Hace más de una semana que el promedio de muertes diarias por coronavirus en el país no baja de 140. Estos últimos dos días se contabilizaron los mayores números de la tercera ola: 260 ayer y 280 el día anterior. Otro dato es revelador: de la primera semana a la segunda de enero el crecimiento de casos letales fue de 84%, mientras que de la segunda a la tercera aumentó un 124%. Es evidente que, finalmente, los fallecimientos están alcanzando a los casos y llegando a su propio pico.
La buena noticia es que, en comparación con la segunda ola, la tasa de letalidad (número de fallecimientos por número de infectados) es mucho menor, en parte gracias a la acción de las vacunas que comprobaron ser sumamente eficaces para evitar las formas graves y en parte debido a la aparente menor virulencia y afectación pulmonar-respiratoria de la variante Ómicron. Esto, sin embargo, no evita que los números actuales de muertes y casos graves sean preocupantes, especialmente porque son varios los especialistas que aseguran que lo peor está por llegar, sobre todo si se tiene en cuenta que el tiempo entre el contagio y la evolución hacia una forma grave es más extenso en Ómicron.
En este sentido, es claro que frente a un número absoluto de contagios tan grande como los actuales, con un promedio de 100 mil diarios y casi un millón de casos activos, la pequeña fracción de casos complicados deja de ser pequeña. De allí los 200 fallecimientos diarios o el casi 50% de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud.
Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) reveló que los fallecimientos podrían crecer a más de 400 y 1.000 diarios. Cualquiera de las dos proyecciones -la “pesimista” y la “optimista”- plantean escenarios con picos de muertes en un contexto de meseta de contagios extremadamente alta. Todo indica que los más afectados son los no vacunados o con esquemas incompletos y aquellos con comorbilidades, pero también toca a quienes transitaron la infección sin pasar por la hospitalización.
Sobre este punto hay que rescatar que todavía es incierto el universo de secuelas a mediano y largo plazo de la infección por coronavirus. No podemos dejar de mencionar que la infección es de tipo sistémica, lo que implica la afectación de varios órganos y la posibilidad de alterar el bienestar de las personas en múltiples planos. En principio los estudios sugieren que 6 de cada 10 pacientes continúan sintomáticos por seis meses y que el 30% de aquellos que se recuperan pueden presentar por algún tiempo un empeoramiento de su calidad de vida. Además, los jóvenes que transitaron la enfermedad en forma leve pueden presentar por periodos prolongados problemas en la concentración, dolores de cabeza, depresión y hasta psicosis, siendo aún desconocido el tiempo de duración.
El gobierno no deja de flexibilizar protocolos, como el aislamiento para contactos estrechos o la reciente noticia de la eliminación del requisito de PCR negativo para argentinos y residentes que reingresen al país, en un contexto en el cual gran parte de la población se encuentra de vacaciones, es decir que los cuidados se reducen y los contagios florecen. Así, la actitud estatal de “descuidado” da el ejemplo para todas las flexibilizaciones del ámbito privado, como la eliminación de los protocolos o el obligar a los trabajadores a asistir con síntomas o siendo contacto estrecho a sus lugares de trabajo, centro neurálgico de los contagios. Todo en favor de evitar un parate de las actividades económicas y presentar números acordes para el FMI, pero a costa de la salud de la clase trabajadora.
Con ese horizonte es que el gobierno avanzó en la reducción del presupuesto de salud para el próximo año en $48.150 millones, corroborando la intención de borrarse de cualquier responsabilidad estatal a través de la desarticulación de los dispositivos Covid puestos en marcha durante la pandemia y privatizando testeos y atención, en momentos que se necesita en realidad el reforzamiento del sistema sanitario. Para ello se debe aumentar el presupuesto para salud y centralizar el sistema, de manera que funcione de manera articulada y se garantice el acceso para toda la población. Fortalecimiento de los testeos a través del aumento de los centros y del personal. Recomposición salarial para los trabajadores de la salud y paritarias indexadas a la inflación, así como el establecimiento de protocolos bajo control obrero a través de comisiones de seguridad e higiene electas entre las bases y vuelta de los aislamientos para contactos estrechos y aquellos que presenten síntomas. Para financiar este programa se debe romper con el FMI y rechazar el pago de la deuda.
Lucía Cope
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