El manejo (o desmanejo) de la gran quiebra nacional que se está desarrollando es, junto con la cuestión de la pandemia, el problema crucial para todas las clases sociales en el país. La quiebra se desenvuelve en forma fulminante desde antes de la pandemia, los datos del primer trimestre del año arrojan un desempleo superior al 10% y una caída económica del 5%. La caída en el año llegará al 9,9%, según el FMI. El primer trimestre, antes de la cuarentena, arrojó 300 mil desocupados más que el último trimestre del año pasado: varios centenares de miles más pueden engrosar las filas de la desocupación en los próximos meses. La UIA señaló la peor caída industrial desde 2003 en abril de este año, y no hay recuperación en mayo y junio. En el caso de la Argentina, la quiebra es una quiebra al cuadrado, porque la quiebra de la pandemia se produce sobre la bancarrota precedente.
La intervención del Estado apunta a rescatar al capital en crisis, pero a costa de los trabajadores y ni así lo consigue. El pago de los salarios a través del ATP se realiza con los fondos de la Anses, mientras se plantea prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria y se condena a los jubilados a haberes de miseria. En lugar de impuesto a las grandes fortunas, el gobierno estableció una moratoria para los capitalistas, de la cual será (cuando no) víctima principal la Anses. El proyecto del Frente de Izquierda ha quedado como única bandera de un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas.
La capitulación del gobierno frente a los acreedores externos marcha a pasos acelerados. El gobierno comenzó con bonos que tenían un valor presente neto al emitirse de 30 dólares, y se está negociando cerca de los 55 dólares que reclama BlackRock. La etapa final de la negociación abarca los reclamos de los fondos en cuanto a establecer una supervisión en regla de la economía nacional por el FMI y eliminar las cláusulas “antibuitre”, que impiden ir a juicio en los tribunales de Nueva York frente a nuevas reestructuraciones.
Mientras, el gobierno paga o refinancia la deuda en pesos, con vencimientos de 1,04 billones hasta fin de año. Una parte de la misma la transformó en deuda en dólares, para regodeo del fondo Pimco, principal acreedor de las nuevas emisiones.
La intervención de Vicentin se enmarca en esta política porque agravará el quebranto del Estado, sumando las deudas del grupo en bancarrota. La patronal vaciadora busca golpear al gobierno y negociar condiciones propias en el rescate, pero el gobierno, con su intervención, apunta a rescatar a los acreedores. Si el juez de Reconquista hiciera lugar al pedido del gobierno de Santa Fe, el Estado debería empezar por desembolsar un mínimo de 100 millones de dólares para comenzar el rescate de la empresa. El proyecto del FIT, la expropiación de los activos y el desconocimiento de las deudas con la banca extranjera y el gran capital apunta a rescatar salarios y fuentes de trabajo sin hundir las finanzas del Estado para el rescate de los capitalistas.
La gran contradicción es que este rescate se desarrolla sin recursos. El resultado del desfinanciamiento impositivo (legal o de hecho) de los capitalistas al Estado y la asistencia masiva a las patronales es, obviamente, la quiebra estatal. Para absorber la emisión monetaria, el Banco Central emite Leliqs, que alcanzan un récord de 1,7 billones, sumando con pases bancarios 2,3 billones, lo que implica aproximadamente 70.000 millones de pesos de intereses mensuales (al 38% de interés). La promesa de pagar a los jubilados con los intereses de las Leliq se transformó en su contrario: una nueva montaña de intereses de Leliq y un nuevo ajuste a las jubilaciones. La emisión monetaria se vuelca al dólar agravando la carestía y la inflación, que golpean los salarios de los trabajadores.
El hipotecamiento argentino es sencillamente sideral y explosivo si tomamos en cuenta el endeudamiento privado o corporativo, el de las provincias y el del Banco Central vía Leliqs.
Salarios y aguinaldos bajo fuego
El gobierno demoró hasta fin de junio el anuncio de ATP destinadas al pago de sueldos para el sector privado y cedió frente a la amenaza patronal de un paga dios masivo contra los salarios, a pesar de que gran parte de los trabajadores ya está sufriendo un recorte del 75% de sus salarios (pacto CGT-UIA-gobierno mediante). Pero, tanto la IFE a los “sin ingresos” como la ATP se reducen, víctimas del ajuste. Al mismo tiempo, como las empresas asistidas no deben abrir sus cuentas, el Estado financia fraudes patronales. En sectores como el de Fast Food, las empresas aplican descuentos que llevan a los recibos de sueldo a figurar en negativo, en nombre del cobro del ATP por los trabajadores. Pero los abusos patronales están en el orden del día en decenas de gremios, como Comercio, donde las patronales no pagan el bono de 5.000 pesos a los trabajadores de los supermercados y los fuerzan a funcionar sin medidas de seguridad, propiciando contagios masivos.
Si de recortes salariales se trata, se destaca el ataque al aguinaldo, que el Estado nacional pagará en cuotas, dando una señal de aval a las provincias y al sector privado en este sentido. En Capital, donde el gobierno tiene espaldas para un pago completo, se anunció el pago en cuotas.
En el torniquete a los salarios, la burocracia sindical y el gobierno vienen siendo una piedra fundamental. El Supa portuario levantó la combativa huelga en el puerto de Buenos Aires, a cambio de una promesa de negociación, en un cuadro de un salario planchado con un 20% de aumento anual y concesiones leoninas del gobierno a las empresas que actúan en el puerto. Otro tanto ocurrió en el levantamiento de la gran huelga de los trabajadores de la algodonera de Vicentín por salarios donde jugaron fuerte el gobierno de Perotti con una conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la burocracia textil, que apretó a los obreros para levantar las medidas. Todos complotados, mientras negocian con Nardelli en los estrados judiciales, para que los trabajadores sigan cobrando 22.000 pesos mensuales. El mismo recurso, la conciliación obligatoria, aplicó el Ministerio de Trabajo contra el paro de la alimentación, otro sector que preserva sus ganancias en la crisis, a costa de salarios de 40.000 pesos mensuales.
Así como el rescate a las patronales por medio de la ATP va de la mano con un ataque generalizado a los salarios, el IFE ha quedado pulverizado por el paso de los meses. Recién se cobra una segunda cuota de 10.000 pesos a mediados de junio -o sea, a tres meses de pandemia y no se paga más en las zonas que salieron de la cuarentena. Mientras tanto, el hambre avanza en los barrios.
La extorsión patronal
Un caso testigo de la ofensiva patronal lo representan, sin duda, las empresas aeronáuticas. Latam presentó el recurso preventivo de crisis extorsionando con 1.700 despidos en nombre de la “inflexibilidad” de los trabajadores, que no aceptaron rebajas salariales ni ajustes en las condiciones de convenio. Aerolíneas y Austral, con el gobierno a la cabeza, van por una fusión que va a representar un enorme ajuste contra los básicos de convenio y las condiciones de trabajo especialmente en Austral. El gobierno no movió un pelo frente al anuncio de Latam y la burocracia de APA salió inmediatamente a desactivar una movilización votada en asamblea en el Aeroparque en defensa de las fuentes de trabajo. Los aeronáuticos de Austral y Aerolíneas llevaron adelante una gran caravana contra la fusión, contra la posición de la burocracia que dirige los gremios, que la avala. La apertura de cuentas de Latam es una medida elemental, que el gobierno está a años luz de tomar. Latam pondrá a prueba el relato nacional y popular y, una vez más, a la burocracia sindical y aún a la izquierda con posiciones sindicales en la compañía. Es preciso asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo y la conectividad del país, nacionalizando sin pago los activos de la empresa bajo control de sus trabajadores.
Las numerosas luchas que se van desenvolviendo abren una perspectiva para defender los reclamos de los trabajadores, en línea con lo que planteó el Plenario Sindical Combativo que salió a la calle el 16, marcando una alternativa a la política de entrega de la burocracia. En el Neumático, se logró, por ejemplo, frenar las rebajas salariales y ahora se pelea por un protocolo para frenar el avance del Covid en las plantas.
La pandemia
Mientras se desarrolla este ataque en gran escala contra los trabajadores, la pandemia va agravándose. La política del gobierno pone de manifiesto los mismos límites de clase que en todos los terrenos. Alberto Fernández decidió no avanzar en la centralización del sistema de salud. Pues bien, ahora los enfermos leves de Covid atendidos por la medicina privada están fuera de cualquiera control, porque los sanatorios privados no pagan alojamientos ni internaciones para la cuarentena. Su potencial de contagio está fuera del radar del Estado. Las camas en terapia están al borde de la saturación, pero no hay control real de las camas del sector privado. Los contagios por la falta de insumos y protocolos en los centros de atención de la salud están en el orden del día, e incluso las muertes de trabajadores del sistema de salud han sacudido al país.
El retroceso a la “fase 1” no va de la mano de ninguna medida de fondo de reorganización del sistema de salud ni tampoco de una real garantía para los ingresos de los millones de familias que trabajan en negro o como cuentapropistas y han quedado sin ingresos en la cuarentena. En estas condiciones, el recurso cantado será una acentuación de la represión en las barriadas, sin respuestas para las masas empujadas a violar la cuarentena, para poder comer.
Una salida
Está claro frente a esta situación que el programa del Frente de Izquierda adquiere día a día una vigencia mayor. El impuesto extraordinario a las grandes empresas, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior son medidas elementales para volcar todo el ahorro nacional a las necesidades urgentes de los trabajadores en el marco de la crisis y la pandemia.
Juan García
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