sábado, marzo 12, 2022

Acuerdo aprobado, crisis agravada


Finalmente la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el “Programa de Facilidades Extendidas” acordado entre el gobierno de AF y el FMI. Ahora debe ser aprobado por el Senado nacional para que adquiera fuerza de ley.
 La oposición, que aportó el grueso de los votos a favor (111 sobre 202, más 13 de los bloques intermedios que jugaron con la oposición), lo hizo luego de que el gobierno se aviniera a eliminar del proyecto el artículo que detallaba con pelos y señales la implementación práctica del acuerdo tal como, con insistencia, lo requería el ministro Guzmán. Es decir, que la aprobación final dejó un primer herido que es el ministro que tiene que llevar adelante el acuerdo. 
 La oposición aceptó con el argumento de que no acordaba con la letra chica y por lo tanto no podía votar el memorándum que la establecía. Se trata, obviamente, de una impostura total ya que es consciente de las medidas que se van a implementar con el acuerdo que aprobaron. Pero además el artículo acordado dice en forma explícita que “el Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”. Es decir, le pusieron la firma a los tarifazos, el ajuste, la devaluación y las reformas laboral y previsional que el acuerdo lleva implícitas. No pueden eximirse de su responsabilidad, incluso formal. Como lo denunció Romina Del Plá, en su aguda intervención en el recinto, “la operación de crédito es inescindible del programa del memorándum porque los desembolsos se harán condicionados a su cumplimiento trimestralmente”. 

 Más divididos que antes

 La votación mayoritaria que incluyó a oficialistas y opositores puede dar, falsamente, la idea de que estamos ante una suerte de “acuerdo nacional” para sacar al país de la crisis. Que estaríamos entonces ante un fortalecimiento del régimen político actual que podría sortear así una crisis mayor como resultado de no caer en default. Falso.
 La aplicación de la letra chica, que no se quiso votar explícitamente, ha sido cuestionada por todos. Algunos por considerar que no se va a fondo en el ajuste, y otros porque la misma no solo no resuelve la crisis de la deuda ni abre una ruta de desarrollo sino que además implica en una situación social agravada, con un fuerte aumento de la pobreza, un revulsivo que provoque una intervención popular como se viene viviendo en Latinoamérica. 
 Ahora se agrega un agravante. Una parte sustancial de esa letra chica ha quedado liquidada. ¿Cómo resolver la quita de subsidios a la energía cuando los precios del petróleo y el gas están superando los niveles históricos como resultado de la guerra en Ucrania? ¿Cómo poner un freno a los reclamos de asistencia o de aumentos de salarios y jubilaciones cuando el precio de los cereales se disparó como consecuencia de lo mismo, golpeando fuertemente alimentos esenciales como el pan? ¿Dónde quedarán las tasas de interés y, de conjunto, los alcances de la reducción del déficit? Solo para citar lo más inmediato. La letra chica es, como suele decirse, un dibujo.
 Todo el trámite de aprobación ha mostrado divisiones al interior de los bloques mayoritarios, y de los acuerdos parlamentarios. Y esas divisiones tenderán a profundizarse, más allá de los bloques políticos, no bien el acuerdo termine siendo aprobado. Como señaló el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, “al día siguiente de que se vote en el Congreso, se debe hacer una mesa para alinear expectativas”, mientras hacía lobby por la aprobación. 

 La Cámpora y el kirchnerismo los más afectados 

La crisis más aguda se expresa en la coalición de gobierno, sin que haya dejado un claro vencedor. Los votos en contra y las abstenciones correspondieron fundamentalmente al bloque del Frente de Todos.
 El kirchnerismo “duro” ha sido el más afectado. Votó dividido y el defensor del dictamen oficial fue Carlos Heller, un hombre de ese sector, lo mismo que otros que votaron a favor; pero además las 13 abstenciones fueron todas del FdT, entre ellas la de Itai Hagman del grupo de Grabois -Patria Grande- que votó dividido, y de los sindicalistas Palazzo y Yaski. De los 37 votos en contra hubo 4 de la izquierda, otros 4 de los “liberales”, López Murphy de JxC y el resto de La Cámpora y otros diputados del oficialismo.
 Atrás del voto en contra de Máximo estaba CFK, sin ningún tipo de dudas (las “piedras” los sorprendieron en el medio de una reunión previa a la votación), que ahora debe llevar adelante el tratamiento en el Senado que ella preside. 
 En un extenso documento de La Cámpora, dado a conocer luego de la votación, se detalla con lujo de detalles las consecuencias y características del acuerdo tal como los hemos venido denunciando desde la izquierda. Se caracteriza correctamente que vamos a un cogobierno con el FMI y a una “pérdida de soberanía”. Sin embargo La Cámpora (y el kirchnerismo) parten del reconocimiento de la deuda usuraria e ilegítima y su crítica mayor es que el gobierno no negoció “con fuerza”, sin decir qué se debería haber hecho luego que al gobierno le rechazaron todos los planteos realizados (sobretasas, 20 años de prórroga, etc.). 
 La aceptación del pago de la deuda está atrás de los silencios de CFK, de la ausencia de intervenciones de los diputados de La Cámpora en el recinto, de la desaparición de Máximo hasta minutos antes para votar sin fundamentar. La Cámpora no ha dado ninguna batalla política. No ha desenvuelto una campaña contra este acuerdo que ellos califican y describen sin atenuantes como un factor de dislocamiento de la vida del país y de agravamiento de las condiciones de los trabajadores. El silencio y la parálisis es una maniobra para preservarse de las consecuencias que sin embargo no los salva de la disgregación de sus filas, por eso no retira los funcionarios del gobierno y por ello muchos de ellos comienzan a tomar distancia (Wado de Pedro y Kicillof presentes en la exposición agroindustrial organizada por La Nación y Clarín son más que un detalle). 
 El kirchnerismo no puede presentar una alternativa a la entrega, solo maniobra. Por eso lo más probable es que el acuerdo finalmente se apruebe por el Senado, que preside CFK, incluso en los tiempos requeridos por el gobierno para que el FMI lo trate y lo apruebe antes del 22. Y el centro de gravitación política en el acuerdo para lograr (y adaptar el articulado) el voto de la oposición lo ocupó Sergio Massa, el representante más ligado a Washington de toda la coalición oficial, una postal de los tiempos que corren y se vienen. 

 Un plaza de lucha 

Mientras en el Congreso dominaban las roscas, las maniobras y las negociaciones, afuera un plaza llena repudiaba el acuerdo con el FMI, rechazando el pago de la deuda. La gran movilización fue el resultado de una campaña política que se organizó en el plenario de Parque Lezama que convocó la primera gran movilización del 11 de diciembre, que luego se repitió el 8 de febrero. De las movilizaciones convocadas por la Unidad Piquetera que pusieron sobre el tapete la reducción de la ayuda social. La presencia del movimiento piquetero independiente fue multitudinaria. Mientras, el Trío Cayetano a pesar de sus invocaciones a la “deuda con el pueblo” evitó estar en la calle contra el acuerdo y provocar una acción unitaria del sector más golpeado por la crisis; sus representantes oscilaron entre la abstención y el voto (tímido) en contra dentro del recinto. 
 La burocracia sindical, con la CGT y Moyano a la cabeza, hizo campaña a favor del acuerdo; Yasky de la CTA se abstuvo para no obstaculizar y luego declaró que se había “evitado el default. Hay que mirar para adelante”. La complicidad de la burocracia con el acuerdo buscó evitar la masividad del rechazo; la contraposición es la acción de los sindicatos recuperados que a través del Plenario del Sindicalismo Combativo, reunido a instancias de una iniciativa del Sutna (que estuvo en la plaza con una columna importante), llamó a marchar el 10 lo que actuó como contrapunto. La movilización el día anterior con discurso de rechazo de parte de Lozano, la CTA Autónoma y el PCR fue la maniobra para cacarear y seguir apoyando al gobierno del pacto antiobrero, otra truchada marca cañón y de crisis. 
 En la Plaza de los Dos Congresos se concentró una multitud que congregó en forma masiva al activismo que está a la cabeza de la lucha por los reclamos de los trabajadores. Y no fue todavía mayor por los incidentes provocados y la represión policial que desató el Estado. Es la base para organizar la respuesta de todo el pueblo contra las consecuencias de lo aprobado. En el mismo día de la madrugada que votó el pacto entreguista, miles de delegados de la Unidad Piquetera de todo el país ocuparon la Plaza de Mayo para deliberar sobre la perspectiva que se abre y la lucha contra el ajuste que darán. Un anticipo de los tiempos que vienen.

Eduardo Salas  

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