 los trabajadores protagonizaron una oleada de luchas motorizadas por las expectativas e ilusiones con la vuelta de Perón.
El gobierno peronista intentará contener estas luchas con el Pacto social, acordado con la burocracia sindical y los empresarios, y con la represión contra sectores de la vanguardia obrera. Contra el Pacto se desarrollarán las “rebeliones antiburocráticas” que darán un salto con la movilización contra el Rodrigazo y el desarrollo de organismos de autoorganización obrera: las Coordinadoras interfabriles en 1975.
1975: el ”Rodrigazo”
En el marco de la profundización de la crisis política y económica, en junio de 1975, el gobierno de Isabel Perón pone fin al Pacto Social y Celestino Rodrigo, Ministro de Economía, anuncia un paquete de medidas que impone una nueva orientación económica que beneficia directamente a los sectores más concentrados del capital, intentando revertir la crisis económica y permitir una nueva fase de acumulación capitalista a través de una ofensiva contra los trabajadores.
Rodrigo impone una política de shock: devalúa la moneda un 100%, eleva el precio de los combustibles un 175% y aumenta espectacularmente las tarifas públicas. Estas medidas desencadenan una trepada inflacionaria, que, sumadas a la devaluación, generan una importante transferencia de ingresos del sector asalariado hacia el rural y exportador. Las comisiones paritarias que se vienen reuniendo desde marzo adquieren efervescencia y se desatan conflictos en numerosos gremios. Se pone en marcha un proceso de huelgas y organización que culminará en la primera huelga general política contra un gobierno peronista.
La movilización del 27 de junio
Al plan económico se suma el intento del gobierno de imponer un techo del 45% en los aumentos salariales logrados en las negociaciones. Cuando se conocen los aumentos conseguidos por los principales gremios, muy superiores al tope impuesto, tomará mayor impulso la movilización de los trabajadores para lograr la homologación por parte del gobierno de los nuevos acuerdos salariales.
La movilización obrera comienza antes de los anuncios económicos con la asamblea de los trabajadores de IKA Renault de Córdoba que el 2 de junio decide parar la fábrica. El ejemplo se extiende a las fábricas del interior–esencialmente Córdoba y Santa Fe- y durante el mes de junio se ponen en movimiento los obreros del Gran Buenos Aires con asambleas, huelgas y movilizaciones en las principales fábricas.
Mientras, el secretario general de la CGT, Casildo Herreras, intenta poner paños fríos para impedir que los reclamos desborden los canales de los sindicatos llamando a los trabajadores a expresar “orgánicamente” sus demandas. Sin embargo, la amplia movilización obliga a la CGT a llamar a una huelga en Capital y Gran Buenos Aires para el 27 de junio con concentración en Plaza de Mayo –aunque “en apoyo a la presidenta”- en reclamo de la homologación de los convenios acordados en paritarias.
Los obreros del Gran Buenos Aires paran masivamente y marchan hacia la Capital. Al mediodía la Plaza de Mayo ya está casi llena y la huelga limitada de la CGT se hace general. El gobierno anuncia la sanción de un decreto que fija un aumento salarial e invalida las paritarias, es decir, rechaza homologar los convenios.
Las coordinadoras interfabriles
En este proceso ganan fuerza las Coordinadoras interfabriles del Gran Buenos Aires, Capital Federal y algunas ciudades del interior. Las coordinadoras expresan un doble poder fabril basado en las comisiones internas y cuerpos de delegados que disputaban a la patronal el control del lugar del trabajo y a la burocracia la dirección de un sector del movimiento obrero. Organizadas zonalmente (norte, sur, oeste, La Plata-Berisso y Ensenada, y Capital Federal), serán los obreros de las grandes metalúrgicas y automotrices los que estarán a la cabeza de fábricas como la Ford, General Motors, Astilleros Astarsa, Del Carlo, Tensa, Indiel, Santa Rosa, Alpargatas, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Peugeot, Petroquímica Sudamericana, el frigorífico Swift. En Capital los trabajadores del subte y los choferes organizarán la coordinadora Interlíneas, mientras que comisiones internas de la Asociación Bancaria, coordinarán su actividad y demandas.
Ruth Werner y Facundo Aguirre analizan este proceso considerando distintas fuentes e identificando más de 120 fábricas y establecimientos, agrupando alrededor de 130.000 trabajadores, que tomaron parte activa en sus plenarios y reuniones, considerando solamente Capital Federal, zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires (incluyendo La Plata, Berisso y Ensenada). Entre las entrevistas reflejadas en este trabajo, un activista de la Coordinadora de la zona norte de 1975, cuenta “...Se forman comisiones de discusiones con las comisiones internas, fundamentalmente en Editorial Atlántida, Editorial Abril, o en del Carlo (…) que tenían direcciones de izquierda. Comienza un poco el debate de cómo defender toda la situación que se venía. Porque en la zona norte nos encontrábamos en todos lados, si había un reclamo en una fábrica el resto iba y participaba, por ahí primero los que estaban ligados a un grupo político, pero después no, mucha gente acompañaba a esas comisiones internas y cuerpos de delegados. Y se empezaron a armar reuniones hasta que se llegó a la Coordinadora que unificaba todos los gremios y todas las fábricas de la zona norte”.
7 y 8 de julio: Huelga general
Ante la movilización obrera y las huelgas de hecho, la CGT se ve obligada a declarar la huelga general para el 7 y 8 de julio. El paro es total. El gobierno retrocede y tras el primer día de huelga anuncia la homologación de los convenios.
Se concreta así la primera huelga general política contra el peronismo en el poder, que logra la caída de Rodrigo y López Rega.
La dinámica de la lucha de clases presenta algunos elementos claves. Las “rebeliones antiburocráticas” tienen dos características centrales: tienen su centro en el proletariado de Buenos Aires y durante el propio gobierno peronista. Las luchas aisladas que se dan contra el Pacto Social pegan un salto y se unifican contra el gobierno de Isabel. Estas características definen la potencialidad del proceso abierto en la clase obrera, por un lado por darse en el centro más dinámico y concentrado del proletariado argentino, hasta entonces retrasado en su intervención en el ascenso obrero; por el otro, porque se enfrenta con el peronismo en el gobierno que no podía responder a las expectativas de las masas, lo que abría la posibilidad de una ruptura política de los trabajadores con el peronismo, el mayor obstáculo para que la lucha de la clase obrera asumiera un camino revolucionario.
La clase obrera había acumulado una larga experiencia de lucha y organización que avanza rápidamente a partir de 1969 y comienza a cristalizar en organizaciones, uno de cuyos puntos culminantes serán las Coordinadoras interfabriles. Sin embargo, pese a los importantes pasos dados, no logrará imponerse. El peso de la burocracia sindical y la dirección política peronista de la mayoría de los trabajadores impedirá que el proceso de maduración de la clase obrera cristalice en un nuevo movimiento obrero revolucionario antes que se produzca el golpe. La ausencia de un partido obrero revolucionario con una estrategia de desarrollo de la autoorganización de las masas y, en contrapartida, el peso de las estrategias opuestas a esta perspectiva actuará para impedir que la clase obrera imprima su salida a la crisis nacional.
Alicia Rojo
Historiadora UBA
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