La burguesía que tanto se queja de pagar altos impuestos –lo cual es notoriamente falso– suele decir ´si por lo menos el país gozara de servicios como en el primer mundo´. Pues bien: “Imagine un país donde a más de dos millones de personas se les niega el acceso al agua corriente y a tuberías básicas de acceso a los hogares. Donde otros 30 millones viven en áreas donde carecen de agua potable. Donde 110 millones de personas están expuestas a productos químicos tóxicos en el suministro. Y donde el servicio se le ha cortado a 15 millones de personas debido a la gran crisis de asequibilidad del agua del país. Bienvenido a los Estados Unidos de América” (John Mulholland, The Guardian, 23/6).
Este diario en asociación con Consumer Reports y otros, realizó una serie de informes e investigaciones que destacan la desigualdad, la pobreza, la contaminación y las fuerzas comerciales que están en el corazón de la crisis del agua del país. Entre otras ´perlas´ el estudio destaca el fabuloso negocio de “la industria del agua embotellada de miles de millones de dólares. Muchas de estas grandes empresas saquean las fuentes públicas de agua a bajo costo y luego obtienen ganancias desmesuradas vendiendo agua embotellada, a veces a personas cuyo suministro público está contaminado. Muchos estadounidenses creen que el acceso es universal. Pero, de hecho, millones de las personas más vulnerables del país, personas de bajos ingresos en áreas rurales, personas de color, comunidades tribales, inmigrantes, han caído en el olvido. La falta de acceso a agua potable y saneamiento hace que sea difícil mantenerse saludable, ganarse la vida, ir a la escuela y cuidar a una familia” (ídem).
“Decenas de millones de estadounidenses más –dice el informe– están a merced de sistemas de agua anticuados que no suministran agua potable segura; o esos suministros están dañados por contaminadores industriales que no están suficientemente regulados. La minería, la agricultura y otras industrias de alta rentabilidad parecen tener la ventaja de evitar los derechos de los ciudadanos al agua limpia y segura” (ídem).
Según dice el informe “millones de estadounidenses comunes y corrientes enfrentan facturas crecientes e inasequibles por el agua corriente, y corren el riesgo de ser desconectados o perder sus hogares si no pueden pagar. El análisis de 12 ciudades de EE. UU. muestra que el precio combinado del agua y las aguas residuales aumentó un promedio del 80% entre 2010 y 2018, con más de dos quintos de los residentes en algunas ciudades que viven en vecindarios con facturas inasequibles” (ídem).
“La creciente crisis de asequibilidad del agua en Estados Unidos se produce cuando la pandemia de Covid-19 subraya la importancia del acceso al agua limpia. La investigación muestra que el aumento de las facturas no solo está perjudicando a los más pobres sino también, cada vez más, a los estadounidenses que trabajan” (ídem).
Según Roger Colton, un destacado analista de servicios públicos, que participo del estudio "los datos muestran que tenemos un problema de asequibilidad en una abrumadora cantidad de ciudades en todo el país que no existía hace una década, o incluso hace dos o tres años en algunas ciudades. Las facturas de agua que exceden el 4% de los ingresos del hogar se consideran inasequibles” (ídem).
Mientras las tarifas de los servicios privados se fueron por la nubes “la ayuda federal a los servicios públicos de agua, que atiende a alrededor del 87% de las personas, se ha desplomado” (ídem).
“La financiación federal para los sistemas de agua ha caído un 77% en términos reales desde su pico en 1977, dejando a las empresas de servicios públicos locales para recaudar el dinero necesario para actualizar la infraestructura, cumplir con los estándares de seguridad para contaminantes tóxicos como PFAS, floraciones de plomo y algas” (ídem). Como resultado el desplome de la infraestructura ha sido pavoroso, no solo no hay controles sino que más grave aún se multiplicaron los focos contaminantes.
Ningún país del mundo tiene mayores filtraciones de agua que EE.UU.: “se pierden anualmente más de u$s 6 mil millones en agua por fugas, según los analistas de la industria Bluefield Research. Se requerirían al menos u$s 35 mil millones cada año durante 20 años, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para cumplir con las regulaciones federales de seguridad” (ídem). La cifra parece alta, pero son apenas limosnas por referencia a los subsidios que recibió el capital por la pandemia.
En su época ascendente el capital desarrolló las ciudades con sistemas cloacales, de suministro de agua potable, terminando con las pestes y muchas de las enfermedades infecciosas que diezmaron a la humanidad en el pasado. En su época de decadencia deja hundir en el marasmo esas infraestructuras, no las renueva ni las amplía. Es lo mismo que sucede en otro plano con la industria de la carne. El frigorífico moderno terminó con muchas enfermedades del consumo de animales sin el debido tratamiento. Ahora esta misma industria se ha transformado en uno de los principales focos de contagio de Covid-19 a escala mundial, por la sistemática tendencia del capital a violar ya no solo los protocolos de seguridad de los trabajadores del sector frente al virus sino normas bromatológicas de todo orden.
La defensa de la provisión del agua potable es una cuestión que también requiere de la revolución proletaria, en EE.UU. y en todo el mundo.
Norberto Malaj
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