El crimen de Cabezas abrió una crisis política en el gobierno Menem. Puso al desnudo una puja mafiosa en la cúpula del poder político con intereses capitalistas en conexión con la plana mayor de la policía bonaerense.
Cabezas había logrado la primera imagen del poderoso empresario Alfredo Yabrán, en la que se lo ve paseando junto a su esposa en la costa.
Yabrán, en los años 90, era por entonces dueño de OCA y de un entramado de empresas de logística y seguridad que, según lo denunció Domingo Cavallo dos años antes del crimen de Cabezas, controlaba la entrada y salida de bienes del país. En el negocio peleaba por entrar otro peso pesado, nada menos que Federal Express, que tenía al entonces embajador yanqui Terence Todman como lobbista. Yabrán había rechazado un arreglo para dividir el negocio "fifty-fifty!, y entonces Cavallo lo sacó a la luz como represalia. Cavallo-Todman-FedEx estaban envueltos ya en otro escándalo mafioso: el del del affaire IBM-Banco Nación. Yabrán ordenó a su jefe de custodia -un expolicía- apretar al fotógrafo. Ríos, el jefe, reclutó a una banda de lúmpenes y gestionó que "la Bonaerense" liberara la zona. El Frepaso, la centroizquierda de aquel entonces, caracterizó la ejecución de Cabezas como “un crimen contra la democracia”, cuando los victimarios eran los poderes del Estado democrático y las mafias que se movían bajo su amparo. En el último cuarto de siglo, la democracia volvería a cometer numerosos crímenes contra luchadores populares, y lo seguirá haciendo en el futuro –como ocurre con el gatillo fácil o, porque no, con la presencialidad laboral y educativa en pandemia.
Hubo masivas movilizaciones populares por el esclarecimiento del crimen y la condena a sus autores. Al momento del crimen de Cabezas, Duhalde era gobernador de la provincia y disputaba la sucesión de la presidencia. Luego del crimen, Duhalde dejó caer la famosa frase “me tiraron un muerto”. El encubrimiento del crimen partió de la cúpula del menemismo. Por caso, el entonces ministro de Justicia, Elías Jassan, renunció al cargo luego de que se descubrieran nada menos que 25 contactos telefónicos con el empresario sospechado de haber sido el autor intelectual.
Yabrán era solo la punta del iceberg de todo un entramado político de corrupción, contrabando y asesinatos para hacer negocios. Los negocios del "empresario" abarcaban desde correos privados (OCA), empresas de aviación, compañías de almacenamiento en los principales aeropuertos del país, firmas agropecuarias y agencias de seguridad que contaban en sus nóminas con varios exrepresores. Eran adjudicatarias que fueron desguazadas luego de su suicidio.
Veinticinco años después, el régimen ha acentuado su descomposición (causa del Correo, Cristobal López, espionaje, patotas sindicales, etc).
La perspectiva para la clase obrera es sacarse de encima este régimen de asesinatos y represores para imponer un gobierno de trabajadores.
Ricardo Méndez
25/01/2022
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