Ese día, un millar de hombres, mujeres y niños de las tribus qom y mocoví-mocoi fueron masacrados por la policía, por orden del entonces gobernador y estanciero Fernando Centeno, nombrado por Marcelo T. de Alvear, cuando el Chaco todavía era territorio nacional y no provincia. Los indígenas eran sometidos a trabajo esclavo en las haciendas de algodón y se habían declarado en huelga para ponerle un límite a los abusos inenarrables que sufrían. El gobierno radical movilizó a la policía territorial que atacó el campamento de la tribu en horas de la mañana. Los sobrevivientes fueron rematados a tiros o a degüello.
“El 19 de julio de 1924, un avión biplano Curtiss JN-90 sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos: cuando los indígenas salieron a recogerlos, un centenar de policías chaqueños y colonos terratenientes dispararon y remataron con machetes a familias enteras por haberse negado a seguir trabajando el algodón a cambio de algo de ropa y vales que no podían convertirse en dinero. Masacraron a centenares, las cifras varían de 400 a 700. Se descargaron más de 5 000 balas” (citado en https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-napalpi-argentina).
La demanda judicial fue iniciada en 2004 por una asociación civil que reunió a representantes de 46 comunidades indígenas. Durante 15 años, el Estado negó la masacre y reclamó la prescripción de toda acción penal. Recién en 2019 la Cámara de Apelaciones de Chaco hizo lugar al planteo de imprescriptibilidad, declaró legítima la demanda y ordenó un resarcimiento $375 millones al Estado argentino. El Estado Nacional, por intermedio de la Procuración General del Tesoro, recurrió la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, ratificando “la posición del Estado Nacional siempre fue que la llamada “Masacre de Napalpí” no constituyó un genocidio, pues ni antes ni después se persiguió a la comunidad indígena que la actora dice nuclear, ni se la exterminó, ni se la sacó de la sociedad, más allá de su propia auto-aislación”. Los gobiernos ´nacionales y populares´ de los K nunca abandonaron esta política de combate a los reclamos indígenas.
Lo cierto es que el exterminio sistemático y deliberado de los pueblos originarios es parte constitutiva del Estado argentino. Las masacres de indígenas en el Chaco habían comenzado 40 años antes de Napalpí, durante los cuales se establecieron fortines y se lotearon sus territorios entre terratenientes criollos y europeos sus tierras, al tiempo que se desarticulaba su vieja sociedad y se desintegraba su cultura. Así se establecieron las plantaciones de algodón, en las cuales los indios fueron proletarizados a punta de fusil. En aquellos mismos años, bajo el comando de Justo Argentino Roca, el Ejército Argentino extendía los dominios territoriales del Estado hacia el sur del país, desalojando y masacrando a los pueblos tehuelche y mapuche desde La Pampa hasta Rio Negro.
Las masacres no cesaron nunca. En el siglo XX, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1947, miles de familias del pueblo pilagá, en la provincia de Formosa, fueron asesinadas y sometidas en una orgía de sangre que se extendió por tres semanas, a manos de la Gendarmería y la Fuerza Aérea.
La cuestión indígena consituye un problema histórico, que vuelve a la superficie no ya por sus antecedentes sino por la represión cotidiana, tanto en el norte como el sur del país, contra las comunidades originarias. En el caso de la Patagonia, esos choques están alcanzando un altísimo voltaje, como resultado de los fuertes intereses petroleros, mineros, turísticos e inmobiliarios que orbitan en la región a uno y otro lado de la cordillera. En Chile, la ´cuestión mapuche´ tiene visos de guerra civil, antes con los gobiernos de derecha pero ahora también, con el ´socialista´ Boric en la presidencia. El asunto de la represión a los mapuche ocupa permanentemente las agendas de los gobiernos argentino y chileno y es motivo de un coordinación bilateral sistemática.
Jacyn
20/05/2022
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