Estado de alerta ante posible impunidad por crímenes atroces

En estado de alerta se declararon diversas organizaciones multilaterales, entre ellas la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la posible impunidad por crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos en Colombia por fuerzas paramilitares tras la extradición a Estados Unidos de 14 integrantes de esas fuerzas ilegales armadas, entre ellos sus máximos cabecillas.

Comité Internacional contra las desapariciones forzadas y la tortura

Tras enterarse de la extradición de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre quienes se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, Rodrigo Tovar, Ramiro Vanoy y Hernán Giraldo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por esta decisión, ordenada por el presidente Álvaro Uribe de manera intempestiva, que podría dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta organización armada durante los últimos 20 años.
"La Oficina alerta sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario", señaló la ONU, y enfatizó que el Gobierno nacional debe satisfacer los derechos de las víctimas y sus familiares a "la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición".
El Presidente Uribe ordenó en la noche del 12 de mayo la extradición hacia Estados Unidos de 14 integrantes de las Auc recluidos en diversas cárceles colombianas y acogidos a la Ley de Justicia y Paz, para que fueran juzgados por narcotráfico, contrabando de archivos y financiación de actividades terroristas, con lo cual le dio mayor trascendencia a esos delitos que a los procesos judiciales por más de 200 masacres y la desaparición forzada de por lo menos 49 mil personas.
Frente a este hecho, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que los extraditados "han admitido su responsabilidad por haber ordenado, participado o cometido graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario" y resaltó que "en muchos casos, estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, en ocasiones, se perpetraron con la aquiescencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado".
La ONU manifestó que las normas internacionales catalogan dichos delitos entre los más graves y establecen que son imprescriptibles y que no pueden ser objeto de amnistías o indultos. El presidente Uribe explicó que la extradición de los paramilitares se había dado "porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".
A la voz de alerta de la ONU se le sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): "La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares".
Coincidió la CIDH con la Organización de Naciones Unidas en advertir que la extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. "También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares".
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, organización que representa Iván Cepeda, también se unió a las voces de rechazo de la extradición de los ex jefes de las Auc y consideró que "es un elemento adicional que revela el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, y constituye una nueva afrenta contra las víctimas, así el actual Gobierno presente, ante la opinión pública, la extradición como un favor a las mismas".
Aseveró el Movimiento que la extradición por razones de narcotráfico desconoce la prioridad que tiene la investigación y juzgamiento de los responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad. "Esta decisión quiere ocultar que el paramilitarismo ha constituido un instrumento que ha favorecido la sistemática y masiva violación de los derechos humanos, estrategia en la que el Estado tiene una decisiva e inocultable responsabilidad".
En una inusual petición, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado le exigió al Gobierno norteamericano que "devuelva a las autoridades colombianas a los jefes paramilitares para que sean procesados por la justicia ordinaria y no bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz", en razón de que "no han contado toda la verdad, no han reparado integralmente a las víctimas y no han desmontados sus estructuras criminales".
Además, le solicitó a la administración de justicia colombiana el traslado a la justicia ordinaria de todos los procesos que se tramitan en el marco de la Ley de Justicia y Paz que se siguen contra los jefes paramilitares extraditados, así como todos los procesos que se adelantan en este marco normativo, "dada la evidente ineficacia e inoperancia del mismo".
Por su parte, la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) estimó que con la decisión de Gobierno del presidente Uribe de extraditar de forma masiva a los jefes del paramilitarismo a los Estados Unidos, "las víctimas nos quedamos sin verdad, sin justicia y sin reparación integral".
Recordaron las mujeres agrupadas en esta Alianza que el juzgamiento de los líderes de las Auc alude al delito de narcotráfico, pero los graves delitos de lesa humanidad y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH cometidos por los paramilitares en Colombia seguirán en la impunidad.
"Si las razones que tomó el Gobierno para la extradición masiva es que los líderes paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles, esto demuestra aún más la ineficiencia de la justicia colombiana", indicó IMP, organización que adelanta un proceso de acompañamiento psicojurídico a víctimas de la guerra en Colombia.
Esta iniciativa de mujeres propuso que si el Gobierno colombiano acudió a la justicia norteamericana para hacer juzgamiento a los líderes de las Auc por narcotráfico, "a las víctimas y a las organizaciones que las acompañamos nos queda otra opción: llevar los casos ante los organismos de Justicia Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional".