El país ha registrado un salto en los contagios de coronavirus, llegando a superar el umbral de 1.500 casos diarios el pasado sábado. La situación del Área Metropolitana, así como de Chaco, Chubut o de algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires han mostrado el fracaso del gobierno en la “administración” de la salida de la cuarentena, y han replanteado la discusión sobre una vuelta hacia un aislamiento social más estricto. Sin embargo, las condiciones políticas y sociales distan mucho de las de marzo.
Si bien algunos funcionarios adjudicaron este crecimiento a un mayor registro por el operativo Detectar, lo cierto es que la clave radica en la circulación comunitaria del virus y no exclusivamente en los deficientes testeos que se realizan a cuentagotas únicamente a quienes manifiestan síntomas. Más del 90% de los casos positivos se concentra en Capital y el Gran Buenos Aires, con nuevos focos como el del barrio San Jorge en el partido de Tigre, que suma ya un centenar de casos positivos confirmados, mientras que al sur del Conurbano Quilmes ya supera los 1.200 casos. En la Ciudad de Buenos Aires el virus se multiplica aceleradamente en las villas, que con 6.500 infectados concentran más del 40%, lideradas por la 31 de Retiro (1.700) y la 1-11-14 de Flores (1.300).
Consultado por este salto en el número de contagios, Alberto Fernández aseguró que “deberíamos volver a la fase 1”. Sin embargo, no parece tener la intención de adelantar nuevos anuncios relativos a la crisis sanitaria, según lo ya dispuesto hasta el 28 de junio. Mientras tanto, los choques en torno al manejo de la crisis sanitaria parecen agudizarse entre los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Las críticas a la flexibilización implementada por el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, se centraron mucho en cuestionar el permiso a las salidas recreativas o para hacer ejercicios, pero lo más significativo es que el 85% de los comercios minoristas ya reabrieron la persiana al público. Desde el gobierno porteño retrucan a los funcionarios bonaerenses que el problema en realidad radica en su distrito, dado que la mayoría de los municipios también flexibilizó el aislamiento social y el coeficiente de propagación del virus en la provincia supera al de la Capital. Sostienen por eso que, en lugar de presionar por un nuevo cierre de actividades en la Ciudad, lo que deben hacer es restringir al máximo la circulación entre los dos distritos. Este es un tema caliente, que se cuela en el enfrentamiento entre Sergio Berni y la ministra nacional Sabina Frederic, que se pasan la pelota sobre quién debe hacerse cargo de los controles en los trenes. Los trabajadores ferroviarios, entre tanto, se siguen contagiando; al igual que los colectiveros y trabajadores del subte.
Los reclamos que hizo Kicillof en pos de que las próximas medidas se determinen de manera conjunta para toda el Área Metropolitana no solo responden a la aproximación de un colapso del precario sistema sanitario. Apuntan en particular a evitar ser el blanco de ataque de sectores capitalistas de la provincia, que serían perjudicados por un desfasaje entre la apertura de la Ciudad y una cuarentena más estricta en territorio bonaerense. Ese es el motivo por el cual el gobernador fue habilitando los grandes complejos industriales y los comercios que piden los intendentes. Por eso, los dardos contra Larreta en parte pretenden ocultar que los propios municipios del interior bonaerense van fracasando uno tras otro en lograr una salida de la cuarentena que evite explosiones de contagios. Por supuesto, los jefes comunales también son responsables, como retrata Ezequiel Galli de Olavarría, quien en los días previos al boom de contagios en su partido se había plegado públicamente a la campaña anticuarentena con una encuesta en su cuenta de Twitter.
Llegamos a un punto clave. En las grandes plantas automotrices de Toyota en Zárate y de Volkswagen en Pacheco, que fueron reabiertas con el respaldo de los propios Alberto Fernández y Axel Kicillof en persona, hoy se registran contagios entre los trabajadores. Es una demostración de que la “responsabilidad” de las empresas es un espejismo. Otras grandes fábricas como el pulpo alimenticio Mondelez, la metalúrgica San Cayetano del importante parque industrial de Almirante Brown, una sucursal de Coto en Quilmes, registran más de una docena infecciones en un solo lugar de trabajo. Las patronales ocultan los casos positivos, para evitar el otorgamiento de licencias y la activación de protocolos sanitarios. La circulación comunitaria del virus tiene en el despotismo patronal -con la necesaria complicidad estatal- una de las causas de primer orden. El paro del Sutna para defender la salud de los obreros, con un protocolo sanitario propio, marca un rumbo de intervención para todo el movimiento obrero. Esto vale en particular para los trabajadores de salud, cuya situación de exposición puede graficarse con el relevamiento que realizó la asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad, la cual arrojó que el 83% de los centros de salud porteños carece de los insumos necesarios; las caravanas que se realizaron en distintas provincias pusieron en la calle los reclamos ante esta desidia.
El otro motivo de empantanamiento es el humor social. La advertencia que hizo en su momento Kicillof -para intentar diferenciarse de Larreta y el crimen social cometido contra los habitantes de la Villa 31- asegurando que el mismo cerco que se montó sobre las villas con gran cantidad de casos se establecería por igual en countries y edificios de ser necesario, por supuesto, nunca se llevó a la práctica. El motivo de ello es clarísimo: el problema radica en el hacinamiento y las condiciones insalubres de vida de las barriadas. Por eso, la única respuesta del gobierno es intentar “que el virus no salga”, sin garantizar las más elementales condiciones para prevenir que se siga propagando la enfermedad -y el hambre- entre los habitantes de los barrios aislados. Esto remite a otro gran problema que se presenta con una vuelta atrás en la cuarentena, que es cómo se contiene una situación social que se ha vuelto explosiva. Un ingreso excepcional de 10.000 pesos luego de tres meses, a quien le toca, no llega a calificar como un mecanismo de contención. La magnitud de la movilización piquetera del 11 de junio demostró que la temperatura en los barrios va subiendo.
La posibilidad de retroceder a una cuarentena más estricta genera disputas en función de cuáles serían los rubros perjudicados por mayores restricciones. Es lo que por el momento mantiene el asunto en punto muerto a pesar del boom de contagios. No hay que perder de vista que el gobierno terminó reculando en todos los choques abiertos en abril y mayo con los popes de la “miserable” clase capitalista que embistió desde el primer momento el aislamiento social. Lo dicho vale tanto para la flexibilización de la cuarentena, como para los subsidios otorgados a costa de la Anses, y en particular el aval a los ataques patronales contra los trabajadores -desde la homologación de despidos masivos hasta la promoción oficial del pacto antisalarial UIA-CGT.
De todas maneras, el avance implacable del virus expone el fracaso de los gobiernos. Jorge Capitanich se vio obligado a decretar una vuelta a la fase 1, suspendiendo toda la actividad bancaria y comercial y dando asueto en la actividad pública toda la semana. Ahora bien, hay que tener presente que mientras el gobernador insiste en adjudicar el meollo de la cuestión a la responsabilidad individual, siguen creciendo los contagios de Covid-19 entre el personal sanitario. El solo hecho de que en la provincia se hayan contabilizado 16.000 detenciones relacionadas al aislamiento social -con graves abusos- es un ejemplo de cómo estas medidas se vuelven contra las propias familias trabajadoras, cuando no se les garantiza las condiciones esenciales para cumplir la cuarentena.
En Chubut se anunció una vuelta a la fase 2, pero el gobernador Mariano Arcioni mal puede ocultar su responsabilidad en la situación cuando en toda la provincia se levantaron los trabajadores de la salud reclamando el pago de dos meses de atraso salarial. Es indiscutible que el gobierno ajustador no es capaz de afrontar una crisis sanitaria. Podría sumarse el caso de Entre Ríos, donde Gustavo Bordet debió suspender la apertura casi total que estaba a punto de entrar en vigencia porque en apenas nueve días se duplicaron los casos que registraban desde el inicio de la pandemia.
La conclusión que emerge, una vez más, es que sin un presupuesto extraordinario y una centralización de todo el sistema sanitario, bajo control de sus trabajadores -que son quienes pelean por que se cumplan las medidas necesarias-, no podrá evitarse un colapso. El establecimiento de mayores restricciones a la circulación social, por otra parte, choca con el dominio del interés privado de los capitalistas sobre la vida económica y social del país, por un lado, y con la miseria creciente que implica para la mayor parte de la sociedad por la pérdida de sus medios de vida y el desamparo, del otro.
En definitiva, la pandemia solo saca a la luz las precarias condiciones de vida de la clase trabajadora y el vaciamiento privatista de la salud. Solamente un control popular de la cuarentena y del manejo de la crisis sanitaria puede sacarnos de este pantano.
Iván Hirsch
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