Tras la nueva suba de la tasa de referencia del Banco Central, en sintonía con la exigencia del FMI de avanzar en retornos reales positivos para los instrumentos en pesos, se encarecieron los préstamos bancarios a la producción y aumentó el interés para refinanciar las tarjetas de crédito. Como vemos, ya se empiezan a sentir las consecuencias recesivas de la hoja de ruta trazada por el Fondo.
Por un lado, la tasa de los créditos al capital de trabajo y a las inversiones productivas pasó del 41% al 43%. Lo anterior atenta contra la actividad industrial, crisis que las patronales descargarán rápidamente sobre los trabajadores a través de despidos y suspensiones. El gobierno que se jactaba de fomentar “la economía real” en contraposición a la “especulación financiera”, incrementa cada vez más el rendimiento de las Leliqs que posee la banca sin reparar en sus efectos recesivos.
Mención aparte merece la impostura del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, al afirmar que “si no conseguimos que las empresas de consumo masivo inviertan y aumenten la producción (ampliando la oferta) vamos a seguir teniendo inflación”, cuando la política que adopta va en sentido contrario revertir la huelga de inversiones, ya que al elevar las tasas de las Leliqs incentiva que los bancos vuelquen el grueso de su cartera en la compra de dichas letras y una parte cada vez menor en otorgar créditos a la producción y personales, elevando el costo financiero de estos últimos.
La UIA no demoró en cuestionar “el cambio en el rumbo de la política monetaria” adoptado por el oficialismo, dando cuenta de que si bien el acuerdo con el Fondo tiene el aval de toda la clase capitalista, acentuará los choques al interior de la misma ya que ninguna fracción quiere pagar los costos que el programa del organismo acarrea. A su turno, la cámara industrial “no da puntada sin hilo”, ya que sus reproches a las medidas oficiales esconden siempre el pedido de más subsidios patronales y reformas flexibilizadoras de los convenios colectivos de trabajo.
A su vez, aumentó el costo de refinanciación de los saldos adeudados en tarjeta de crédito. Por dicha operación, a partir de abril los bancos pueden cobrar hasta el 51% de interés, incrementándose de este modo la usura sobre el bolsillo popular. Un verdadero golpe para millones de familias trabajadoras que se ven obligadas a recurrir al endeudamiento como única forma de llegar a fin de mes debido al constante deterioro del salario real.
Sin dudas, esta mayor confiscación a los ingresos de los trabajadores vía tarjeta de crédito en beneficio de la banca atentará contra el consumo, lo cual también tiene derivaciones recesivas. Como vemos, ya estamos pagando los platos rotos del acuerdo con el FMI, aprobado recientemente en el Congreso con los votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Derrotemos en las calles este pacto ruinoso y luchemos por imponer un programa propio que incluya la nacionalización de la banca bajo control obrero, a fin de terminar con la usura reinante y abrir paso a un rumbo de desarrollo nacional al servicio de las necesidades sociales.
Sofía Hart
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