El gobierno de Macri entendió que las palmadas en el hombro recibidas de parte de Trump, el presidente chino y otros, a la salida del G20, constituían un aval suficiente para salir a recauchutar su autoridad política. Por cierto, una autoridad vapuleada por el derrumbe económico, las divisiones en el gobierno y en todos los estamentos del Estado. En función de ello, Patricia Bullrich resolvió modificar el reglamento de armas de fuego de la policía Federal, otorgándole amplios poderes a los agentes para disparar letalmente, ello, en nombre de conjurar lo que cada policía entienda como “peligro inminente”. En un reportaje con Fantino, en ocasión del caso Chocobar, Bullrich señalaba que los “chocobares” yanquis muy rara vez comparecían ante la justicia, y el FBI se encargaba de dirimir favorablemente –y por vía “administrativa”– al 90% de los casos de gatillo fácil en ese país. Este es el ´modelo´ de Estado policial que la ministra quiere importar a la Argentina.
La resolución de Bullrich, de todos modos, sólo apunta a legalizar el régimen criminal de hecho que ya sostienen las fuerzas de represión sobre las barriadas populares, como ocurre todo el tiempo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el “reglamento especial” tiene otro propósito: legalizar el uso de armas en un espectro más amplio de situaciones, y en primer lugar, en las protestas populares. Dos días antes de que se anunciara la “resolución Chocobar”, la misma Bullrich habilitó las armas letales para las marchas contra el G20. El blindaje policial tiene en su mira estratégica a la potencial rebelión popular contra los ajustes oficiales.
Desintegración del gobierno
El “reglamento” criminal, sin embargo, ha tenido como su primera consecuencia un estallido al interior del gobierno. Nada menos que Carrió salió a tuitear, y en forma repetida, contra la medida de Bullrich. Varios diarios oficialistas han destacado que la reacción de Carrió desató una ola de repudio entre algunos de sus seguidores, que la acusaron de “darse vuelta”. No puede ser de otra manera, si se recuerda al apoyo intelectual y político de la diputada al 2x1 o, más adelante, sus dichos despectivos sobre el paradero de Santiago Maldonado. A Carrió no la aterra el “gatillo fácil”, sino las consecuencias potencialmente explosivas de su legitimación, en el país de los movilizaciones masivas contra los genocidas, por el aborto legal o contra la destrucción educativa, y donde el movimiento obrero, a pesar de la burocracia sindical, busca abrir un camino de lucha contra los despidos y por el salario, como lo demuestran Aerolíneas, Firestone, Siam, los docentes bonaerenses y tantos otros.
Sobre la cabeza de Carrió sobrevoló el fantasma de Eduardo Duhalde y el puente Pueyrredón. Pero la desautorización a Macri-Bullrich, desde sus filas e incluso también desde la Justicia –se acaba de producir un amparo favorable a la suspensión de la medida– indica una fractura más vasta en el Estado y en el régimen fondomonetarista. A esta desintegración, la propia Corte Suprema acaba de sumar su “aporte”. Los mismos jueces que habían votado el “2x1” acaban de rechazarlo, dejando en soledad al presidente macrista Rosenkrantz. Esta fractura expuesta se relaciona con el desplome de las perspectivas generales del régimen que el macrismo y los gobernadores pejotistas intentan poner a salvo de la mano del FMI.
La ilusión de que el G20 levantaría el puntaje de Argentina duró menos que el viaje de avión de regreso de los mandatarios imperialistas. Trump volvió a blandir la hostilidad económica hacia China –“soy un hombre de aranceles”–, desatando la caída de Wall Street. Con ella, la frágil estabilidad argentina volvió a tambalear, con la suba del dólar y del riesgo país. Mientras tanto, el país se acerca a una de las peores recesiones de su historia, y las quejas se extienden a varios de los popes de la burguesía. El choque de Carrió, en definitiva, refracta a esta crisis de conjunto. Las tentativas bolsonaristas se encuentran condicionadas por esta crisis de régimen y sus raíces internacionales.
Que muerdan el polvo
La crisis en torno de esta medida ha sido muy educativa, también, de los límites y la miseria política de quienes pretenden armar el “gran frente opositor” contra el macrismo. Ni qué decir que la resolución ha sido redactada a la medida de las pretensiones de Pichetto, y de muchos otros gobernadores pejotistas cuyas policías provinciales ejercen de hecho estas prácticas letales. Del lado del kirchnerismo, el ex secretario Berni calificó a la resolución como “sensata”. Cada hecho crucial de la crisis política, desde el acuerdo con el FMI hasta la política represiva, vuelve a mostrar los límites insuperables de los “nacionales y populares” para enfrentar la orientación social y política del macrismo.
La desintegración del gobierno no reduce en un ápice el contenido criminal de la resolución de Bullrich, ni su carácter de amenaza al conjunto de los trabajadores que quieran luchar contra la política oficial y, desde luego, a la juventud de las barriadas. La crisis entre los represores debe ser aprovechada, sí, para impulsar una gran movilización contra la “resolución Chococar”, hasta su definitiva derogación. Una derrota de Macri y Bullrich en este punto apuntalará al desarrollo de todas las luchas en curso, implicará un golpe político a la coalición fondomonetarista y creará un campo propicio para desarrollar, entre todos los que luchan, conclusiones políticas de fondo.
Marcelo Ramal
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