La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia ha convocado un paro nacional el próximo 21 de noviembre en rechazo a la reforma laboral y jubilatoria, las privatizaciones y las violaciones a las libertades democráticas. Se suman también otros sectores sindicales y organizaciones indígenas.
En su poco más de un año de mandato, el gobierno derechista de Iván Duque se ha topado con la resistencia de los estudiantes, que emprendieron huelgas y movilizaciones por aumento presupuestario, y con un paro nacional en abril contra las políticas de ajuste y entrega (Plan Nacional de Desarrollo), que la CUT convocó pero sin darle continuidad.
El paro del 21 de la CUT se encuentra precedido de un apoyo a las movilizaciones estudiantiles del 10 de octubre y de movilizaciones en las capitales departamentales, el 17 de octubre pasado.
En su comunicado oficial, la central denuncia que el gobierno buscará "establecer el trabajo por horas, el salario mínimo diferencial por regiones, eliminación de las horas extras, del pago de dominicales y festivos, (y de) la indemnización por despido". Es quizás la expresión más brutal de una agenda flexibilizadora común a las burguesías latinoamericanas. Esto cuando el salario mínimo en Colombia es de apenas 241 dólares, aproximadamente la mitad que en la Chile rebelada.
Si la Mesa de Concertación Laboral (integrada por el gobierno, la cámara patronal –Fenalco- y sindicatos) avanza con las reformas, la precariedad perseguirá a los trabajadores hasta entrada la vejez: también se habla de un aumento en la edad jubilatoria (Portafolio, 8/10).
Según la ministra de Trabajo, Alicia Arango, "una flexibilización generará más puestos de trabajo" (ídem, 6/10) y permitirá reducir la informalidad, que asciende al menos al 45% de los trabajadores. Es un intento de enfrentar entre sí a los trabajadores registrados y no registrados. Pero el trabajo no registrado no puede combatirse a partir de la precarización de las condiciones laborales, sino imponiéndoselo a las patronales.
Privatismo
La reforma laboral va asociada a una política privatista. Mauricio Cárdenas, ministro de Economía, busca “privatizar el sector financiero público" (El Comercial, 9/10), formando un holding financiero internacional. Esto significa que los activos de numerosas agencias estatales pasarán a disposición de empresas privadas, que podrán usarlo para operaciones financieras. Serán 19 empresas privadas las que ahora manejarían los fondos públicos.
Libertades democráticas
Pero los reclamos no concluyen ahí: el paro nacional exigirá también que se garanticen las libertades democráticas de la población. Debemos reconocerle a Iván Duque el gran mérito de esclarecer cualquier tipo de dudas sobre el carácter antipopular de su gobierno.
Según un informe oficial del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la asunción de Duque en agosto de 2018 hasta hoy, han sido asesinados 234 activistas indígenas, 137 excombatientes de las Farc (violando el Acuerdo de Paz) y 778 dirigentes políticos.
Todos los casos cuentan con una metodología similar. Ataques sorpresivos en la vía pública, en eventos sociales o irrumpiendo en casas residenciales, por parte de mercenarios no identificados por ninguna fuerza de seguridad. Los grupos paramilitares siguen operando en el país.
Las amenazas y persecuciones también son constantes. Inclusive, a horas de las elecciones municipales, varios locales partidarios, esta vez afines al Partido Comunista, han sido también atacados.
Un gobierno con las recetas del FMI
Queda claro que el atropello contra las condiciones de vida de los trabajadores es total. Y drástico. Los brutales recortes en el sector público, afectando principalmente a los docentes, pasarán a pagar los intereses de la deuda con el FMI, mientras los empresarios se benefician con ganancias siderales.
América Latina ha ingresado a una nueva etapa marcada por las rebeliones contra las políticas de ajuste (Chile, Ecuador, Haití). Para que Colombia se sume a ese pelotón de rebeliones, es necesario superar las trabas de sus direcciones sindicales y políticas. En ese sentido, el paro nacional debe ser el primer episodio de un plan de lucha hacia la huelga general para derrotar la brutal ofensiva flexibilizadora de Duque. Fuera el FMI de América Latina.
Álvaro Chust
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