El desbande del gobierno y el impasse económico

El reemplazo de tres ministros del gabinete nacional ha sido interpretado, en los medios, en términos administrativos. Para unos, Alberto Fernández mantuvo, con los cambios, la cuota de participación en el elenco; para otros tampoco alterna nada porque los ministerios conservan el loteo previo a las designaciones entre las facciones oficiales. La versión de que los cambios insinuarían un intento de AF de disputar las Paso con el cristinismo, por ahora parece un error de cálculo. La dinámica de esta última crisis la impuso la ministra de la Mujer y Disidencias, en tanto respondió al rechazo a la represión contra la agrupación mapuche que pelea por la propiedad en Villa Mascardi. Para un gobierno que hace alarde de ‘plurinacionalidad’ y de política de género, la violencia contra mujeres mapuches embarazadas y su alojamiento posterior a 1.700 kilómetros de sus hogares destruye un relato que esconde la inflación, el ajuste, la desorientación, el acuerdo con el macrismo por el Presupuesto 2023 y los pactos siniestros con el FMI y los fondos internacionales. En definitiva, se trata de un desbande, que no deja tampoco al margen al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que descargó la violencia contra los afectos a Gimnasia y Esgrima de La Plata. La pasión de Kicillof es blindar a Sergio Berni. 

 El desbande tiene que ver con un gobierno objetivamente a la deriva. Está más enredado que el mago Houdini atrapado en su encierro. Lo demuestran los manoteos de Massa con el tipo de cambio, que llevarán la inflación a un nuevo piso. Las ganancias de las patronales son enormes, porque importan insumos al tipo de cambio oficial y venden los productos a la cotización de los mercados paralelos. Si esto, por un lado, aumenta la recaudación de los impuestos indirectos o al consumo, los patrimonios gravables se valúan al tipo de cambio oficial. El gobierno rehúsa aplicar un plan de estabilización, con la complicidad del FMI y del macrismo. 

 La razón para este rechazo es una deuda pública en pesos que se ajusta por inflación o por dólar o tasas elevadas de interés. Son 70.000 millones de dólares a corto plazo. Una devaluación duplicaría esta deuda y sus intereses en pocas horas. Lo mismo vale para la deuda en dólares, 90.000 millones que, al valor del mercado paralelo, alcanzaría un valor inusitado para el Tesoro, que recauda en pesos. La salida devaluatoria plantearía, en este escenario, la necesidad de una nueva reestructuración de deuda. Aun así, se necesitarían plazos muy largos para que el Tesoro pueda afrontarlas. Por si hiciera falta, agrava la situación el pasaje de un mercado de abundante liquidez a otro ilíquido, a partir del aumento de las tasas de interés internacionales por parte de los Bancos Centrales. Como alternativa, el desmontaje de esta carga en forma gradual se ha demostrado inviable. Como consecuencia de la sequía, por un lado, y del dólar alto, por el otro, el precio de las materias primas agrícolas, que Argentina exporta, ha comenzado a descender. 

 La elevada deuda pública es sólo uno de los obstáculos de la devaluación; el otro es el retroceso colosal de los salarios. Lo que debería ser el resultado de una devaluación -la caída de los salarios- ya ha sido consumada. Los ingresos de los trabajadores no resisten una megadevaluación, si además va a tener lugar en un escenario de recesión. Para la flamante Ministra de Trabajo, los salarios seguirán su línea descendente mientras continúe la inflación; aumentarlos sería provocar mayores subas de precios. Hacerla es una invitación virtual a un levantamiento popular. 

 Con esta encrucijada lidian economistas de varias tendencias. Domingo Cavallo, por ejemplo, propone la existencia de un doble mercado –comercial y paralelo-, este último sin restricciones. Agrega que también debería permitirse la circulación legal del dólar. Es claro que esto provocaría una devaluación inmediata en los comercios, que ajustarían los precios en pesos al valor del dólar. Para contrarrestar esta tendencia debería entrar una suma considerable de divisas, que permita a las autoridades defender un determinado tipo de cambio mediante venta de reservas. 

 El que tiene decidido implementar un ‘shock’ devaluatorio es Macri. La población lo aceptaría, dice, porque está agotada con el desequilibrio actual. Promete un cambio de época –un retorno a la Argentina previa al primer gobierno de Yrigoyen-. La Nación lo acompaña con un programa un tanto más definido. En primer lugar, con una reforma previsional que reduzca el peso de este gasto en el Presupuesto. Para ello habría que subir la edad jubilatoria y eliminar los regímenes especiales, y desindexar las jubilaciones. El otro punto es privatizar de inmediato el ciento por ciento de las empresas públicas, incluida la parte del Estado en YPF. Luego la sigue la reforma laboral, para eliminar las indemnizaciones por despido y las restricciones laborales que aún se encuentran en los convenios de trabajo. En el paquete, el editorial del diario incluye el despido de 300.000 empleados públicos entre Nación, Provincias y Municipios. 

 Esta línea, que es la del FMI, es catastrófica para los trabajadores. Lo que se necesita es lo contrario, un aumento general del ciento por ciento de los salarios y jubilaciones. Es necesario también un gran plan de obra pública. Los factores de inflación son otros: la deuda pública y semi-pública, el déficit fiscal y cuasi fiscal. El sistema previsional debe ser financiado, como corresponde, por el aporte patronal sobre los salarios, no por los contribuyentes ni con emisión monetaria. Argentina ha sido llevada a la quiebra por el negociado de la deuda pública, por la evasión y las concesiones impositivas a las patronales; ahora se quiere producir un reajuste social antiobrero de envergadura para salir de una bancarrota de la que los trabajadores no son responsables. Al final, la contrapartida de la deuda pública se encuentra en cuentas del exterior, en manos de los acreedores nacionales de esa deuda. La crisis plantea una confrontación de clase histórica. Un programa de mejoras inmediatas para los trabajadores debe ir acompañado por la anulación de la deuda pública y semi-pública con los grandes fondos y compañías, preservando los ahorros de la población laboriosa. Es necesaria la apertura de las cuentas de las empresas, bancos y fondos, y el control obrero de la producción. Al plan de reorganización social contrarrevolucionaria que plantea la gran burguesía nacional e internacional, oponemos un plan de reorganización revolucionario y socialista de parte de los trabajadores.

 Jorge Altamira

 12/10/2022