En esta circunstancia, el dólar paralelo no para de subir – hasta que se seque la plaza de pesos para comprarlo. Después de haber jurado quinientas veces que no piensa defoltear la deuda y que está decidido a firmar una carta de acuerdo con el Fondo, algunos en el gobierno comienzan a flaquear. En especial Cristina Kichner, que nunca dejó de reivindicar su condición de pagadora serial. Si hay alguna duda al respecto, sería su prueba, pregúntenle a Repsol, al Club de París, a los ‘bonistas’ y, por supuesto, al FMI. En Tegucigalpa, adonde asiste a la asunción de Xiomara Castro, aseguró que las políticas ‘neoliberales’ que pregona el FMI son responsables del narcotráfico. El sitio elegido para esta amalgama no podía ser más apropiado, porque Honduras ha sido gobernada directamente por los barones de la droga. Mientras Kamala Harris, la vicepresidenta de EEUU, arribaba también para la ceremonia, Cristina Fernández aseguraba, con razón por otra parte, que los principales beneficiarios de ese tráfico eran los bancos norteamericanos. Es cierto que Rosario o La Matanza quedan muy lejos de Centroamérica como para que alguien notara la omisión.
Habemus una crisis política, de nuevo
En este escenario, una parte del funcionariado oficial ha vuelto a reclamar que se declare el default. Diputados como Leopoldo Moreau, directores del Banco Nación como Claudio Lozano, la infaltable Fernanda Vallejos. Otros, circunstancialmente más relevantes que ellos, como Sabino Vaca Narvaja, el embajador cristinista en Pekín, advirtió que China no acompaña. China misma, dijo, para asistir financieramente a Argentina reclama un acuerdo con el FMI. El ‘imperialismo’ de China, como se puede ver, se mueve aún en las redes financieras internacionales que comanda, sin comillas simples, el imperialismo norteamericano.
Lo que califica como charlatanería a la prédica de la llamada izquierda kirchnerista, es que no es ni siquiera una declaración de cesación de pagos. Es: ‘no paguemos el lunes, y después vemos’. Es seguir negociando, mientras el ministro Guzmán va ofreciendo deuda pública en pesos pero indexada, a los fondos locales y a los bancos. Al mismo tiempo, los especuladores aseguran la compra de dólares futuros con el Banco Central, a tasas de interés inferiores a la inflación. De otro lado, hay otra deuda pública en dólares, más voluminosa, con acreedores privados, por parte del estado nacional y las provincias, que triplica la contraída con el FMI. Acerca de esta deuda, la izquierda kirchnerista la viene reivindicando desde que fue re-negociada, con “éxito” dicen, hace quince meses. Se trata de la parte gruesa que los Fernández se han comprometido a pagar, y que lo hacen de la única forma que saben hacerlo: mediante la desvalorización de salarios, jubilaciones y planes sociales.
El planteo de no pago de la deuda usuraria y ruptura con el FMI sólo puede ser tomado en serio si es parte de transformaciones económicas y sociales que sólo puede realizar un gobierno de trabajadores. En primer lugar con una inmediata elevación de esos salarios, esas jubilaciones y esos planes sociales desvalorizado, que tenga por eje o base el salario mínimo igual a la canasta familiar. La ‘agitación’ de la izquierda kirchnerista, por estas horas, es en cambio una completa estafa política. La Vicepresidenta no se distingue solamente por pronunciar discursos contra la narco-finanza o contra el anarco capitalismo. Hace muy poco, volvió a embestir contra la izquierda “que quiere expropiar todo”, o sea al FMI y al capital financiero, precisamente a quienes han expropiado largamente y lo siguen haciendo, al conjunto de los trabajadores y la mayoría de la pequeña burguesía.
El gobierno de los Fernández ha venido confiscando al mundo del trabajo desde diciembre de 2019, con el propósito de descargar la crisis dejada por el macrismo sobre los trabajadores y para preparar el acuerdo con el FMI. Lo ha hecho de nuevo a pocas semanas, en el rechazado Presupesto 2022, que preveía aumentos salariales de un 33% frente a una inflación del 52%. Lo hizo todo el tiempo con la colaboración de la burocracia sindical, incluida especialmente la de izquierda, como es el caso de Baradel. La bravata verbal contra el FMI es un pretexto para justificar la firma de paritarias a la baja, en nombre de la defensa del gobierno nacional y popular.
La fracción K del gobierno ha logrado la adhesión política de numerosos ex presidentes – Lula, por supuesto, pero también Mujica, el colombiano Samper, el dolarizado Correa, y varios más; ninguno que se encuentre en funciones o que sea candidato, como sería el caso del izquierdista colombiano Petro, para las elecciones en mayo próximo. No es un arco político que propicie el default o la ruptura con el FMI – es todo, absolutamente todo lo contrario; cada uno de ellos ha sido su sirviente. Esa declaración es un seguro internacional de que el kirchnerismo no pretende romper con el FMI; que la Argentina K no saca los pies del plato. Algún camporista despistado ha sugerido defoltear hasta octubre próximo, cuando Lula vuelva a la Presidencia de Brasil en las elecciones generales. Es lo último que Lula pretende recibir como ‘apoyo’ del gobierno de los Fernández. Hasta ahora no ha movido un dedo, como tampoco el PT y la Central de Trabajadores, contra la reforma previsional y laboral, contra las diez alzas de la tasa de interés en el lapso de seis meses, ni contra los aumentos de combustibles de Bolsonaro – típicas medidas fondomonetaristas.
El griterío contra el FMI de parte los pagadores seriales y de los ajustadores también seriales, se parece, como una farsa, al griterío malvinero de la dictadura. De nuevo, una ‘epopeya’ nacionalista y vacía de contenido, para escapar del derrumbe. El nacionalismo pequeño burgués ha sido históricamente pródigo en la malversación política cuando siente el callejón sin salida de sus contradicciones. La clase obrera debe advertir esta estafa, que a fuerza de no ir a ninguna parte lleva a las masas a la derrota.
Esta agudización de la crisis financiera plantea la posibilidad de una ruptura política de orden más general. Una crisis que forzará una intervención abierta de todas las clases sociales, en primer lugar de los trabajadores. La necesidad de fijar una política propia se hace más perentoria. La cuestión de la deliberación política de la clase obrera pasa a un primer lugar, al cual se llegará como consecuencia de las luchas y movilizaciones que impone la crisis misma. El cese del pago de la deuda usuraria y confiscatoria debe ser acompañado, para no ser una frase vacía, de un control general de la gran producción, comercio y finanzas; de una apertura de los libros de las grandes empresas; y de un plan económico alternativo – o sea de una lucha de conjunto por el poder político, por un gobierno de trabajadores.
Pero es necesario ir un poco más lejos todavía. Es que detrás del barullo y la charlatanería se desarrolla la tendencia a un colapso oficial. La piedra libre de los Fernández a la pandemia -que es la medida fondomonetarista de mayor envergadura, porque sacrifica la vida de los trabajadores a las exigencias del capital-; la crisis, de un lado con la Corte y del otro con el Congreso; la falta de Presupuesto; el incremento de la inflación; las paritarias; las luchas obreras; el chubutazo; el fraccionamiento del gobierno; todo esto, en suma, plantea una crisis generalizada, no solamente a la clase obrera sino a todas las clases sociales. La necesidad de un Congreso Obrero se torna urgente. Un congreso que defina un plan de lucha, que prepara la huelga general, que organice comités obreros y que presente un programa para salir realmente de esta catástrofe capitalista.
Jorge Altamira
27/01/2022
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