En las últimas semanas, la sanciones internacionales de Biden contra Rusia, en el marco de la guerra de la Otan y Putin, le han “regalado” al capital agrario y a los monopolios alimentarios una tajada monumental de beneficios. La tonelada de trigo aumentó de 250 a 400 dólares, el precio más alto de la historia; en consecuencia, la harina de trigo subió un 70% en sólo cinco días y, luego, el precio de todos sus derivados, comenzando por el pan. Esta operación económica implicó el acaparamiento de una renta extraordinaria, en plena temporada de exportación de trigo. Como mucho de esa cosecha ya ha sido vendida, la renta resultante beneficia a acopiadores, molinos y exportadores. Los fondos de inversiones que financian la próxima siembra, pugnarán con los pulpos de la producción los precios futuros del cereal, lo cual provocará acaparamientos del grano y alzas mayores en los precios. En lugar de retrotraer los precios a los valores de comienzos de año, Fernández anunció un difuso “fondo compensador”, que será financiado con un aumento de tres puntos de las retenciones a derivados de la soja. En la mesa de negociación por los precios de la carne, los frigoríficos denunciaron, en la cara del ministro Julián Domínguez, la falta de “transparencia” en el manejo de esos “fondos”. Dado el compromiso con el FMI de bajar el déficit fiscal, los fondos compensadores son utilizados para tapar otros agujeros, como pagar la deuda pública local nominada en pesos.
Los tres puntos de aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y otros derivados de soja, representan unos 400 millones de dólares, cuando el mercado argentino despacha harinas de trigo por unos 3000-3500 millones anuales. Eso significa que el “fondo” podría contener subas de la harina de trigo hasta el 10 o 12% de su precio, un aumento que se producirá en horas o días. El “fondo” sería rápidamente fagocitado. Las limitaciones de esta medida retrata al gobierno de “Todos”, porque en una crisis de esta envergadura (que prevé hambrunas en Asia y África), el estado debería intervenir todo el comercio de granos, en reemplazo de las bolsas de cereales.
De todos modos, el capital agrario se ha apresurado en declararse en “estado de alerta” – tanto el sojero como el triguero. Las guerras imperialistas, después de todo, se desatan para beneficiar al capital, no a la fuerza de trabajo. El agro no es indemne a la crisis desatada por las sanciones de la Otan, como lo prueba el alza fuerte del precio de los fertilizantes. Por eso Syngenta ya apareció en la tele para pedir “un acuerdo entre las partes”. El capital agroindustrial y agrofinanciero cuenta con el apoyo del FMI, que no contempla ninguna medida internacional para frenar el precio de los alimentos, ni de las materias primas o insumos. La amenaza de aplicar la ‘ley de abastecimiento’ podría afectar a los mayoristas y los supermercados, pero no a quienes manejan la producción, y menos todavía la exportación. Tendremos en todo caso una ‘huelga’ de góndolas y desabastecimientos, que un gobierno FMI no tendría condiciones de enfrentar. Lo mismo vale, naturalmente, para el resto del “paquete” anunciado por Fernández: los precios “máximos” o cuidados deberán ser aplicados, en el caso del trigo, a la intermediación, que responderá dejando vacíos los supermercados, las panaderías y comercios de proximidad. Los precios cuidados no llegan a los comercios o mercados de barrio.
La mira sobre el trabajo
Después de estos anuncios inocuos, Fernández cerró su discurso con una convocatoria a la “concertación” a las “centrales empresariales, la CGT y la CTA”. El propósito evidente de este anuncio establecer un control de los salarios, como ‘ancla antiinflacionaria’; los Fernández lo vienen haciendo desde el primer días de gobierno. Es lo que ya está ocurriendo con las paritarias en curso, que reponen (malamente) la inflación del 2021 sin tomar en cuenta el piso inflacionario del 60% que ya se descuenta para el 2022. La inflación “de expectativas” sólo se reprime para los ingresos del trabajo. En cuanto a las jubilaciones, la eliminación del componente inflacionario en la fórmula de movilidad amenaza con llevarlas al valor de un vale de alimentos. Y todavía no ha comenzado el tarifazo sobre la luz y el gas…
A esta altura, la necesaria convocatoria a las organizaciones obreras de lucha y a sus delegados a deliberar y resolver un plan de acción, en un congreso, se trata de una medida en defensa propia. La primera reivindicación a discutir, en medio de la ola remarcatoria alentada desde “arriba”, es la indexación mensual de salarios y jubilaciones.
Marcelo Ramal
19/03/2022
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