En cualquier caso, el arco de intereses sociales que Fernandez-Guzmán intentan complacer para llegar al 2023 no vive de las promesas de una “reinserción internacional”. La gran burguesía condiciona cualquier apoyo político a su propio rescate, el cual contribuye al agravamiento cotidiano de la crisis. Pasada la cosecha gruesa, el gobierno apenas sumó algo más de 1000 millones de dólares a las reservas. Los exportadores liquidan las divisas a cuentagotas, a la espera de una mayor devaluación. Por las mismas razones, la patronal industrial acelera sus importaciones. En un reportaje reciente, Martín Guzmán reveló otra gran fuente de fuga de reservas –la cancelación de deuda externa por parte de grandes grupos capitalistas, que se niegan a financiarse en el exterior. Lo mismo ocurre con la inflación, que se acelera a caballo de la deuda pública indexada, los tarifazos y la carestía de alimentos. Las medidas prometidas para morigerar los aumentos en el pan o la harina se han quedado sin sustento –es que la liquidación de divisas de la cosecha está condicionada a que no se aumenten las retenciones, de un lado, y a una devaluación más acelerada del dólar oficial, del otro. Por el lado de la energía, el tarifazo de la luz y el gas sumará otro 20% a la inflación esperada en 2022. La inflación concentra una cuestión política –la pulverización de la capacidad de arbitraje del gobierno. Un agotamiento de las reservas internacionales disponibles podría ser el disparador de una crisis final del esquema precario urdido por Martín Guzmán.
Máximo y Cristina
El desmadre económico ha acentuado la fractura del gobierno. Tardíamente, Máximo K “descubrió” que “el principal apoyo de Guzmán es el FMI”, aunque también sumó a ese abanico a “las centrales obreras”-una señal inequívoca de que la división oficial se está trasladando a la burocracia sindical. La oposición máximo-cristinista es esencialmente “tribunera”: sus funcionarios de energía acaban de advertir que no podrán evitar el tarifazo. En definitiva, sus beneficiarios son los mismos pulpos energéticos que cobraban los jugosos contratos inaugurados por Cristina-Kicillof en 2012/2013, pero que se bancaban con recursos del Tesoro. Máximo ha planteado “adelantar” el aumento del salario mínimo de miseria, algo que seguramente hará Guzmán por su cuenta. Cristina Kirchner no renuncia a postularse como relevo natural en una salida anticipada de Alberto Fernández. Recientemente, afirmó que los “comunistas” (chinos) han llevado hasta el final el modelo capitalista, ¿por qué no podrían hacerlo los camporistas acá? A despecho de esas pretensiones, la espada de Damocles de las causas judiciales está encima de CFK –por eso, el plan B del clan cristinista es refugiarse en una candidatura a senadora en 2023, rehuyendo de una interna presidencial que la dejara perdidosa. El derrumbe del gobierno FdT no deja indemne al kirchnerismo. Del otro lado de la vereda, Javier Milei –que acaba de proclamar su bolsonarismo sin tapujos- ha colocado en estado de desintegración a la coalición radical-macrista. La cesación de pagos irresuelta del Estado y de la gran burguesía se traduce en el defolt de sus partidos.
Paritarias, derecho al trabajo
El dislocamiento económico y, sobre todo, la inflación galopante, han convertido en un fraude a las paritarias 2022, en sus diferentes versiones. Por un lado, los sindicatos estatales y educativos o de la salud que cerraron acuerdos entre el 40-45% hace menos de dos meses, están reclamando hoy una reapertura. El nuevo piso admitido, no solamente por la burocracia sindical sino también por la UIA y el gobierno, es el 60% que alcanzó la Bancaria, y que fue saludado por Cristina y el sindicalismo k. Ese 60%, sin embargo, tiene lugar cuando la inflación 2022 se proyecta al 80% como piso. La gran patronal aplaude esta licuación del salario disimulada en el régimen de cuotas y “reajustes”, y que cumple la función política de aventar una reacción general contra el despojo del salario y las jubilaciones. A través de estas paritarias anticipadas, las patronales y el gobierno se han ahorrado el expediente de un aumento general inmediato, que recupere la formidable pérdida salarial del período anterior. La política oficial ha seguido el mismo curso impostor en lo que refiere al derecho al trabajo: los planes a los desocupados se han congelado, y la promesa de convertirlos en puestos de trabajo subsidiados (“empalme”) alcanza a un número ínfimo de desocupados. La “economía popular”, subterfugio para legalizar el trabajo precario, tampoco constituye una salida.
El impasse del régimen y principalmente de su “política salarial y laboral” comienza a ser resuelto por la propia acción obrera, como lo han demostrado las huelgas fueguinas de los textiles, metalúrgicos y docentes; la lucha del citrus en Tucumán; los conflictos por el renovado saqueo de “ganancias” en las siderúrgicas y la tensión en ascenso en los trabajadores del transporte.
Es claro, en este cuadro, que todos los esfuerzos de agitación y propaganda deben dirigirse a promover una iniciativa de conjunto por parte de los trabajadores ocupados y desocupados, en la perspectiva de un congreso obrero y de una lucha decidida por las reivindicaciones en juego y por una reorganización social dirigida por los trabajadores.
Marcelo Ramal
17/05/2022
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