ES HORA DE JUSTICIA
Por Colectivo Indymedia Córdoba -
Cuando se cumple un nuevo aniversario del genocida golpe de Estado del 76, son miles y miles los que salen a la calle a repudiar aquel hecho histórico, que costó al campo popular más de 30 mil desaparecidxs, un millón de exiliadxs y cientos de miles de presos políticos, que pugnaban por un proyecto político distinto al encarnado por Martínez de Hoz y la Junta Militar.
Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar, denunciaba con suma claridad el accionar de los militares a un año del inicio de la dictadura: "han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.
Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.
Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares."
"Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar `el país´, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia..(.) la política económica de esa
Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos".
"El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos". Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupació en la Argentina".
Esta dictadura fue acompañada y mantenida por la complicidad de muchos sectores, que vieron tras el exterminio de miles de luchadorxs populares, el beneficio sectorial y/o la posibilidad de prevalecer. Estas medidas económicas no fueron sino una parte de un macabro plan de transformación social, política cultural que aún hoy malvivimos.
La conducta silenciosa de la Iglesia Católica permitió generar un manto de sospecha sobre la existencia de desaparecidxs y dar tranquilidad espiritual a represores con las manos manchadas de sangre. Un ejemplo claro de esto, es el caso del capellán de la Policía de Buenos Aires Von Wernich, quien se encuentra cumpliendo condena desde el 9 de octubre de 2007 por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
Se lo condenó a reclusión perpetua e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal consideró que esos crímenes habían sido perpetrados en el marco del genocidio ocurrido durante la última dictadura de la Argentina.
Así como en el plano económico, desde Wall Street, la Sociedad Rural o la City porteña, se aplaudió a rabiar lo llevado adelante a la hora de destruir al Estado y su política de bienestar, trayendo consigo un agudo proceso de desindustrialización.
Desde la estructura judicial, más concretamente, desde la promulgación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final de Alfonsín y del Indulto de Menem, el Poder Judicial argentino ha jugado un papel estratégico y poco digno a la hora de hacer Justicia ante el genocidio.
Han pasado más de 30 años, y el reclamo escuchado por las calles de Córdoba está intacto, a tal punto que pareciera una foto del reclamo de los años ochenta, cuando se exigía juicio y castigo para Luciano Benjamín Menéndez, ese ser despreciable que comandó el Tercer Cuerpo de Ejercito desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979.
Esta repartición tuvo epicentro en Córdoba, pero abarcaba a 10 provincias del Noroeste y Cuyo (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán). También tuvo el control operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el territorio de la zona 3. Fue responsable de todos los campos de concentración que funcionaron en las provincias que abarcaba el III Cuerpo, entre ellos "La Perla" (a 15 km. de Córdoba, por donde pasaron más de 2.200 personas durante el período de la Dictadura). Supervisó y dirigió personalmente las torturas y los fusilamientos.
En estos últimos años, y pese a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y al persistente reclamo de la sociedad toda de llevar a juicio a Menéndez y su banda, poco se ha avanzado, a tal punto que recién después de 25 años de retornada la democracia será llevado a juicio el "Chacal" Menéndez. Si bien es cierto que tanto el ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, como Christian Von Wernich están presos cumpliendo condenas dictadas por la Justicia Federal de La Plata -proceso en el que existieron amenazas de muerte a jueces, abogados querellantes y un nuevo desaparecido como lo es Julio López-, la Justicia Federal de Córdoba permite que los tiempos procesales se continúen dilatando y que algunos genocidas tengan el lujo de permanecer con detenciones domiciliarias, o en dependencias de sus propias fuerzas con condiciones de detención privilegiadas, al extremo de poder portar armas y usarlas, como fue en el caso de suicidio del Teniente General (r) Emilio César Anadón, Jefe de Inteligencia del Destacamento 141, que se disparó a la cabeza en su vivienda, o de salir de paseo por “estar deprimido” como se dijo de Etchecolatz.
¿Cuántas pruebas más son necesarias?
Cuando han sido encontrados los restos óseos de detenidos desaparecidxs en el Cementerio San Vicente y en otras fosas comunes del país y cuando los ex detenidos que pasaron por La Perla o la ex D2 han declarado infinidad de veces sobre lo ocurrido allí y vivido en carne propia.
También debemos preguntarnos, como se preguntan los organismos de Derechos Humanos de Córdoba,
¿Por qué siguen sin ser exonerados todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron en la dictadura? ¿Por qué siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices?
¿Por qué siguen en cargos oficiales funcionarios que participaron durante la dictadura?
¿Porqué siguen sin ser abiertos todos los archivos de los servicios de inteligencia y de todas las fuerzas armadas y de seguridad?
¿Cuanto tiempo más habrá que esperar para ver tras las rejas a los genocidas del III Cuerpo de Ejército, a los de la ex D2, los del Penal San Martín?
¿Llegará la Justicia antes de que estos asesinos de la historia y enemigos de la humanidad, mueran de viejos, cómodos en sus camas?
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