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domingo, junio 14, 2020
Los primeros cien días de la Coalición multicolor en el gobierno en Uruguay
Talvi anunció su salida del gobierno y se evidenciaron algunas debilidades. Se conocieron los datos de la inflación de mayo y sigue subiendo, atentando contra el bolsillo de trabajadores y trabajadoras. La pandemia como excusa. La LUC y la “oposición responsable”. Paro general parcial ¿Hacia el diálogo social?
La salida de Talvi y los límites de la coalición
El pensador florentino Nicolás Maquiavelo en sus consejos al príncipe acuñó la famosa frase “el mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco”, que parece guiar hoy las acciones del gobierno. A diferencia del ex presidente argentino Mauricio Macri, que cuando en 2015 asumió el gobierno se encontró ante la disyuntiva “gradualismo o shock” en lo referente a las reformas que ansiaba el empresariado nacional y extranjero (y optó por el gradualismo), en Uruguay Lacalle Pou consciente de las restricciones en lo que respecta a la relación de fuerzas, se apresta a avanzar “todo lo que se pueda” en su programa de gobierno. Relación de fuerzas en un sentido amplio del término. No solamente desde el punto de vista de la relación entre las clases y la posible conflictividad social que se deriva de ella, sino también las restricciones y límites que impone la misma lógica de la coalición política y social que gobierna y su posible fecha de vencimiento. Un ejemplo de esto es la cantidad de artículos que fueron cambiados al proyecto original de LUC que ingresó al parlamento el 23 de abril, y que expresaba el programa de gobierno del Partido Nacional. El gobierno comunicó esto como un triunfo del trabajo parlamentario haciendo hincapié en la forma democrática en la que todos los partidos aportaron a la LUC, incluido el Frente Amplio. Aun así, el gobierno avanza en los aspectos importantes y reaccionarios de su agenda, que tiene en los primeros 120 artículos el núcleo de la política represiva.
Los chisporroteos y las idas y vueltas alrededor de la anunciada salida de Ernesto Talvi de Cancillería muestran esos límites políticos que la realidad le impone a Lacalle Pou, que representa a un partido que obtuvo el 28% de los votos en octubre pasado. Quizás Venezuela sea una excusa, o quizás exprese la política negociadora del candidato demócrata Joe Biden y el ala obamista, que ve que la política de Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro ha sido contraproducente para los intereses norteamericanos en la región y en contrapartida observan el avance de China y sus negocios.
Talvi decide salirse de un ejecutivo demasiado unipersonal y recostado en la “mesa chica” a la hora de la toma de decisiones (Álvaro Delgado, Nicolás Martínez e Isaac Alfie), para retomar la iniciativa política desde el parlamento, que le permita ponerse al nivel de líder de la coalición y, por sobre todas las cosas disputar la conducción del Partido Colorado que hoy la ostenta Sanguinetti. La salida de Talvi del ejecutivo implica un menor compromiso para con el gobierno, y, a su vez, “manos libres” para actuar en el parlamento.
Existe una contradicción entre la concepción centralista presidencialista del poder en Lacalle (que habilita la Constitución de 1967) y las condiciones para su sostenimiento, marcadas en la fragmentación política del sistema de partidos, que hace a la coalición más inestable y sensible a los vaivenes de la economía, la opinión pública y del propio juego político de sus socios.
LUC, salarios y presupuesto: Las tres patas del combo ajustador
La semana pasada se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al mes de mayo que arrojó una inflación anual en el entorno del 11,05%. Esta situación de alza generalizada de precios sigue golpeando el bolsillo de miles de trabajadores y trabajadoras. Como bien fue marcado desde el estrado en el acto del PIT-CNT las causas de esta escalada de los precios deben observarse en el impacto de los aumentos de las tarifas públicas, la mini-devaluación de los primeros días de marzo, y en la especulación de precios de las grandes cadenas de supermercados. Esta situación se combina con la reducción de los ingresos de importantes franjas de la clase trabajadora formal e informal.
Estos datos deben complementarse con la intención manifiesta del gobierno de avanzar hacia una caída del salario real. Las pautas presentadas por el Ministro de Trabajo Pablo Mieres contemplan un aumento 0 para lo que queda de este año y un ajuste salarial nominal de 3% a partir de enero de 2021. Una situación que dada la inflación actual y la proyectada para el resto del año, tendrá como consecuencia una pérdida notoria del salario real.
El gobierno multicolor encontró en la pandemia no solo un baúl de posibilidades y capital político (en el caso de un buen manejo sanitario), sino, por sobre todas las cosas, y a falta de un estallido del modelo económico anterior, una “justificación de la desgracia” para avanzar en sus medidas regresivas.
Confiado, el gobierno toma impulso a caballo de las encuestas de opinión pública. La LUC votada en el senado combina empoderamiento policial, con endurecimiento de leyes, así como una visión mercantilizadora de la educación pública, y también restrictiva en lo que respecta a la manifestación pública, los piquetes y el derecho de huelga.
“Oposición responsable”
El Frente Amplio, que ha actuado como “oposición responsable” ha optado por hacer una resistencia parcial de “reducción de daños”, discutiendo el momento en que fue presentado el paquete de leyes y en su contenido, denunciando alguno de sus aspectos más regresivos. La consecuencia de esta política es que el FA votó en particular alrededor de la mitad del articulado final de la LUC.
Esta colaboración del Frente Amplio llegó esta semana al punto culmine de votar las venias para la integración de entes autónomos entre los que se encontraban Julio Luis Sanguinetti “Cangrejo Rojo”, y Gastón Bianchi, el vicepresidente designado de la ANP por Cabildo Abierto, ahora bajado del cargo. Los conocedores del manejo del estado, de los acuerdos parlamentarios y de los entretelones interpartidarios seguramente argumentarán al igual que la dirección del FA que la votación de las venias partió de un acuerdo necesario que contemplaba la integración de la oposición. Pero lejos de esto, lo que devela es la subordinación de la acción política a la ocupación de cuotas políticas en el estado, algo que se riñe con la ética de muchos frenteamplistas de las bases, y que, por otra parte, permite mantener las finanzas del propio Frente Amplio.
La tercera pata del esquema de ajuste del gobierno viene con la discusión presupuestal, que ya Isaac Alfie advirtió que será intención del gobierno ir hacia un presupuesto restrictivo del gasto público. En las últimas horas, Azucena Arbeleche matizó la definición planteando que no será un presupuesto para bajar el gasto público, pero que sigue vigente la directiva de ahorrar. No hay lógica, o se ahorra o se gasta.
El paro general parcial del 4J: ¿Hacia el diálogo social?
Mientras se discutía la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Parlamento, miles trabajadores y trabajadoras de distintos gremios se movilizaron en el marco del paro general parcial del PIT-CNT y la Intersocial, a pesar de la crisis sanitaria, poniendo sobre la mesa reclamos genuinos y demostrando una voluntad y predisposición a la lucha importante. Estuvieron presentes los reclamos en defensa de la educación pública, del “4 y 2” para la salud, así como el reclamo por una renta básica o salario de emergencia para los más de 270 mil trabajadores informales que desde el comienzo de la pandemia vieron destruidos sus ingresos. Otro de los puntos presentes fue el reclamo de una canasta básica energética impulsada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes.
El discurso de Marcelo Abdala tuvo como eje la defensa de una política desarrollista y de búsqueda de un nuevo pacto social. Abdala hizo una defensa de la pequeña y mediana empresa nacional e insistió reiteradas veces en que la convocatoria no tendría que ver con un espíritu de “poner palos en la rueda”, sino con encontrar caminos de diálogo. Por esto, la movilización no parece ser el puntapié de un plan de lucha que esté a la altura del inicio de hostilidades desatado por el gobierno, sino más bien la política de movilización social de baja intensidad y de discurso conciliador parece ser el complemento “por abajo” a la política de “reducción de daños” de los parlamentarios del Frente Amplio.
Esta política de la dirección mayoritaria del PIT-CNT a la vez que realiza una demostración de fuerzas importante, busca ubicarse como interlocutor frente al gobierno de toda la oposición social y política de cara a lo que se viene, rol que el FA no está pudiendo cumplir dado que no está resuelto quien será el nuevo líder de la nueva etapa histórica. Lacalle Pou ni bien llegó de Rivera ubicó a Tabaré Vázquez en esa posición de líder opositor, anulando al resto de los dirigentes y menoscabando la autoridad de política de dirigentes que ya están cuestionados como Javier Mirando, o de otros que no son capaces de tener el consenso dentro del FA.
La dirección mayoritaria del PIT-CNT (la corriente Gerardo Cuesta) nuevamente se postula como garante de la “paz social”, tarea que debe llevarla a cabo en medio de una situación económica que golpea a miles de trabajadores y trabajadoras en seguro de paro y despedidos. Cumple un rol de mediación entre la clase trabajadora y sus legítimas aspiraciones a no perder lo conquistado, y el gobierno junto a las patronales que buscan ir más a fondo en introducir reformas laborales y represivas que creen un “clima de negocios”.
Fortalezas tácticas, debilidades estratégicas
En el mundo y en nuestro país estamos presenciando los efectos de la pandemia sobre la economía y los intentos de los capitalistas por redoblar la explotación del trabajo. Por sobre todas las cosas, vemos una caída histórica de los ingresos de los trabajadores. Los planes de Donald Trump junto a la Reserva Federal estadounidense de inyectar el 10% de su PBI en dinero, aumenta aún más las contradicciones de un capitalismo que nada bueno puede ofrecer a los más de 20 millones de nuevos desempleados de ese país. A su vez, el magnate neoyorquino enfrenta un movimiento histórico de rebeliones en distintas ciudades que vuelve a poner sobre la mesa el carácter racista del estado norteamericano y sella una fuerte alianza entre la juventud de la comunidad afro, junto a los jóvenes blancos y los latinos, alianza que expresa la candidatura del candidato socialdemócrata, Bernie Sanders.
En nuestro continente se sumarán en el correr del año 12 millones de nuevos desempleados según CEPAL.
En nuestro país, coyunturalmente transitamos 100 días de una luna de miel con el gobierno de Lacalle Pou y la coalición multicolor, que, hace apenas dos meses no podíamos imaginar posible dada la situación de crisis sanitaria, la incertidumbre alrededor de la posible saturación del sistema de salud y su también posible efecto en muertes. Sin embargo, el gobierno tiene debilidades a mediano plazo, no solamente dadas por la propia coalición, sino porque es imposible que pueda recrear un futuro de mejoras económicas y sociales. Los planes del gobierno en materia salarial y presupuestaria no hacen posible un “pacto social” entre trabajadores y empresarios en el que “todos ganen”.
Think tanks relacionados con el gobierno auguran un nuevo ciclo o “veranito” de inversiones en el corto y mediano plazo hacia países como Uruguay, dada la abundancia de dólares y su tasa de interés en 0%. Es por esto que el gobierno intenta hacer los deberes en cuanto al mejoramiento de las cuentas públicas y la baja del gasto estatal, dando señales a las calificadoras de riesgo de la deuda y el FMI. Pero puede suceder que aún el gobierno liberal haciendo esas tareas no consiga la “lluvia de inversiones” de los capitales extranjeros.
El gobierno multicolor expresa un marco de alianzas sociales variopinto que va desde las capas medias descontentas por la dinámica económica de los últimos cinco años y demandas relacionadas con la inseguridad, hasta los reclamos de rentabilidad por parte del sector agropecuario, así como también a sectores “antiderechos” y militaristas nostálgicos de la dictadura.
Quizás sea tiempo de comenzar un debate en toda la izquierda acerca de qué marco de alianzas, método y programa se necesita para enfrentar a este gobierno.
Damián Recoba
Domingo 14 de junio | 12:23
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