Decenas de miles marchan en todo el país al calor del movimiento #Blacklivesmatter
La rebelión del pueblo estadounidense está teniendo un profundo impacto entre los trabajadores y la juventud australiana. Decenas de miles se vienen movilizando en las principales ciudades a lo largo del país, desde Sidney, Melbourne y Canberra hasta Perth en la costa oeste y Darwin en el norte. El factor local que converge con el movimiento global #blacklivesmatter es la sistemática e histórica violencia y segregación que sufre la población originaria australiana.
Una reciente investigación de Change the record, una asociación de defensa de los derechos de los pueblos nativos, señala que desde el año 1991 fallecieron 449 originarios en las cárceles australianas, la mayoría por problemas evitables de haber sido sido tratados médicamente, con lo que se trata de un abandono a conciencia de esa población. A pesar de que los pueblos originarios constituyen el 2,5% de los habitantes, representan más de un cuarto de la población privada de su libertad (CNN, 6/6). A esto se suman todo tipo de atropellos policiales que se reproducen a diario y la continuidad de una política segregacionista: el contraste entre la situación socioeconómica entre la población originaria y el resto de los australianos es abismal, la expectativa de vida es 9 años menor y la tasa de mortalidad infantil sensiblemente mayor.
La historia política del país está marcada por un fuerte segregacionismo, en primer lugar, contra la población nativa (cuyo genocidio fue el punto de partida del Estado australiano), la cual adquirió derechos ciudadanos recién en 1962, siguiendo por el predominio de un criterio supremacista blanco que se expresaba en la prohibición de la inmigración de países no europeos, política finalizada en el año 1967, llegando a esta actualidad de discriminación contra las minorías. Bajo el gobierno del conservador partido liberal, en el poder desde 2013, Australia se ha caracterizado por tener una de las políticas más agresivas contra la inmigración ilegal, colocando a sus fuerzas armadas a controlar las fronteras marítimas y manteniendo cautivos durante años a los migrantes sin papeles (llegó a tener durante años un centro de detención en el lejano atolón de Nauru, que fue cerrado en 2009 ante las múltiples denuncias de abusos sexuales y agresiones físicas). Los hechos de violencia policial también se registran contra migrantes de países africanos o asiáticos, quienes realizan los trabajos más precarios y peor pagos. Las políticas represivas no se restringen a los liberales sino que abarcan a todos los partidos de Estado, incluyendo el laborismo.
Existe un hilo conductor entre esta política de opresión y la dinámica del capitalismo local. Las comunidades originarias poseen el 30% de la tierra del país, principalmente zonas desérticas, pero que con las nuevas y depredadoras técnicas de extracción de minerales se han transformado en objetivo de apropiación por parte de los monopolios mineros, como BHP o Río Tinto, que tienen un fuerte peso en la economía. La minería representa el 35% del total de las exportaciones del país. Recientemente, una disposición en el Territorio Australiano del Norte habilita a BHP a realizar actividad minera en zonas protegidas por ser sitios culturales originarios (Daily Maverick, 11/6). La economía australiana enfrenta en este momento su primera recesión en 29 años.
El surgimiento de este proceso de movilización de masas contra la violencia policial augura un porvenir bienaventurado para la lucha de clases en el país, toda vez que decenas de miles se movilizaron a pesar de la pandemia de covid-19, desoyendo las declaraciones extorsivas en ese sentido realizadas por funcionarios del gobierno del primer ministro Scott Morrison. La profundización de esta lucha es clave, ya que apunta contra uno de los nervios sensibles de un gobierno en toda la línea reaccionario, aliado de Trump y Netanyahu. La lucha contra la opresión hacia las minorías esta indisolublemente ligada a la lucha contra el régimen capitalista que le da sustento y por lo tanto debe extenderse hacia una organización e intervención independiente por parte de los trabajadores.
Leandro Morgan
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