La detención de inmigrantes en la cárcel de la base de Guantánamo ha comenzado. Un fallo judicial que cuestiona la posibilidad del traslado para tres ciudadanos venezolanos. La pretensión de Trump es enviar 30.000 personas a este verdadero infierno, ya utilizado en el pasado sobre todo para prisioneros acusados de terrorismo (sin proceso ni condena). Estos detenidos se encuentran por fuera de la rama judicial de Estados Unidos.
En cada viaje de “repatriación” se menciona que los expulsados pertenecen a carteles de droga o son criminales, lo cual obviamente de ser cierto sería un contrasentido, ya que la ley obligaría a juzgarlos conforme a la ley. El gobierno colombiano afirmó que ninguno de los deportados recibidos por dicho país tenía antecedentes penales ni en EE.UU. ni en Colombia. La expulsión sumaria impide precisamente a los acusados la posibilidad de defenderse y contraría el principio de presunción de inocencia.
La agitación contra los inmigrantes es una plataforma que coloca a Trump como referente de grupos de extrema derecha y corrientes fascistas en Europa y América Latina. Es lo que declaró abiertamente la reunión de Patriotas, el grupo neo fascista europeo, que se reunió la semana pasada en Madrid.
Una de las “órdenes ejecutivas” niega el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados, violando la 14a Enmienda constitucional. Otro decretazo fue la declaración de emergencia en las fronteras bajo el pretexto de una “invasión”, lo cual permitió dejar sin aplicación el derecho a solicitar asilo, así como militarizar la frontera. Por otra parte, la ley antiinmigrante “Laken Riley” exige la detención y expulsión de todos los inmigrantes acusados incluso de delitos menores (sin proceso ni condena). Con todo este arsenal, Trump ha fijado en un mínimo de 1400 las deportaciones diarias que deberá realizar el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que llevaría a casi duplicar el número récord de deportaciones del año 2024 (que llegó a 271.000).
En la legislación de Estados Unidos está tipificado como un delito menor cruzar la frontera sin inspección, y como delito grave intentar ingresar al país luego de haber sido deportado. Pero vivir sin autorización o estatus legal no es en sí una falta criminal sino civil, por lo que es falso que los miles de detenidos tengan “antecedentes criminales” sólo por el hecho de ser indocumentados. Por otra parte, según estudios estadísticos de la Universidad de Stanford, “los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que las personas nacidas en EE.UU.
Otra “orden ejecutiva” permite el encarcelamiento en la cárcel de la base de Guantánamo de cientos de indocumentados. “Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan a los estadounidenses”, afirmó Trump, “algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”. En otras palabras, realizar con los inmigrantes lo mismo que hicieron con miles de prisioneros acusados de terrorismo, sin darles derecho a la más mínima defensa judicial. Por otra parte, la declaración de los carteles de la droga como “organizaciones terroristas” (que en otra orden ejecutiva Trump ordenó concretar) facilitaría también las detenciones y la militarización de la represión con la excusa del combate al narcotráfico.
El martes 4 se envió a Guantánamo a la primera decena de inmigrantes-prisioneros; la Casa Blanca afirmó -sin prueba alguna- “que el grupo de migrantes enviado a la base naval de Guantánamo (Cuba) está compuesto por presuntos ‘miembros’ de la banda transnacional Tren de Aragua” (France24, 5/2). La portavoz del gobierno Karoline Leavitt afirmó que la detención será “temporal” hasta que puedan “ser transportados a su país de origen u otro destino apropiado”.
Según la misma Leavitt, el número de detenciones en EE.UU. superó las 8.000 personas en las primeras semanas desde la toma del poder por Trump, de las cuales apenas 400 fueron liberadas “por falta de espacio de detención” o “por condiciones médicas graves” (ídem).
Según el Washington Post (8/2), “Los más de tres docenas de inmigrantes detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, han entrado en lo que los abogados llaman un ‘agujero negro legal’”. “Cuatro abogados que conocen bien la prisión militar dicen que el gobierno de Trump está violando la ley al negarles a los migrantes que han llegado a Guantánamo el acceso a asistencia legal (…) Incluso si se confirma que los migrantes son miembros de la pandilla Tren de Aragua, con base en Venezuela (…) los migrantes no califican para ser retenidos en el área de alta seguridad de la base que algunos prisioneros han descrito como una ‘tumba sobre la tierra’” (https://archive.is/bYz7d). Con la amenaza de aplicar sanciones económicas (aranceles), Trump logró la capitulación de los gobiernos latinoamericanos. La presidenta de México Claudia Sheinbaum aceptó enviar tropas a la frontera con EE.UU. (reforzando con 10.000 soldados). El secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una gira por varios países latinoamericanos buscando acelerar el proceso de deportaciones. El presidente salvadoreño Nayib Bukele también se ofreció para recibir inmigrantes de otras nacionalidades como “tercer país seguro”, e incluso ofreció su megacárcel (CECOT): “Le hemos ofrecido a EE.UU. la oportunidad de externalizar partes de su sistema penitenciario”, declaró Bukele en la red X. “Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa”. La inhumana megacárcel podría encerrar a 40.000 personas; actualmente “alberga” a 15.000, por lo que de concretarse el acuerdo con EE.UU. posibilitaría una megatercerización de 25.000 plazas.
Los obstáculos legales que enfrentaría este acuerdo parece preocupar poco a EE.UU. y nada a Bukele.
El régimen de Maduro también acordó con el gobierno yanqui la recepción de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, que serán expulsados de los Estados Unidos, hasta ahora amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El gobierno venezolano se hará cargo además del transporte de estos deportados. Trump concedió a cambio “la renovación de la licencia general que le permite a Chevron operar en Venezuela”. Maduro había “celebrado” los acuerdos entre Sheinbaum y Trump: “Conversando se entiende la gente” (Telesur, 3/2). El opositor González Urrutia había propuesto como medida alternativa llevar a sus compatriotas a otros países de América Latina, en lugar de defender el derecho al asilo.
Todas estas resoluciones enfrentan obstáculos jurídicos y contiendas en los tribunales. Diversos jueces han ordenado suspender la orden ejecutiva referida a dejar sin efecto el derecho a la ciudadanía por nacimiento. También el envío de inmigrantes a Guantánamo enfrenta objeciones jurídicas: “Ahora ha sido un magistrado federal en el estado de Nuevo México, el juez Kenneth Gonzales, quien ha emitido una orden temporal para prohibir que tres inmigrantes irregulares venezolanos, retenidos en un centro de detención del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), puedan ser trasladados a la base naval de Guantánamo, en Cuba.” (El País, 11/2). Según la corresponsal del diario español, “El caso de los tres venezolanos es muy concreto y, por tanto, poco extrapolable para las situaciones de muchos otros migrantes irregulares detenidos. Pero sí pone de relieve los múltiples problemas legales que afronta la orden presidencial”. Los tres venezolanos están detenidos hace meses, y no habían sido repatriados a Venezuela porque “el régimen de Nicolás Maduro no aceptaba vuelos de repatriación de sus nacionales deportados”, lo que acaba de ser acordado. De todas formas, es un antecedente de posibles obstáculos legales a las detenciones en Guantánamo. Por otra parte, muchos señalan las dificultades logísticas no solamente para poner en condiciones la cárcel para tan alto número de presos, sino además para alimentarlos. Muchas organizaciones “denuncian que, una vez en la base, los migrantes tendrán graves problemas para acceder a sus abogados... o para poder tener representación legal... Tampoco está claro si tendrían acceso a algún tipo de servicios sociales” (ídem).
Otras órdenes ejecutivas, no relacionadas con la cuestión migratoria, que han sido dejadas en suspenso en otros tribunales, como los “despidos incentivados” a los funcionarios del gobierno federal, han sido apeladas con posibilidades de éxito. Lo mismo ocurre con el fin de la agencia USAID, la congelación de las “ayudas públicas”, el traslado de las mujeres transgénero presas a cárceles de hombres y el acceso por parte de Elon Musk a la información de Tesorería (que le permitía acceder a información del sistema de pagos y cobros del gobierno federal, con información de seguridad social de millones de personas).
La “oposición” del Partido Demócrata brilla por su ausencia, o directamente ha colaborado con el gobierno, como se expresó en el voto de algunos senadores y congresistas a la ley fascista Laken Riley. Mientras Trump le pasa por arriba al Congreso, con el aval expreso de la mayoría republicana y la colaboración de la “oposición” demócrata, se abre paso una crisis con la Justicia que deberá resolver en última instancia (en los casos en que Trump decida apelar las resoluciones de jueces federales) la Suprema Corte que tiene mayoría trumpista. La “separación de poderes” es cosa del pasado, se va imponiendo a los tumbos un régimen bonapartista, más adecuado a una época de guerra -que intenta responder a la declinación del imperialismo yanqui en el mercado mundial- y de ataque a los derechos políticos y sociales de los explotados en función de una recomposición de la tasa de ganancia del capital. Esta tentativa de un bonapartismo en la principal potencia abre un período de intensificación de las guerras y de agudización de la lucha de clases, que exige una respuesta revolucionaria de la clase obrera y de la izquierda.
Rafael Fernández
13/02/2025
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