La Red Surcos, productora y comercializadora de agroquímicos, que con deudas que rondan los $ 100.000 millones de pesos presentó ante la Comisión Nacional de Valores un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPV), ha comenzado un proceso de reestructuración por el eslabón más débil: los trabajadores. En este sentido, despidió a 50 trabajadores y, por haber presentado el PPC, recibirán sólo el 50% del monto total de indemnizaciones y en cuotas. (Democracia, 8/05/2025) De esta forma, la Red Surcos despidió al 20% del plantel que al inicio de la crisis financiera que atraviesa a las empresas de la agroindustria contaba con 220 trabajadores. Desde el directorio de la empresa justificaron la medida, planteando que “permitirá lograr la sustentabilidad de la deuda incurrida por la sociedad, tanto en términos de volumen como de costos y, de este modo, continuar con las operaciones”. Es decir que, a costa de despidos y el no pago de las indemnizaciones correspondientes, el empresariado busca recomponer sus alicaídas finanzas.
Por su parte, la empresa de la alimentación, con fuerte ligazón con el sector de los agronegocios, Nestlé, ha comunicado que detendrá la planta ubicada en Villa Nueva, Córdoba, hasta finales del mes de marzo, lo que impactará en los 183 trabajadores que entrarán en “vacaciones” compulsivas. La planta que produce leche en polvo instantánea, descremada y las Ultra – High Temperature (UHT), destina el 80% de su producción a la exportación. En un comunicado dado a conocer por la empresa sostienen que la “suspensión temporaria de la producción (...) debido a la necesidad de reducir los volúmenes de producción principalmente por la baja de las exportaciones y una adecuación a la demanda local”, es decir, Nestlé ha acumulado un stock, que, en principio, se le hace difícil colocarlo en el recesivo mercado interno, en el que la demanda está por el piso, y rebate los postulados del gobierno liberticida en materia de desregularización del mercado.
Desde la dirección del sindicato de la alimentación (STIA) local, lejos de discutir en asambleas un plan de lucha, “denunció” un sobrestock de productos por “las dificultades para colocarlos en el mercado ante un panorama de baja demanda” y se encuentran a la espera de la convocatoria del Ministerio de Trabajo para arribar a un acuerdo. El dilacionismo es una constante de la burocracia sindical durante el año de gobierno de la camarilla libertaria, a la que le han hecho un favor para poder imponer una contrarrevolución en el mundo del trabajo.
En San Nicolás, la empresa Casport S.A., que opera en terminales portuarias del Río Paraná, tiene como principal actividad la de logística en exportaciones e importaciones, anunció el despido de 17 trabajadores. En los telegramas de despidos que recibieron los trabajadores, la empresa justifica la medida por “la disminución del volumen de actividad en el sector agropecuario” ya que “una parte significativa del volumen de facturación de Casport proviene de los agronegocios, específicamente de la aplicación de fertilizantes en el sector agropecuario”. Desde la empresa también hicieron referencia a las desregulaciones impulsadas por la camarilla libertaria, que dio lugar a la creación de una zona franca en Villa Constitución: “la creación de esta zona franca, operada por nuestra competencia directa y uno de los principales traders de la región (NITRON) ha impactado directamente en nuestras operaciones de importación de fertilizantes y desplazando exportaciones habituales”.
La crisis en las empresas de la agroindustria está dando paso a la liquidación de capital sobrante, a manos de empresas que tienen más espalda para surfear la falta de liquidez, los altos costos y la baja de los precios internacionales, sumado a las sucesivas sequías. El pato de la boda son los trabajadores que pagan con despidos y suspensiones la política económica del tándem Milei – Caputo, que actúan con la complicidad de la burocracia sindical.
Lucas Giannetti
08/02/2025
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