La Marcha Federal expresó la masividad y extensión de los reclamos de amplios sectores de la población trabajadora contra el ajuste, y puso en la agenda nacional el debate sobre la necesidad de organizar un gran paro nacional ante la pauperización creciente de salarios jubilaciones e ingresos de los trabajadores en general. Pongamos la lupa en este último aspecto.
En los primeros cuatro meses de 2022 la inflación acumuló un 23,1% según el IPC del Indec. Todas las proyecciones estiman que va a superar el 70% en el año, cuando las paritarias fueron cerrando entre el 40% y el 60%, en cuotas y con montos en negro.
En la comparación interanual con abril de 2021, los precios subieron un 58%, récord en los últimos 30 años. Los aumentos son aún más altos en los ítems que hacen a la subsistencia de los trabajadores: en alimentos promedia el 62,1% (con la yerba y el café acumulando 73,5%, el pan y la leche un 68%), y en la vestimenta y el calzado un 73%.
Así, la canasta básica alimentaria que marca la línea de indigencia se encareció en el primer cuatrimestre un 29%. Se calculaba en abril en $42.257, muy cerca del salario mínimo que se cobrará recién en junio (contando el adelantamiento de las cuotas que pedía Máximo Kirchner) de $45.540, y por encima de la jubilación mínima de apenas $37.525 que se percibirá también a partir de junio, incluyendo el 15% de la actualización trimestral -fijada por la fórmula de movilidad sancionada a iniciativa del Frente de Todos en diciembre de 2020.
La canasta básica total, que traza la línea de pobreza, rondaba en abril los $95.260, cifra muy superior a lo que cobra la mayoría de los trabajadores. El panorama es más sombrío si tomamos la estimación de la canasta de consumos mínimos mensuales de una familia tipo calculada por la Junta Interna de ATE Indec, de $154.134 al 30 de abril, la cual se ubica un 21% por encima del promedio de los salarios en blanco de marzo, según el Ripte que difunde el Ministerio de Trabajo.
Es la profundización de un empobrecimiento sostenido de la mano de obra. En los últimos 5 años los salarios de los trabajadores formales perdieron un 22,9% de su poder adquisitivo, y los de los informales un 33,7%… ¡un tercio de su poder de compra!
Esto ocurre cuando 7,6 millones de trabajadores se desempeñan en la informalidad, lo que equivale a que el 48% de la población económicamente activa carece de sus derechos laborales. Es una tendencia que se agrava con la reactivación tras la pandemia: en 2021 los puestos asalariados registrados crecieron 1,3%, mientras que los no registrados lo hicieron un 13,4%, y entre la población ocupada 4 de cada 10 afrontaba problemas sea de sobreocupación horaria o de subocupación. Esto es lo que no dice el gobierno cuando celebra la baja en el índice de desocupación.
De hecho el empleo privado en blanco tenía en febrero de este año 218.000 puestos de trabajo menos que en 2018, y se ubicaba por debajo de una década atrás. En esos 10 años creció un 37,35% la cantidad de monotributistas y un 163% los monotributistas sociales, categorías con que las patronales evaden la relación de dependencia de sus empleados. Desde 2010, año en que se hizo el último censo, la población creció un 18%, mientras que los trabajadores registrados en relación de dependencia solo lo hicieron un 3%.
No sorprende entonces que el Indec también indique que el año pasado se desplomó la participación de los salarios en el producto bruto nacional, cayendo una décima parte hasta representar un 43,1% del valor agregado mientras que el excedente de explotación trepó hasta significar el 47%. Sucede que la inflación es una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores hacia los capitalistas, y también al Estado que aumenta su recaudación vía impuestos al consumo para destinarla al pago de la deuda.
Esta tendencia promete agravarse al calor de las políticas de ajuste dictadas por el FMI, que incluyen tarifazos sucesivos en todos los servicios públicos, naftazos, devaluación del peso, suba de las tasas de interés; medidas que además de depreciar los ingresos de las familias trabajadores tienen un efecto recesivo sobre la actividad económica, que volvió a caer en marzo un 0,7%. Todo esto está en la base de un descontento creciente, y agudiza la crisis interna del Frente de Todos.
Tanto es así que, después de la masiva Marcha Federal que captó la atención de todos, una de las CTAs resolvió convocar a un paro para la semana próxima y hasta la CGT manifestó estar discutiendo una movilización “contra la inflación” -una formulación que insinúa que protestarán contra las empresas que aumentan precios, absolviendo al gobierno y sin hacer eje en la exigencia de aumentos salariales. Las acciones de parte de estas centrales, cuyas direcciones no rompen con el gobierno sino que lo sostienen, son una muestra de la tensión que se acumula por abajo.
Este ajuste pactado por el gobierno con el Fondo es apoyado por toda la clase capitalista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio y Milei, aunque protesten por sus efectos desastrosos y porque ningún sector empresario quiere pagar de su bolsillo las consecuencias. El acuerdo es facturar todo lo que se pueda a los trabajadores.
Esta radiografía es una muestra de la urgencia de impulsar un plan de lucha en todo el país, empezando por un gran paro activo nacional para reclamar $100.000 de salario mínimo y que ningún sueldo de convenio sea menor a la verdadera canasta familiar de $180.000, ambos indexados a la inflación con cláusulas gatillo; el 82% móvil para los jubilados, el pase a planta permanente de los precarizados y la creación de puestos de trabajo genuino. En esa perspectiva se inscribe la pelea por la convocatoria a un congreso de delegados electos de todo el movimiento obrero, con mandato de asambleas de todos los sindicatos y organizaciones piqueteras.
Organicemos una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados para impulsarlo.
Iván Hirsch
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