El nuevo régimen de “Asistencia al Trabajo y a la Producción” (ATP), anunciado esta tarde por el ministro Kulfas, no asiste a la producción y mucho menos al trabajo. El programa oficial, en verdad, es una estatización de la plantilla de sueldos de las empresas que han debido disminuir o parar la producción durante la cuarentena, “cualquiera sea su tamaño”. La norma dispone que el Estado abone el 50% del salario neto del trabajador, hasta dos salarios mínimos. El pago de la mitad de los haberes, por lo tanto, alcanzará para todo salario igual o inferior a los 67.000 pesos, ya que dos salarios mínimos equivalen a 33.700 pesos.
Pero en la práctica, el subsidio estatal, que no es reintegrable y será financiado con los fondos del Anses, cubrirá más del 50% del salario de bolsillo. Ocurre que el “ATP” no anula los acuerdos entre las patronales y las direcciones sindicales que se llevan adelante según la ley de contratos de trabajo, y que han conducido, en las últimas semanas, a suspensiones laborales con descuentos del orden del 30%. En un salario de bolsillo de 50.000 pesos, un trabajador suspendido con 35.000 pesos (el 70%) le demandaría a la empresa una erogación de sólo 17.500 pesos, la otra mitad quedaría a cargo del Estado. En suma, el gobierno les ha dado este fuerte subsidio a las empresas –grandes o pequeñas- sin siquiera exigir a cambio que cualquier suspensión sea reconocida al 100% de los haberes.
Costos estatales, ganancias patronales
La prerrogativa que se ha anunciado esta tarde es el resultado del fracaso de otro “paquete” anterior: el que disponía préstamos a las empresas a una tasa del 24% para el pago de salarios, y que los bancos no quisieron otorgar con el argumento de que la mayoría de las empresas o comercios no ofrecían garantías de devolución. El gobierno ha resuelto esta controversia con un subsidio directo a las empresas, consagrando al mismo tiempo una reducción al menos temporal de los salarios. Los capitalistas, cuando vuelvan a operar y a obtener beneficios, no tendrán que responder por esta transferencia “no reintegrable”. Los trabajadores, por su parte, jamás recuperarán la parte del salario que les fue recortada con las suspensiones.
El “ATP” es una de las respuestas oficiales a las furibundas presiones capitalistas por el levantamiento de la cuarentena. La otra respuesta es una echada de lastre en la cuarentena misma, pues desde este lunes se ha habilitado un nuevo lote de actividades “exceptuadas”. El listado deja abierta la puerta para nuevas y numerosas excepciones. Además de los bancos, locales de cobro, ventas on line y consultorios, el nuevo paquete incluye a las industrias de exportación y a otras con “procesos específicos” (¿), según decida el Ministerio de producción. Las arbitrarias restricciones personales a los mayores de 70 años son la contraparte de esta cuarentena flexibilizada. El gobierno va echando lastre en relación a las exigencias del gran capital.
Agravamiento de la crisis
El enorme subsidio al pago de sueldos no resuelve, sin embargo, la virtual ruptura de la cadena de pagos –cheques rechazados- que involucra al 75% de las empresas. La incorporación plena de los bancos como “actividad esencial” permite, entre otras cosas, la “libre” salida de depósitos de las grandes empresas, en momentos en que el ahorro nacional debería preservarse peso sobre peso. El subsidio a los salarios y la libertad de movimientos al capital llegaron mucho antes que el “impuesto a los ricos”, si es que éste se llega a aprobar alguna vez. La cuarentena administrada según las exigencias del capital puede terminar en un agravamiento del colapso sanitario, que ya tiene a los enfermeros al frente de las víctimas del coronavirus. Ello conducirá a un regreso improvisado al aislamiento y a una crisis política.
Discutamos un programa frente a la nueva fase de esta crisis: reconocimiento salarial del 100% en las industrias paradas; urgentes protocolos redactados por los trabajadores allí donde se vuelve a producir; equipamiento sanitario integral y turno reducido para trabajadores de la salud. Centralización de todas las actividades bancarias por parte del Banco Central, bajo control de sus trabajadores. Control obrero de los precios.
Marcelo Ramal
20/04/2020
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