Gómez fue procesado en el año 2010, junto con José Nino Gavazzo como autor y coautor del delito de homicidio muy especialmente agravado de Gomensoro. No obstante, con fecha 24/12/2013 se dispuso el sobreseimiento y la clausura del proceso respecto de los dos imputados, acogiendo de ese modo la solicitud realizada por el Fiscal Letrado Departamental.
Gomensoro fue secuestrado el 12 de marzo de 1973 en su casa del barrio montevideano de Malvín, trasladado al Batallón de Artillería Nº 1 donde fue torturado hasta la muerte, y su cuerpo apareció seis días después en el lago de la represa de Rincón del Bonete, en el Río Negro, a pocos kilómetros de Paso de los Toros. Estaba desnudo, atado de pies y manos, y recubierto con una malla, sujetada con tres piedras.
En 2009, un exmilitante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) brindó su testimonio y la Justicia lo consideró: declaró haber visto a Gomensoro en el Batallón de Ingenieros Nº 3 de Paso de los Toros, donde Gómez era enlace de inteligencia, recuerda La Diaria.
«A ese chiquilín le hacían preguntas, lo castigaban, Gavazzo era el peor y estaba ese capitán Juan Carlos Gómez, era terrible, era muy violento… Este muchacho le contestó de malos modos y lo castraron, el que lo castró fue Gómez y yo lo miré muy feo; cuando él se dio vuelta y vio que yo lo estaba mirando me dio un hachazo con la bayoneta que lo había castrado y me cortó la rótula», denunció.
En agosto de 2010, la jueza penal de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, lo procesó con prisión junto a Gavazzo por homicidio especialmente agravado. Eso generó cuestionamientos como los del entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que afirmaba su convencimiento de que Gómez no era el responsable de la muerte de Gomensoro.
En las actas de los Tribunales de Honor Militar en 2009 consta que Gavazzo reconoció haber trasladado el cuerpo de Gomensoro a Tacuarembó e intentar hundirlo en el río Negro, pero su versión no la ratificó ante la Justicia, para cubrir a sus subalternos del batallón. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó la reapertura de la causa, pero aún aguarda el pronunciamiento de la Justicia.
Gomez murió en su casa, impune como tantos otros represores y torturadores que con este tipo de hechos demuestran día a día la democracia a medias en la que vivimos, por más que agentes de comunicación del norte digan que vivimos en una democracia plena. Mientras esta democracia siga sostenida sobre los cimientos de la impunidad, cualquier dicho o acción que se lleve adelante estará cargada de contradicciones mayúsculas.
Por si faltaba algo para abonar a este Uruguay de la impunidad, el presidente Luis Lacalle Pou recibió este martes a la organización que se denomina Familiares de Prisioneros Políticos, compuesta por allegados y familiares a los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, recluidos en la cárcel Domingo Arena.
En realidad, las personas que se reunieron con el presidente son parientes de militares y policías que están detenidos porque en un juicio que tuvo todas las garantías de nuestro sistema se los condenó por haber cometido tortura y asesinato. No hubo consideraciones ideológicas o partidarias en sus procesos, por lo que es equivocado llamarlos presos políticos. Los familiares que se reunieron con el presidente, y algunos otros, están interesados en quebrar la relación del pueblo uruguayo con la historia.
El encuentro suscita una pregunta inmediata a partir de la denominación del colectivo: ¿hasta qué punto aceptar recibirlo implica aceptar la situación que enuncia el nombre elegido? Es decir, ¿la presidencia de la República entiende que hay presos políticos en Uruguay?, se pregunta Ladiaria. Lacalle se había reunido en noviembre con voceros del llamado Foro de Montevideo, que sostiene los mismos reclamos, basados también en la descalificación de la actuación de la justicia.
Esta escalada de los represores de la dictadura llega acompañada por una campala de desinformación sobre la naturaleza de los enfrentamientos ocurridos en Uruguay cuando se cometieron las graves violaciones a los derechos humanos, por lo cual están recluídos en el penal Domingo Arena.
.Según dijo uno de los integrantes de los Familiares de Prisioneros Políticos a la prensa, en la reunión el mandatario no dio su parecer personal sobre los reclamos del grupo ni se comprometió a dar respuestas, pero sí coincidió “en la necesidad de contar la historia completa” y en que “no se puede mirar parcialmente el pasado reciente”.
Diego Flores, yerno de Ariel Ubillos –procesado por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos, ocurrido en setiembre de 1973–, sostuvo que el objetivo de la reunión fue presentarle el “eje principal” de su “denuncia”, que es lo que consideran “una situación arbitraria en el procesamiento” de sus familiares.
Flores destacó la receptividad del presidente en la reunión: “Ayer nos atendió el Estado, nos atendió la República, la democracia que encarna el presidente de la República. Nos escuchó atentamente, se mostró comprensivo, entendió”, dijo.
En el encuentro también le informaron a Lacalle que denunciarán al Estado uruguayo ante Naciones Unidas “y preparando una batería de denuncias contra el Estado a nivel local”.
A su vez, este encuentro se enmarca en una ronda de audiencias que la organización inició en noviembre con el fiscal de Corte, el ministro de Defensa Nacional, la Suprema Corte de Justicia –que no los ha recibido– y con la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Recordemos que todavía está en ciernes un proyecto presentado por el partido de extrema derecha Cabildo Abierto, también conocida como “Ley Manini” que pretende otorgarle prisión domiciliaria a los presos de más de 65 años de edad y que comprende a los de Domingo Arena, condenados por delitos de lesa humanidad.
Consultado sobre el encuentro, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera, dijo al recibirlos “de alguna manera el presidente está avalando que el Estado uruguayo tiene presos políticos”, lo que calificó como un hecho “grave” que “va de la mano de los dichos de [los senadores de derecha] Bianchi y Manini”.
Mientras tanto, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, criticó la forma de autodenominarse del grupo: “Que todos los denominen presos políticos porque la asociación se llama así es una vergüenza, porque no son presos políticos, no están ahí por sus ideas, están por sus acciones, están por sus delitos, los más aberrantes delitos que se conocen”.
“Sería bueno una señal del presidente que aclare esto: la Justicia es la Justicia, punto. Estamos en un régimen democrático. Tiene fallas, lo que quieras, pero la Justicia les dio todas las garantías”, agregó Zaffaroni.
Prisión domiciliaria para represores, organizaciones de familiares de represores acusando que en Uruguay hay presos políticos cuando fueron sus propios familiares los que torturaron, secuestraron, violaron, asesinaron y cometieron demás vejaciones a compatriotas por pensar distinto.
La teoría de los dos demonios, la que dice que hubo una guerra entre el Ejército y la guerrilla tupamara, donde el pueblo quedó en el medio, olvida que no solo se combatió a los tupamaros, sino a sindicalistas, estudiantes, obreros, gremialistas y cualquiera que se opusiera al proyecto económico que debía implementarse a sangre y fuego, en nuestro país y en todo el Cono Sur.
La teoría de los dos demonios es miope, hemipléjica de análisis de la realidad y cínica. Hoy se encuentran en el gobierno los que siempre pidieron dar vuelta la página, no mirar atrás, perdonar, olvidar y no tener ojos en la nuca con respecto a temas de terrorismo de Estado. Pero se reúnen y gobiernan en conjunto con apologistas de las botas y los crímenes de lesa humanidad.
Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia, decía Mario Benedetti.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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