Sin embargo, en este proceso de rescate se acumularon dos años de crisis económica y pandémica, que en lo próximo serán agravadas por la guerra imperialista en curso. En este intertanto, el aumento del desempleo, del trabajo informal, de los precios y de las deudas privadas de los trabajadores, se intentaron descomprimir con 3 retiros forzados de los fondos de AFP, sometiendo el futuro obrero a un despojo de cobertura previsional. El IFE, insuficiente en monto y duración, coloca un presente de carestía e inflación galopante, de remates y desalojos de vivienda. El gobierno de Boric asume en este escenario explosivo avalando un ajuste del presupuesto fiscal del 22,4%, mientras se acumula una fuga de capitales de US$50.000 millones, el equivalente al 60% del presupuesto fiscal de este año.
Una rebelión que busca ser sellada
A fin de sellar la crisis abierta con la rebelión, el gobierno obrará en conjunto con la Convención Constitucional a la que ya envió un mensaje de moderación en su primer discurso: “necesitamos una Constitución que nos una, que sea para todos”. Esto, en respuesta a las críticas levantadas por la burguesía, la derecha y parte de la centroizquierda, ante los ‘maximalismos’ de la Convención en materia de derechos reproductivos, creación de tribunales de los pueblos indígenas y nacionalizaciones, entre otros.
El gobierno de Boric asume en un escenario político y social explosivo. Los realineamientos planteados durante la carrera electoral configuraron un Congreso de choques e inestabilidad, con una mayoría de derecha en el Senado (24 bancadas de Chile Vamos y 1 del Partido Republicano). En cuanto a la Cámara de Diputados, la mayoría está en manos de la ex-Concertación, con quien se buscará consolidar el apoyo que otorgó en la segunda vuelta. Esto es por ministerios preponderantes en presencia de los residuos centro-izquierdistas y una Convención Constitucional,que deberá lidiar con los ⅔ que se requieren para aprobar artículos constitcionales, como freno de mano a las iniciativas que trastoquen los tratados internacionales, los fallos judiciales, el respeto a la institucionalidad democrática y la propiedad privada.
Las ilusiones de los trabajadores y el gobierno de cooptación
La tensión generada por el avance de las tentativas fascistas en las elecciones pasadas fue usada para justificar una movilización de acuerdos y concesiones de Apruebo Dignidad a los partidos de la ex-Concertación. Con esto, se logró conseguir su apoyo político en segunda vuelta. En este sentido, la base política y social de Boric es débil, pues aún perdura la fricción al interior de su coalición, especialmente con la militancia del PC, ante un Frente Amplio – la organización de Boric - que abandona paulatinamente su programa de reformas para adaptarse a los términos de la “tranquilidad de los mercados”, “los pasos cortos” y la responsabilidad fiscal, encarnados en la figura del ministro de Hacienda, Mario Marcel (PS), presidente del Banco Central en los últimos cuatro años, fiel a las políticas del FMI.
La situación de crisis que viene azotando a la clase trabajadora, y que ha intentado ser apaciguada con las políticas de asistencia social, vía IFE y retiro de los fondos de AFP, con una inflación al alza, ha sido traducida en la ilusión, de una parte de las masas, de que el programa de Boric podrá dar respuestas a sus demandas más sentidas. Sin embargo, en los primeros días de mandato se han develado los límites programáticos de un gobierno que se coloca en la vereda de la conciliación entre las demandas populares y el mantenimiento del régimen social.
Las tareas que tiene por delante el gobierno, especialmente en materias ligadas a la crisis pandé migratoria y en Wallmapu, son tremendas. Ejemplo de ello, fue el atentado a la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien se dirigía a un encuentro con la familia del comunero asesinado Camilo Catrillanca, develando la ambigüedad del gobierno ante el conflicto mapuche, que señaló que es materia de evaluación, sujeto a los diálogos y acuerdos con referentes de las comunidades. Esto, mientras crecen las presiones para reanudar el estado de excepción en territorio mapuche por parte del empresariado y la derecha, por un lado, y el reclamo popular de la desmilitarización y el fin del estado de excepción, por el otro.
Por su parte, a la cooptación de los movimientos sociales que ya han sido fagocitados en las bancadas de la CC, por la Lista del Pueblo y Movimientos Sociales Constituyente, se suman organizaciones de masas como UKAMAU, que dirige la lucha por la vivienda, y la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), que, recientemente, en la jornada del 8 de marzo, destinó un acto de cierre a reivindicar la composición mayoritaria de mujeres en los ministerios. Así mismo, los sectores que impulsan la lucha por la libertad de los presos políticos y los DDHH, han tenido una fractura por la expectativa de concesiones a cambio del retiro de las movilizaciones. Frente a esto, el movimiento obrero que ha organizado sus sindicatos con independencia de las centrales dirigidas por Apruebo Dignidad y la ex-Concertación, deberán afrontar mayores aislamientos, por un lado, y la agudización de la cooptación por el otro, en la medida en que las direcciones burocráticas buscaran desviar la lucha contra el código laboral pinochetista con iniciativas de conciliación con la burguesía.
Ante el programa de ajuste y contención, impulsemos el programa obrero y socialista Las ilusiones que una parte de la clase trabajadora ha puesto en el gobierno de Boric deben ser traducidas en la defensa de un programa independiente de salida a la crisis, ante los límites que dejan expuestas las iniciativas del nuevo mandato.
Las demandas más sentidas de las y los trabajadores, traducidas en el programa que levantó la rebelión de Octubre, deben ser defendidas ante los intentos de cooptación. La lucha por el fin de las AFP tiene que ir de la mano con la defensa de la expropiación de los fondos de pensiones bajo control de las y los trabajadores (activos y pensionados) sostenidos por el aporte exclusivo de las patronales. Ante el ajuste presupuestario, se debe luchar por el no pago de la deuda pública y la de los trabajadores, la expropiación de la banca y el comercio exterior. Por un plan de reindustrialización bajo control obrero y aumento presupuestario para el sector público, garantizando la gratuidad de los servicios. Frente a la desocupación, la apertura de los libros contables y reparto de las horas de trabajo, para emplear a los desocupados y a los migrantes que están siendo explotados en redes de trata y trabajo informal, sujetos a su vez a la necesidad de otorgación expedita de visas de residencias. Ante la crisis habitacional, planteamos la expropiación de los terrenos fiscales para terminar con la especulación inmobiliaria y de las grandes constructoras. Ante los estados de excepción constitucional en el norte y el Wallmapu, planteamos su finalización y la organización independiente de la seguridad por medio de asambleas territoriales, expulsando a las bandas fascistas armadas y las redes de narcotráfico. Ante el intento de “humanizar” a las fuerzas represivas y el aumento de dotación de efectivos, planteamos su total desmantelamiento, la anulación de las leyes de judicialización de la protesta, la desmilitarización del territorio mapuche y la libertad inmediata a las y los presos políticos.
Llamamos a la realización de reuniones, plenarios y asambleas de deliberación hacia un gran congreso nacional de bases, para discutir un plan de lucha, la huelga general y la perspectiva de una verdadera constituyente, libre y soberana como transición hacia el gobierno de la clase trabajadora.
Partido Obrero Revolucionario (Chile)
17/03/2022
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