El anuncio de expropiación de Vicentin desató una crisis política, que no solamente abarca los choques con la oposición y un choque entre el gobierno y un sector de la burguesía, sino que además ha derivado en un fuerte choque político al interior del propio oficialismo. El gobierno citó al CEO de Vicentin, Nardelli, y al gobernador santafesino Perotti en la Casa Rosada, en la búsqueda de un acuerdo con los vaciadores. Perotti apunta contra la expropiación. Mientras negocia, Fernández afirma que continúa con el proyecto de expropiación, el cual, sin embargo, no está presentado. La cuestión de Vicentin abrió una crisis política. ¿Cuáles son los intereses en juego?
El kirchnerismo levanta la expropiación. La expropiación que propone implica que el Estado se hace cargo de la totalidad de la operación de la empresa, incluidas sus deudas. En un cuadro en el cual la empresa está en concurso de acreedores, y no tiene condiciones de cumplir con sus pagos comprometidos, la expropiación es una vía para rescatar a los acreedores. Entre ellos se encuentra el propio Estado, que financió ampliamente a los Nardelli tanto bajo el kirchnerismo como bajo el macrismo, pero también bancos internacionales y un sector amplio de la banca privada “nacional”. La deuda total llega a 1.350 millones de dólares.
Además de ello, la expropiación obligaría a pagar los activos de la empresa, de acuerdo a una valuación que, de no haber acuerdo, derivará en un juicio. La expropiación con pago implicará una confiscación a las arcas públicas, como ya lo fue la de Repsol para la cual el gobierno terminó pagando 5.000 millones de dólares a los vaciadores de YPF. Las deudas de los Nardelli irían a engrosar la deuda pública, ya impagable.
Por último, no se trataría de una empresa estatal, sino que al intervenir YPF sería parte del armado empresarial de esta última, que es una sociedad anónima de mayoría estatal, que cotiza en la bolsa de Nueva York y está sometida a las reglamentaciones correspondientes.
El anuncio de la expropiación derivó en un rechazo generalizado de la oposición y de entidades agrarias, pero en la UIA abrió un debate más complejo, porque las quiebras industriales generalizadas plantean que el Estado intervenga en rescate de empresas en esa situación. Un sector de la Unión Industrial Argentina (José Urtubey) respaldó implícitamente la medida, sosteniendo que es un mecanismo de “salvataje previsto en la Constitución”. Efectivamente, la burguesía reclama un rescate masivo por parte del Estado, algo que ya se está llevando adelante mediante la ATP, que vuelca los recursos de la Anses al pago de salarios.
Del otro lado, el gobierno de Santa Fe fue el canal de un intento de mediación con la empresa. La reunión del día de ayer entre Fernández y Nardelli tuvo el objetivo de explorar la llamada “alternativa superadora”. Dicha “alternativa” consistiría en que el Estado ponga recursos masivamente para el rescate, pero bajo un esquema de explotación en donde la empresa quede bajo control de sus actuales accionistas e intervengan otros capitales privados. El gran capital agrario está tras esta variante, como se mostró con el interés de fondos de inversión vinculados a Cargill, en asociación con empresas nacionales. En esta variante entra a estar en carpeta un achique y desguace de la empresa, para viabilizar la recuperación de sus áreas más rentables. Pero fue el fracaso de las negociaciones tendientes a una salida en estas condiciones lo que llevó al anuncio de la expropiación.
Choque y crisis política
La crisis política que se armó en torno a la cuestión de Vicentin tiende a quebrar al gobierno y a la propia burguesía. Es un debate de alcance general, internacional, en la crisis mundial: el del rol del Estado en la cadena de quiebras que se avecina. Plantea problemas estratégicos para la burguesía. Viabilizar la quiebra de Vicentin sería una señal de peso de cara a la depresión que atraviesa el país, en el sentido de habilitar una cadena de quiebras. El sector de la burguesía que respalda la expropiación mira con ansias los recursos estatales como vía de salvataje.
La intervención en el mercado agrario, aunque muy limitada, es resistida por la Sociedad Rural y el capital financiero que actúa en ese rubro. Después de todo, se trata del sector capitalista menos golpeado por la crisis. Denuncian un “giro chavista” que no tiene sustento para un gobierno que está poniendo todos los cañones en un acuerdo por la deuda externa, con todos los condicionamientos que implica. El gobierno apunta al mercado agrario para hacerse de dólares para el pago de la deuda. Habrá que ver cómo impacta la eventual expropiación en los acuerdos en marcha con los acreedores.
Desde el punto de vista político, un avance del gobierno implica un choque con el gobierno de Perotti y un choque interno para el propio peronismo santafesino. Impacta en el bloque de Consenso Federal, con Lavagna en contra y el bloque de diputados de Córdoba sin definición y bajo presiones opuestas. Podría dar aire a la oposición patronal, en la medida que un sector amplio de la burguesía y la pequeña burguesía toma una iniciativa contra el gobierno. Un sector del radicalismo (Storani) apoya, por el contrario, la expropiación.
¿Cuál es la agenda de los trabajadores en esta crisis?
El choque tiende a desarrollar una polarización de posiciones, pero es una polarización entre sectores capitalistas. Para los trabajadores lo esencial es la defensa de los salarios y las fuentes de trabajo, pero la misma no puede confundirse con el rescate de los Nardelli y la banca internacional asociada a Vicentin. Este rescate a los intereses capitalistas será, a su turno, pagado con sangre, sudor y lágrimas por la clase trabajadora.
Por otro lado, por su método, el avance de la expropiación tiende a consolidar un régimen político bonapartista: una intervención extrema del gobierno de rescate al capital, incluso con choques con la propia burguesía. El apoyo de la burocracia sindical es un espaldarazo a esta política. Bajo el paraguas de esta política de rescate al capital, la CGT firmó la reducción al 75% de los salarios y se prepara para entregar los convenios bajo la consigna del teletrabajo. No se puede aislar a Vicentin de este cuadro general.
Es necesario más que nunca un programa de independencia de clase, para colocar las organizaciones obreras como un puntal de la defensa irrestricta de los salarios y las fuentes de trabajo. El proyecto del Frente de Izquierda apunta en esta dirección: la expropiación de los activos, pero la investigación y el desconocimiento de las deudas fraudulentas de Nardelli, es una medida que apunta a colocar la empresa bajo control de sus trabajadores, sobre la base de la confiscación de sus vaciadores, entre ellos, los propios bancos que han financiado una expansión inviable y fraudulenta. Los recursos del agro deben ser el puntal fundamental para reorganizar el país en función de las necesidades de los trabajadores. Por eso unimos nuestro proyecto de expropiación a la nacionalización del comercio exterior y la banca, afectando especialmente a los grandes monopolios imperialistas que manejan el comercio de cereales en el país.
Juan García
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