Opongámosle al "acuerdo nacional" la salida de los trabajadores
La revelación de los verdaderos números del Covid-19 no solo ha producido la salida de Jaime Mañalich del ministerio de salud, por sobre todo ha puesto en completa evidencia el manejo catastrófico de la crisis sanitaria por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Un nuevo informe emitido el sábado 20 por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) reveló que los fallecidos por Covid-19 superarían los 7 mil, si se contemplan aquellos que se produjeron sin que los enfermos cuenten con un análisis PCR positivo antes de su deceso. Una semana atrás, el día previo a la salida del ex ministro de Salud, el gobierno anunciaba que los fallecidos por Covid-19 apenas superaban los 3 mil. La explosión de los contagios de las últimas semanas, que hoy ya superan los 230 mil, y la sensible alza de víctimas fatales, es la consecuencia directa del plan de retorno de los trabajadores estatales a sus puestos laborales y la reapertura de comercios y shoppings, que el gobierno impulsó desde mediados de abril en nombre de la ‘nueva normalidad’ y el ‘retorno seguro’.
El gobierno y el Congreso acompañaron la tardía declaración de una cuarentena en regla con un inusitado reforzamiento de la represión estatal. Las penas de hasta 5 años de prisión para quienes violen la cuarentena y el plan de monitoreo digital mediante el GPS de cada celular, que Piñera anunció y que la Cámara de Diputados aprobó, habla del temor del régimen a un nuevo levantamiento popular. Fue, de hecho, el objetivo de declarar el “Estado de catástrofe” en marzo, en el momento del desembarco de la pandemia en nuestro país. Es que el gobierno, más que al Covid-19, le teme a la rebelión popular. Y lo sucedido hace un par de semanas atrás en la periferia de Santiago, cuando se produjeron intensas jornadas de lucha contra la hambruna y se empezaron a organizar las ollas comunes, es un indicio de que las brasas de la rebelión siguen encendidas.
El derrumbe económico y la crisis social
Cuando los números de la catástrofe sanitaria mantenían en vilo a todo Chile, el Banco Central se encargaba de hacer públicos sus propios números de la crisis económica y de la crisis social. El BCCh dejó en claro que las proyecciones del Banco Mundial, cuando estimó que para el 2020 el PIB chileno se contraería un 4,3%, se habían quedado cortas. El jueves, el BCCh anunció que la caída rondaría entre un 5,5% y un 7,5% y que Chile asistiría a su peor derrumbe de los últimos 35 años. Incluso, estipuló que este podría llegar a los dos dígitos en caso de que se extiendieran en el tiempo las medidas de aislamiento. Además de ello, el informe económico del Banco Central dejó en claro que recién para el 2022 la economía podría volver a los niveles previos a octubre de 2019.
Como respuesta a todo este derrumbe, el BCCh comunicó un plan económico para tratar de pilotear la crisis en curso. En primer lugar, anunció la disponibilidad de otros 16 mil millones de dólares para la banca privada a tasas del 0,5%, que se le suman a los 24 mil millones ya utilizados en los meses previos, con el objetivo de facilitar líneas crediticias baratas para industrias y comercios. Esta línea crediticia ha acicateado el crecimiento de una gigantesca deuda corporativa, que ya equivale a más del 130% de PIB. En segundo lugar, el BCCh anunció su pretensión de avanzar en una reforma de su propia carta orgánica y en una reforma constitucional, con el objetivo de quedar habilitado para comprar en el mercado secundario los títulos de la deuda fiscal. Es decir, el Banco Central saldría al rescate de un fisco que se encuentra con sus arcas exhaustas, como consecuencia de toda su política de rescate del gran capital y de la caída de los ingresos de divisas fruto del derrumbe del mercado mundial. De esta manera, terminó por caerse definitivamente el planteo de que la Línea de Crédito Flexible otorgado por el FMI a Chile a principios de mayo, por el orden de los 24 mil millones de dólares, no sería para afrontar el gasto público y que, por ende, no tendría como contrapartida condicionalidades de parte del organismo al país. Más temprano que tarde, el Fondo reclamará contar con su propia oficina en el Banco Central chileno.
El informe elaborado por el BCCh reflejó también una realidad estremecedora para la clase trabajadora. El desempleo se ha disparado y sólo en Santiago llega al 17%. Sin embargo, entre las cifras no se contabiliza ni el empleo informal ni la suspensión de contratos, que ascienden a los 625 mil trabajadores a nivel nacional. El propio informe reconoce que la mitad de los trabajadores suspendidos no podrán volver a sus puestos de trabajo por incapacidad de las empresas de mantener la contratación. Y el cuadro de desocupación en masa se mantendría de manera sostenida hasta el anhelado (dudoso) “repunte del 2022”.
El significado del nuevo “acuerdo nacional”
En el marco de la agudización de la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social, el único salvavidas del gobierno es el nuevo “acuerdo nacional” que viene de firmar con la mayoría de los bloques del Congreso. El acuerdo busca viabilizar una serie de medidas de asistencia social ultra limitadas y, por sobre todo, un paquete de rescate a los principales grupos empresariales del país. La principal medida asistencial se limita a elevar el monto de la IFE hasta los $100 mil por persona, lo que representaría para una familia de cuatro integrantes un ingreso de $400 mil. Esto, a pesar de que la canasta de pobreza ronda los $500 mil. De los 12 mil millones de dólares que incluye el paquete del “acuerdo nacional”, dos tercios irían destinados al rescate de grupos capitalistas que, mientras absorben los subsidios y rescates estatales, avanzan con los despidos de sus trabajadores, como es el caso de Latam.
Al igual que en noviembre pasado con el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, toda la oposición, con el Frente Amplio incluido, suscribió el pacto. Aunque Revolución Democrática, (integrante del FA) y el Partido Comunista no firmaron el acuerdo, no dejan de ser parte del entuerto. Pues los líderes de ambos fuerzas saludaron “los alcances” del mismo. Es evidente que la maniobra del PC repite la realizada en noviembre pasado. A la colaboración estratégica el PC la ejecuta por la vía de la CUT (central obrera), manteniéndola en la parálisis en momentos donde la desocupación y la miseria están planteando el problema de una hambruna generalizada. A tres meses de iniciada la crisis sanitaria, la CUT sólo ha convocado a un acto cultural por Facebook que pretende enaltecer la precarización de las y los trabajadores de la salud.
De conjunto, queda en claro que el nuevo “acuerdo nacional” no representa simplemente un plan de rescate a los capitalistas, sino que, por sobre todo, significa la reafirmación de una línea principista de parte de los partidos del régimen, desde la derecha hasta la ‘izquierda’: mantener un compromiso férreo de oposición a una nueva irrupción de la rebelión popular.
Un planteo de los trabajadores
La lucha contra la catástrofe en curso plantea el levantamiento de un programa propio de la clase trabajadora. Hace falta avanzar con la duplicación del presupuesto sanitario y en la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo el sector público y privado, y ponerlo bajo la dirección de comités de crisis compuestos y electos por los propios trabajadores y profesionales de la salud. Es necesario defender el derecho a cuarentena defendiendo un ingreso mínimo para todos los desocupados, garantizado por el Estado, de $550 mil. Hay que prohibir los despidos y las suspensiones, actualizar los salarios y poner en pie comités de trabajadores en todos los lugares de trabajo, con poder de paralización de las tareas no esenciales o de las tareas que no respeten los protocolos de seguridad e higiene. Es necesario establecer un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, cesar con el pago de la deuda, romper el acuerdo con el FMI y proceder a la nacionalización de todo el sistema bancario y los recursos estratégicos, para disponer de los recursos del país y así atender la emergencia sanitaria y social.
En definitiva, de lo que se trata es que la crisis la paguen los capitalistas y abrir paso a una salida de los trabajadores. El impulso de esta lucha plantea sacar a la CUT de la parálisis colaboracionista, mediante un congreso de delegados de base de todos los sindicatos que impulse un plan de acción y le oponga al nuevo “acuerdo nacional” la continuidad de la lucha por echar a Piñera y por una asamblea constituyente libre y soberana.
Sebastián Pezo
Fuerza 18 de Octubre
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