La pandemia ha llegado a Costa Rica en medio de un retroceso económico y financiero, atado a la crisis mundial capitalista y su traducción en la guerra comercial y de monedas que precedieron al estallido de la crisis sanitaria. Esto se ha expresado en varios planos: la deuda pública asciende a un 64,7% del producto bruto, han bajado drásticamente las exportaciones (entre un 10% y un 15%) y el déficit fiscal alcanza al 7%. El gobierno de Carlos Alvarado Quesada (Partido de Acción Ciudadana), acorralado por la crisis y las exigencias de la banca acreedora sancionó una ley (de fortalecimiento de las finanzas públicas) que pretendía una reforma del Estado que atacaba el empleo público, y congelaba los salarios y jubilaciones en caso de que la deuda pública superara el 60% del PBI, suprimiendo además un plus salarial para los empleados estatales, e incluyendo un impuesto al consumo (IVA) del 15%, todo lo cual desató una huelga general que duró desde septiembre a diciembre de 2018. No asombra, porque el gobierno costarricense levantaba como bandera tributaria los criterios de la OCDE y su política social contaba con el asesoramiento de la universidad británica de Oxford. Cabe señalar que el presupuesto costarricense se está sosteniendo en un 52% con impuestos y en un 48% con endeudamiento, y que el 38% del presupuesto está destinado al pago de la deuda, contra el 6% destinado a salud, lo cual coloca a la economía de la nación centroamericana en una situación de virtual colapso económico, que aún no se ha expresado en toda su dimensión en el aspecto sanitario, a pesar incluso de que la cuarentena ha sido muy leve.
La reforma de Alvarado fue aprobada en el parlamento con los votos de otros partidos patronales, como el Partido de Liberación Nacional (PLN) y los socialcristianos. El arco político patronal cerró filas contra los trabajadores. Mientras se ajustan las clavijas sobre estos, las patronales son favorecidas con zonas francas y todo tipo de exenciones impositivas. La prolongada huelga de los trabajadores estatales de 2018, en que las directivas gremiales jugaron un papel de freno, fue derrotada. Uno de los límites de la lucha es que no logró extenderse al sector privado, donde el despotismo patronal ha hecho muy difícil la organización gremial.
El sistema de salud
El sistema de salud de la nación centroamericana es mixto: el 33% está abarcado por seguros médicos voluntarios que se basan en pólizas vendidas por compañías de seguros que abarcan determinadas prestaciones. El 67% se denomina público pero con varias salvedades porque hay un seguro médico obligatorio que abarca escasas prestaciones básicas y otro constituido por la Caja Costarricense de seguro social sostenida por las patronales, el Estado y los trabajadores a quienes les descuentan el 8,84% de su salario. Cabe señalar que las patronales están vaciando la caja, mediante la evasión de sus aportes por varios miles de millones de colones. Una encuesta nacional de percepción de servicios públicos da cuenta de que los trabajadores que tienen la cobertura de la caja mencionada, al no encontrar satisfacción en la cobertura de sus prestaciones médicas, deben recurrir en una alta proporción a gastos adicionales en servicios de atención y deben realizar largas filas para lograr turnos. Un dato relevante, que cobra importancia mayúscula en las condiciones de la pandemia es que hay 1,4 camas cada mil habitantes, muy por debajo de las recomendaciones de la OMS, dato que desnuda además la incompatibilidad del sistema sanitario del país, del pago de la deuda pública y del propio régimen capitalista con la lucha contra la pandemia, que arroja 684 infectados en Costa Rica, una cifra que podría ser mayor, si nos guiamos por el exiguo gasto estatal en el sistema de salud.
En este cuadro, el gobierno ha decidido favorecer a la clase patronal, que se puede servir de un pedido de interrupción del contrato laboral con una presentación a la inspección laboral, y les ofrecen a los trabajadores tomarse las vacaciones en tiempos de pandemia (privándolos de su disfrute futuro), esto en un cuadro de 15% de desocupación (300.000), con cesantías de 30.000 empleados de comercio en enero de 2020, antes de la pandemia. Y, aprovechando la norma legal que autoriza los despidos, los patrones gastronómicos han cesanteado cien mil trabajadores.
La memoria colectiva de la clase obrera costarricense en materia de luchas, con antecedentes como la huelga de 2018, ponen sobre el tapete la necesidad perentoria de preparar una nueva irrupción cuyo programa se enfrente al actual gobierno y a todas las variantes antiobreras ya experimentadas con un programa de prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales, reincorporación inmediata de los despedidos, comités obreros y populares que organicen la cuarentena y establezcan las normas de protección de la vida de los trabajadores, centralización estatal del sistema de salud bajo control y dirección de los trabajadores, que la crisis la paguen los capitalistas, desconocimiento de la deuda pública, derogación de los impuestos al consumo, impuesto de emergencia a las grandes fortunas para abordar la potencial extensión de la pandemia y un seguro al desocupado equivalente al costo de la canasta familiar.
Roberto Gellert
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