El sábado 20 se produjo el llamado “banderazo”, que no fue un homenaje a la enseña nacional ni a su creador el día que se cumplía el segundo centenario de su muerte. Fue propiciado y organizado fundamentalmente por las organizaciones capitalistas del campo agrupadas en la llamada Mesa de Enlace, incluida la Federación Agraria Argentina, para rechazar el intento de expropiación de Vicentin que había anunciado Alberto Fernández -cabe recordar que fue siempre planteada por el presidente como un salvataje, solo apuntaba a una parte de los negocios del grupo e implicaba un pago a los vaciadores al mejor estilo de la “estatización” de YPF.
El banderazo fue convocado para un día después de que el propio presidente aceptara la variante planteada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de una intervención acordada ante la justicia con el objetivo de rescatar la empresa, llevada a la quiebra por el grupo Padoán-Vicentin.
La movida del 20 apunta a que la salida, aun no resuelta por la justicia, deje la injerencia estatal limitada a establecer los recursos para el rescate de la empresa sin que esto implique un avance sobre los derechos capitalistas de propiedad, ni en Vicentin ni en ninguna otra empresa que deba ser rescatada en un cuadro donde las quiebras afloraran por decenas. No por nada se presentó la jornada como el levantamiento ciudadano en defensa de la propiedad privada.
Todo esto revela desde ya que la suerte de Vicentin no está aún resuelta y que puede todavía correr mucha agua bajo el puente.
Lo cierto es que el gobierno dio marcha atrás, en los hechos, a la intervención (el proyecto de ley no llegó al Congreso, ni se lo conoce) y Alberto Fernández se acopló al plan Perotti.
¿Qué llevó a Alberto Fernández a abandonar el planteo de la expropiación?
Según algunos medios, que hicieron del rechazo al DNU presidencial y al proyecto de ley nonato para que el Estado se quedara con Vicentin una causa propia, como es el caso de Clarín, La Nación e Infobae, Alberto Fernández habría sido derrotado por la magnitud del rechazo a la “126” (así bautizaron el proyecto oficial) que las organizaciones del campo supieron organizar, o sea que habría sufrido la misma suerte que el gobierno de CFK con la 125 en 2008 cuando fracasó en el Senado en la aprobación de la resolución que aumentaba las retenciones a la actividad agropecuaria. Habría que recordar que Fernández, Alberto, en ese entonces estuvo entre los que la rechazaron.
Presentar al banderazo como “histórico” (La Nación), cuando su adhesión fue raquítica, sobre todos en las ciudades, para emparentarlo con las movilizaciones multitudinarias contra la 125 tiene el evidente propósito de que quede claro que la burguesía está dispuesta a marcarle la cancha al gobierno. No sería la primera vez: el impuesto a las grandes fortunas junta polvo en los cajones del congreso; la “idea” de Fernanda Vallejos de sumar al Estado como socio de las empresas a las cuales les da asistencia no llegó siquiera a cobrar forma, y la “soberanía alimentaria” que justificaba la expropiación de Vicentin quedó pérdida mucho antes del plan Perotti. Tampoco es necesario recurrir a grandes movidas populares para ello, basta con retener los dólares de la soja para forzar una devaluación, fugar capitales, etc., sin olvidar que son el vehículo de las presiones de los fondos de inversión para que el gobierno mejore (o sea empeore para la Argentina) la oferta de arreglo de la deuda. La clase capitalista tiene una larga práctica en estos menesteres.
La oposición patronal de derecha (Cambiemos) pretende colgarse del rechazo a la expropiación de Vicentin para darle una representación política, cree encontrar una brecha para recuperar un protagonismo perdido. Pero la representación de los intereses del “banderazo” está dentro de la propia coalición gobernante.
Recalculando
A partir del momento en que Alberto presentó el plan de expropiación (para “rescatar a la empresa”) rodeado del futuro interventor y de la senadora camporista por Mendoza, Fernández Sagasti, el operativo para desarmar la iniciativa expropiadora, incluso en su versión más light, se puso en marcha desde las mismas filas del oficialismo.
A la cabeza estuvo abiertamente el gobernador santafesino, pero contó con el apoyo de Schiaretti, Sergio Massa y, según algunos medios, hasta del propio ministro de Agricultura, que junto a Martín Guzmán reconocieron desconocer previamente la iniciativa. Hay que destacar que la defensa acérrima de la expropiación quedó en sectores marginales del oficialismo. La posibilidad de que el proyecto fracasara en el Congreso porque el oficialismo no juntaba a su propia tropa cada vez era mayor.
La decisión de acatar con tanta rapidez la resolución de un desconocido juez del norte de Santa Fe solo se entiende porque para el propio Fernández esta es un salvavidas para evitar recular y enterrar él mismo su anuncio (estallando así una crisis abierta por el propio gobierno y para más en el medio de la negociación de la deuda). La burguesía no lo hubiera tolerado porque necesita que el gobierno llegue con rapidez, a cualquier precio, a un acuerdo con los bonistas que le abra el mercado de capitales para volver a endeudarse.
La idea de que Alberto se apresuró a lanzar la expropiación acicateado por CFK, que quería impedir que Vicentin pasara a un grupo guiado por Manzano, cobra fuerza; el carácter de una conducción bicéfala del gobierno ha vuelto a ser puesta de manifiesto y revela que el gobierno se maneja con una cuota de fuerte improvisación y sometido a las presiones que trasmiten los propios integrantes de la coalición oficial.
Las “banderazos” opositores y oficialistas tienen también otro sentido. La quiebra del Grupo Vicentin sacó a luz un manejo cuasi mafioso de la principal actividad económica del país (la agropecuaria) y no solo eso sino también el manejo del sistema bancario y sobre todo del Banco Nación. Créditos discrecionales, contrabando, fuga de divisas, especulación para establecer el valor de la moneda (devaluación), acaparamiento de productos y por supuesto una alta cuota de superexplotación y abusos sobre los trabajadores, es lo que sucede con la riqueza que se produce en el país y a la cual los gobiernos nos llaman a defender aun a costa de la propia miseria del pueblo argentino. Todo esto abonado por el control de los puertos y por el sector más vital del comercio exterior del país.
La política del Partido Obrero y el Frente de Izquierda
¡Qué oportunidad para meter la mano, destapar la olla y proceder en consecuencia! ¿No corresponde ir en una investigación a fondo, abrir los libros y echar luz sobre el negocio de la actividad agroexportadora?, ¿no se impone como salida establecer un monopolio estatal sobre el comercio exterior y el mercado de divisas, dejar sin efecto la privatización de los puertos, para saber qué entra, qué sale, en qué condiciones y a qué precios? Hacer público este negociado es fundamental para desarrollar una salida para el país de acuerdo a los intereses generales. Los gobiernos que se han venido sucediendo, incluso de diferentes signos políticos, abonaron el robo de las riquezas. En esto no ha habido grieta.
En ese sentido se orienta la política del FIT: expropiación sin pago de todos los activos del Grupo, abrir los libros de Vicentin, investigar todo el manejo, lo que va a dejar al descubierto una larga fila de fraudes, poner todas esas medidas bajo el control de los trabajadores. Esto está plasmado en el proyecto que presentaron los diputados del Frente de Izquierda Romina Del Plá y Nicolás del Caño. Los trabajadores tienen que intervenir con un planteo propio, los “banderazos” opositores u oficialistas no los representan y significan un hundimiento aun mayor de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo.
Eduardo Salas
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