Tufillos golpistas

Escrito antes del anuncio de propuesta de reestructuración de la deuda externa por parte de Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán

La campaña para ‘reabrir la economía’ que se disparó luego de los despidos masivos de Techint, ha ganado intensidad. La UIA se apresuró a presentar un documento de más de 300 páginas en favor de la ‘repaertura’, con apoyo de la CGT en la que cual dejaba muy claro que venía con condicionamientos, como la aplicación de una ‘reforma laboral’. Alberto Fernández dio pie para esta ofensiva cuando declaró ‘esencial’ la producción de neumáticos, pero en especial cuando legitimó los despidos y suspensiones que había prohibido por decreto especial, admitiendo aquellas que pactaran patronales y burocracias, en función del artículo 223 bis de la ley de contratos de trabajo. Una falacia imperdonable en un abogado, pues el objetivo del DNU antidespidos era cancelar los derechos pre-existentes a esas medidas, salvo que el Congreso acabe rechazando la medida que fuera dictada en nombre de la “necesidad” y la “urgencia”. Seguramente enfureció a las patronales el reconocimiento de las enfermedades y fallecimientos provocados por la pandemia, pero lo limitó al personal de salud e incluso condicionado a dictámenes de las comisiones médicas – cuya función es la no admisión de la enfermedad y la dilación de las indemnizaciones.
La arremetida patronal, que cuenta con el apoyo político del grupo de Macri - Piccheto y probablemente de Massa, se acentuó con la intervención de los bancos, que se rehúsan a prestar dinero contra la sola garantía del estado. Se trata de una desconfianza justificada frente a un estado en default en todas las categorías, pero que no deja de ser por eso un sabotaje a la financiación de la cuarentena. Algunos especialistas aseguran que la posición de los banqueros anuncia una catarata imparable de convocatorias de acreedores y quiebras. En este entrevero de intereses contradictorios, AF no habilitó la 'esencialidad' para la Construcción, a la cual las patronales señalaban como un motor para la siderurgia y el cemento. En lugar de eso, Fernández declaró, en una entrevista, que podía volver a una cuarentena “más rígida”.
Ya hemos señalado en otros artículos que el propósito de reactivar la economía es una zanata patronal, pues en las actuales condiciones de derrumbe de los mercados internacionales, de la larga recesión local, del default y de la falta de financiamiento, eso es puro macaneo. De lo que se trata es de hacer una 'limpieza étnica de trabajadores, para liquidar cualquier compromiso con los salarios y el empleo, y apuntar a una reactivación futura incierta, con un cambio fenomenal de las relaciones de trabajo – o sea de explotación de la fuerza de trabajo. El sostenimiento de la cuarentena ha creado una crisis de viabilidad de la acumulación capitalista. La reactivación de la economía, en términos de una salida a esta crisis, requiere la estatización de los medios de producción, finanzas y salud en manos del gran capital.
Cuando se mira esta crisis desde un ángulo político, llama la atención que el presidente del Banco Central, nombrado a dedo por los Fernández, defiende la posición de la banca privada, y encima de esto saca a relucir las Leliq, que es el modo de lucrar de los bancos con el juego de asientos contables. Mientras los Guzmán dicen 'abramos la canilla' de la emisión de crédito, los del Banco Central dicen lo contrario: ‘endeudémonos’ con el lobo que no ha dejado de estar. En definitiva, el gobierno está sentado en un polvorín.
A la pelea que enfrenta a la cuarentena contra “el PBI” se suma, sin más dilaciones, la inviabilidad de un acuerdo de deuda, que no tiene nada que ver con la 'dureza' que los diarios imputan al gobierno. Argentina no tiene condiciones de pagar la deuda ni de comprometerse a hacerlo, ni siquiera en los términos que reclama el ministro Guzmán. En sentido contrario, los acreedores podrían imponer las condiciones que quieren, no por eso van a cobrar un mango. Para eso deberían instalar en Argentina un gobierno dispuesto a quebrar la cuarentena, meter el ajuste hasta el hueso y enfrentar con éxito una rebelión popular. Conclusión: los acreedores no tienen otra salida que el default y litigar más adelante en los foros internacionales. Para obtener un ni ni, o sea ni default ni pagar, el FMI debería querer y poder imponer un arbitraje extraordinario, inverosímil en tiempos de Trump.
El default, la crisis con los bancos, el choque con la UIA-Techint ha producido lo que se ha venido esperando – una devaluación del peso en el mercado paralelo. Se trata de operaciones de poco monto para crear incertidumbre política, sin menoscabo de que traduce un desequilibrio económico general: aunque la balanza comercial es favorable, debido a que la recesión impacta en la caída de las importaciones, la financiera es deficitaria. El gobierno ha respondido con una autorización a la libre disponibilidad de los depósitos en los bancos, en especial en dólares – que son de 18 mil millones. Quizás supone que esta sangría financiera hará más fácil la aprobación del impuesto Heller-Máximo, “a los ricos”, que aspira a recaudar u$s 3500 millones, con suerte.
Un impuesto a las grandes fortunas es necesario, claro, lo que no quiere decir que sea consistente con una política que facilita la fuga de capitales por todos lados. Si se aplica, por ejemplo, a subsidiar a las patronales de la industria es perjudicial. La evasión impositiva es enorme. Si el dinero es obtenido por los afectados mediante la venta de acciones u obligaciones emitidas por empresas, puede colocar a estas en situación de default. En una palabra, el impuesto debe ser mayor al 2% de los patrimonios, por ejemplo al 20% por lo menos, ya que en algunos países y en algunos períodos representó más del 50%, pero debe estar acompañado de un plan económico a favor de los intereses mayoritarios, la nacionalización sin pago de los bancos, la retención de los depósitos de los grandes capitales, la nacionalización del comercio exterior y una apertura general de las cuentas empresarias.
El impuesto ha desatado el tema de la convocatoria al Congreso, algo que probablemente no fue tomado en cuenta por los autores del proyecto. Puede ser derrotado, y en consecuencia archivado para evitar un rechazo, lo que pondría al desnudo una fragmentación política de gran alcance. Cuando se examinan cada una de las contradicciones y controversias que genera la cuarentena, resulta claro que, en conjunto, plantean un choque que afecta la estabilidad del gobierno y del régimen político.
Los protagonistas lo saben. Es decir que lo que ocurre tiene tufillo golpista. El ataque del chileno Piñera a los números de la epidemia en Argentina, entran en este tufillo, como los repetidos roces con Bolsonaro y la compra de insumos a China, en momentos en que Trump la denuncia como inspiradora de una guerra bacteriológica. En este marco, un tema en apariencia menor, como la forma en que debe deliberar el Congreso, tiene una importancia que no se suponía. Ocurre que el parlamento ocupará un lugar decisivo en el desarrollo y desenlace de la crisis, algo que no han advertido quienes caracterizan que Argentina se habría convertido en un estado policial. Es lo que ocurrió con los golpes, dizque parlamentarios, en Honduras, Guatemala, Paraguay y Brasil, y hasta cierto punto en Ecuador.
La cuarentena no es solo un asunto de barbijos.

Jorge Altamira
16/04/2020