domingo, junio 14, 2020

Paraguay: la movilización derrota intento de ajuste sobre los fondos jubilatorios

Luego de una jornada de caravanas encabezada por médicos y jubilados organizados en el sindicato de trabajadores del IPS (Instituto de Previsión Social), el senador Silvio Ovelar, del oficialista Partido Colorado, tuvo que retirar su proyecto de ataque a las jubilaciones, presentado el 26 de mayo en el Congreso de Paraguay. Más de 200 de vehículos formaron parte de esta iniciativa, partiendo desde la Costanera con destino al Congreso, que fue rodeado, y finalizó en las instalaciones del Ministerio Público (fiscalía), donde se presentaron denuncias contra Andrés Gubetich (actual presidente del consejo del IPS), Benigno López (actual Ministro de Hacienda–ex presidente del IPS) y Armando Rodríguez (ex presidente del IPS) por el vaciamiento del instituto.
La ofensiva contra los jubilados pretendía, a través de este proyecto de ley del partido del presidente Abdo Benítez, utilizar los fondos de las jubilaciones con el objetivo de realizar “inversiones financieras” fuera de todo control por parte de trabajadores y jubilados.
El IPS se encuentra en una situación terminal, el Estado paraguayo tiene una deuda histórica de 400 millones de dólares con el organismo y además sus ingresos están en caída debido a la ola de despidos fruto de la crisis económica. Sumado al refinanciamiento de las deudas patronales y al rescate empresarial que deviene del pago de sueldos a los trabajadores suspendidos con fondos del instituto, se ha perpetrado un desguace en regla del ente previsional. La combinación explosiva de estos factores podría poner en peligro el pago del salario de 17.000 trabajadores (11.000 empleados del sector salud y 6.000 administrativos) correspondiente al mes de julio (La Nación Py 4/6) que debe afrontar el organismo.
La antesala del ataque a las jubilaciones fue el dictado de la Ley de Emergencia, votada en abril, cuya espina dorsal fue la ejecución de un ajuste en la planta estatal con su secuela de despidos y rebajas salariales.
Las acusaciones realizadas por los trabajadores contra el presidente del Instituto de Previsión Social y los demás personajes afines dan cuenta de un enorme entramado de corrupción al interior del organismo público, vinculado a todos los elementos del poder político. Además de pedir la renuncia de Andrés Gubetich por su política de ajuste, se han denunciado licitaciones para la compra de insumos con sobreprecios astronómicos, las cuales fueron costeadas con fondos del IPS, como por ejemplo la adquisición de diez mesas para reunión a 54 millones de guaraníes cada una, cuando su costo real no supera los 10 millones de guaraníes. Lo mismo ocurrió con la compra de dos minibuses, cuyo costo unitario real es de 243 millones de guaraníes y por los cuales el organismo estatal pagó 897 millones (ABC Color, 8/6). Estamos ante una política completamente criminal cuando en Paraguay escasean los medicamentos y los insumos sanitarios básicos, y se hace necesario dotar al sistema de salud con el equipamiento necesario para combatir la pandemia.
El intento del gobierno paraguayo de avanzar en un ajuste contra los fondos del IPS forma parte de la guerra emprendida por los gobiernos capitalistas contra los regímenes jubilatorios en todo el mundo. La bancarrota del capital busca ser superada a través de la destrucción de los sistemas previsionales, a fin de transformar las jubilaciones en una pensión asistencial a la vejez. En Latinoamérica, esta orientación se desarrolla rápidamente al fragor de la pandemia de coronavirus, que exacerbó las contradicciones sociales preexistentes y motorizó a los gobiernos a salir al rescate de la clase capitalista profundizando sus ataques hacia las masas, como lo demuestra la suspensión de la movilidad jubilatoria con rebaja incluida consumada por Alberto Fernández en Argentina o la reciente reducción de aportes patronales votada en el parlamento ecuatoriano.
Es necesario rechazar toda tentativa de hacer pagar la crisis a los jubilados y trabajadores paraguayos. Las masas trabajadoras deben intervenir como un actor político independiente para imponer un programa propio y darle una salida a sus necesidades más urgentes.

Nazareno Kotzev

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