Los contagios de coronavirus crecen en el Area Metropolitana a razón de 2.000 diarios, consecuencia de la apertura indiscriminada de la actividad económica y del descontrol de los protocolos sanitarios en las fábricas y empresas y del abandono de los barrios pobres de la Ciudad y del conurbano.
Como ocurrió en Italia, a la cabeza de ese crecimiento se encuentran los trabajadores de la salud, involucrados en la primera línea de fuego de los contagios, pero también los trabajadores de los supermercados, con centenares de infectados, causados por los aprietes patronales para mantener abiertos los establecimientos. Coto está a la cabeza de esta barbarie contra sus trabajadores, pero es norma en todos los grandes súper. Delegados de Disco Alto Palermo lo denunciaron claramente: “No cierran los locales. Desde el Gobierno de la Ciudad nadie nos da bola y nadie controla a los supermercados” (Infogremiales, 24/6).
No hay restricción para bonistas ni patronales
El desdén por la salud obrera contrasta con la diligencia del gobierno peronista en satisfacer las demandas patronales.
La mayor restricción en la cuarentena con la que amenazan Alberto Fernández y Kicillof no abarcaría los intereses de los capitalistas. El gobernador bonaerense está preocupado porque, al ritmo actual de contagios, en siete semanas colapsará la disponibilidad de camas de terapia intensiva, aunque “las industrias seguirán funcionando pero se remarcará sobre ellas la fuerte aplicación del protocolo de traslado de empleados y el control sanitario de los empleados en el lugar de trabajo” (Clarín, 24/6). El combativo Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna) está en una guerra sin cuartel con las patronales para que cumplan protocolos elaborados por el propio sindicato, lo que ha llevado a los trabajadores a realizar paros por la resistencia empresarial. Lo propio ocurrió en papeleros, en el vidrio, en la Alimentación y otros gremios a nivel fabril.
En este contexto, la necesidad de hacer caja para garantizar el pago del endeudamiento externo y afrontar el derrumbe fiscal fue la base para justificar el desdoblamiento del pago del aguinaldo. Al pelotón de provincias que se sumaron, entre ellas las más ricas -Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Córdoba-, se sumó la UIA, que señaló que el aguinaldo deberá pagarse en cinco o seis cuotas, porque el gobierno no integró al Programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP) al pago del SAC. El gobierno no estableció por decreto el pago en cuotas para el sector privado, lo que quedará al libre albedrío de patronales y burocracias sindicales. Nada menos que Carlos Acuña, líder del sindicato de obreros y empleados de estaciones de servicio y uno de los secretarios generales de la CGT, ya acordó con las patronales el desdoblamiento del aguinaldo contra sus trabajadores.
Los patrones también sacaron partido de una supuesta restricción del ATP a partir de junio, que estaría reducido al AMBA, Resistencia y sectores críticos, y a la cobertura de un sólo salario mínimo en el resto del país. A cambio, el Comité Ejecutivo de Unión Industrial Argentina pidió “profundizar e incrementar la oferta de financiamiento existente para el sector”, lo que obtuvo: para compensar este ajuste el Banco Central reflotará los préstamos blandos a tasas del 24% anual para pagar sueldos, aguinaldos y capital de trabajo. Pero no se abrieron los libros de una sola empresa capitalista para examinar su solvencia, tenencias financieras y capacidad de pago.
Este festival de subsidios a los capitalistas convive con un reguero de despidos. En todo el país son 2.100.000 personas sin trabajo que están registradas. El incremento se concentra básicamente en los varones de 30 a 64 años, jefes de hogar. La tasa de desempleo más alta está entre las mujeres de 14 a 29 años y fundamentalmente en el conurbano.
Se abre un período convulsivo: la reacción obrera
La UIA realizó un relevamiento con el que pretende justificar una profundización del rescate de las empresas de parte del Estado y un mayor ataque a los trabajadores. Un 72% de las empresas habrían registrado caídas en sus ventas debido a las medidas que se adoptaron para enfrentar a la pandemia de coronavirus, según un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU). Los que la levantaron en pala y ahora gozan del rescate estatal pintan un panorama dantesco, según el cual el 87 por ciento de las empresas tendrán dificultad para pagar sus salarios, dentro del cual un 64 por ciento directamente no los podrá pagar y el 23 por ciento sólo abonaría aproximadamente la mitad de los sueldos obreros. La reducción de los salarios y el desdoblamiento del aguinaldo es parte de un ataque mayor que las patronales reclaman y que se profundizará aún más cuando finalice la pandemia, bajo la excusa de la “reconstrucción nacional”. La clase obrera busca un camino para superar la colaboración histórica de toda la burocracia sindical. Es la lucha de los obreros del puerto de Buenos Aires en defensa de la paritaria; la paritaria de la Alimentación, que obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria ante un paro anunciado por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación; la huelga de los obreros de la Algodonera de Vicentin; el repudio al desdoblamiento del aguinaldo que llevó a la toma de medidas de fuerza de parte de los sindicatos docentes antiburocráticos de Ademys; los Suteba multicolores; la AGD-UBA; el rechazo de la CGT Regional Córdoba y de numerosas comisiones internas combativas de ATE, son expresiones de una ampliación de los conflictos obreros en todo el país.
La burocracia sindical kirchnerista y los movimientos de desocupados papales, como la Ctep, sólo han reaccionado con gestos de rechazo que buscan cubrir su completa inmovilidad. Sergio Palazzo apenas si le reclamó al gobierno que retrotrajera el desdoblamiento bajo la amenaza de acciones legales, ante una patronal podrida en guita, como las entidades financieras. Las organizaciones sociales del kichnerismo realizaron una jornada de ollas y banderazos que adecuaron el reclamo por Vicentin al recule de Alberto Fernández: el apoyo al “control estatal” de la empresa cerealera, muy lejos de una intervención y mucho menos de una expropiación del pulpo agroexportador.
Por una salida obrera a la crisis
La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero convoca a todos los trabajadores a organizar un plan de lucha unificado para quebrar este plan de guerra del gobierno de Alberto Fernández y de los gobernadores, en defensa de la salud, del salario, de las jubilaciones, de la ocupación y contra los despidos.
¡No al pago de la deuda con los usureros y el FMI¡ ¡Por un impuesto progresivo a las rentas y grandes fortunas! ¡Fuera el pacto UIA-CGT-gobierno! ¡Todos los recursos del país al servicio de la salud y de las necesidades obreras, en medio del crecimiento exponencial de los contagios! ¡Defensa del salario, del aguinaldo, la jubilación! ¡Salario universal para los desocupados de 30 mil pesos!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!
Daniel Sierra
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