A 35 años del Juicio a las Juntas, un breve recorrido de la política que los gobiernos han implementado para legitimar el accionar de las Fuerzas Armadas y avanzar en su reconciliación con la sociedad.
El 22 de abril de 1985 se iniciaron las audiencias y el 9 de diciembre del mismo año se dictó la sentencia. Se juzgaron a las tres primeras Juntas, dejando impune a la última presidida por Reynaldo Bignone y a todos los responsables civiles, miembros de la Triple A y de las fuerzas de seguridad que participaron del genocidio de clase.
Durante el juicio, que prohibieron fuera televisado, se conoció, a través de las declaraciones de los sobrevivientes, las aberrantes torturas y crímenes que cometieron los genocidas. Durante las audiencias se presentaron más de 833 testigos y 709 casos, seleccionados entre los más de 9.000 recogidos por la Conadep.
El juicio tuvo una gran trascendencia internacional, sobre todo para la región, que aplicó de forma conjunta el Plan Cóndor. Más allá de sus límites ¿cómo se llegó a este juicio? ¿Por qué Argentina se convertía en el único país en juzgar a los militares?
Antecedentes
En el plano nacional las Fuerzas Armadas argentinas salieron derrotadas y desprestigiadas del golpe de 1976. La crisis militar provocada por la capitulación de los altos mandos ante las tropas inglesas en Malvinas y la crisis económica, impulsaron a que trabajadores, la clase media y un amplio movimiento democrático se movilizaran contra la dictadura. En el plano internacional también quedaron debilitadas porque Estados Unidos no podía permitir que un país de su patio trasero se revelara y tomara por asalto las Islas Malvinas, aunque a la cabeza estuvieran las Fuerzas Armadas que habían sido parte del Plan Cóndor y de misiones contrarrevolucionarias como en Nicaragua del 79.
Ante la debilidad del gobierno de facto, los principales partidos burgueses como el PJ y la UCR, conforman la Multipartidaria a la que se suma el Partido Comunista, entre otros. Reclamaron elecciones con el objetivo de evitar que la movilización popular tirara abajo la dictadura militar. El general Reynaldo Bignone, presidente de facto de entonces, acordó con la Multipartidaria una “transición ordenada”, y llamó a elecciones para octubre de 1983.
Antes, sancionó la ley 22.924, conocida como "Ley de Pacificación Nacional" o "Ley de autoamnistía". Esta ley otorgaba inmunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.
El Juicio a las Juntas
Durante la campaña electoral, el candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, prometió que serían juzgados los jefes de las Juntas. En cambio, el candidato del PJ, Ítalo Luder, dijo que respetaría la ley de autoamnistía de los militares. Esto llevó al triunfo del candidato de la UCR, que además prometía que con la democracia “se come, se cura, y se educa”.
A poco de asumir Raúl Alfonsín derogó la ley de autoamnistía y firmó, bajo la infame “teoría de los dos demonios”, los decretos 157 y 158 que ordenaban el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y las tres primeras juntas militares.
Además, dispuso la formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y pidió la sanción de la Ley de reforma del Código de Justicia Militar.
Con el Juicio a las Juntas, el gobierno radical se propuso desmovilizar el inmenso movimiento democrático surgido durante la dictadura, y avanzar en la reconciliación de las Fuerzas Armadas –brazo armado del Estado burgués- con la sociedad. Este movimiento que tuvo como ícono a las Madres de Plaza de Mayo, fue particular en Argentina con relación al resto de Latinoamérica. Y aunque el Juicio a dictadores emblemáticos le otorgó a Alfonsín prestigio nacional e internacional, el movimiento democrático continuó exigiendo juicio y castigo a todos los culpables.
Como veremos los sucesivos gobiernos mantuvieron, bajo distintas políticas, el objetivo de recomponer y relegitimar a las Fuerzas Armadas, central para la estabilidad del orden capitalista.
Carlos Menem, el hijo pródigo del neoliberalismo
El gobierno de Carlos Menem es recordado por ser el mejor alumno del imperialismo. Remató las empresas de servicios esenciales que quedaron en manos extranjeras, que provocó la pérdida de millones de empleos y conquistas históricas de derechos laborales.
Otro gran logro burgués del gobierno de Menem fue, recomponer a las Fuerzas Armadas, luego de distintos levantamientos carapintadas que tuvieron en vilo al país. Subordinó a los militares y liquidó los restos del partido militar. A la vez que indultaba a los pocos militares que cumplían condena.
Alistó a las fuerzas castrenses a los dictámenes de las demandas de las Naciones Unidas, para relegitimarlas ante el imperialismo después de la guerra de Malvinas. Envió tropas a conflictos bélicos como la Guerra del Golfo y a misiones “humanitarias” como en Haití.
Impedidos de usar a los militares en la represión interior, dictaron las leyes que prohíben que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, que implícitamente reconocía esa debilidad del Estado burgués. Debido a esto fortaleció en número y equipamiento a la Gendarmería, Prefectura, policías provinciales y los cuerpos antimotines de élite, que bajo el menemismo se convirtieron en las fuerzas de choque del Estado.
Luego de los indultos, de 1992 a 1999, asumió la Jefatura de las Fuerzas Armadas el general Martín Balza, quien se alineó con Alfonsín frente a los levantamientos carapintadas.
Balza era presentado como un “general defensor de la democracia”. Pidió perdón por los crímenes de la dictadura en nombre del “nuevo Ejército democrático”, fue otro intento de reconciliar a la sociedad con las Fuerzas Armadas. Pero el reclamo por juicio y castigo continuó siendo una consigna movilizadora.
El Kirchnerismo: baja los cuadros, anula las leyes y mantiene cerrada los archivos de la dictadura
Néstor Kirchner asumió con una debilidad de origen. Con el 23 % de los votos, y un régimen en crisis por las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001. Para desviar el proceso abierto, tomó las demandas de las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos. Con un discurso rupturista, que combinó acciones emblemáticas y política activa hacia las organizaciones de derechos humanos, ordenó bajar los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar. Bajo su gobierno se anularon las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios.
Se juzgaron principalmente a los jefes militares, pero se mantuvieron cerrados los archivos de la dictadura que podrían arrojar pruebas sobre la participación de más de 150.000 militares, numerosos empresarios, jueces, fiscales y miembros de la jerarquía eclesiástica en el genocidio.
El gobierno de Cristina kirchner, no sólo mantuvo oculto los archivos, sino que además nombró a César Milani como jefe del Ejército, dándole la espalda al reclamo de las víctimas como las familias Olivera, la del conscripto desaparecido, Alfredo Ledo; la de los Schaller; las hermanas Matta.
Reconciliación: un objetivo de Estado
Si Menem logró disciplinar a los militares, el gobierno de los Kirchner fue el que más avanzó en el propósito de reconciliación de las Fuerzas Armadas. Intentó demostrar que luego de los Juicios y de más de 30 años de democracia, se había avanzado en su depuración y una nueva generación poblaba las fuerzas castrenses.
El macrismo puso aquel discurso en entredicho. No buscó atajos en la reconciliación con las Fuerzas Armadas, sino que lo hizo intentando que juegue un rol interno: no solo trajo al presente versiones aggiornadas de las teorías de los dos demonios, negando los 30.000 desaparecidos, hablando del curro de los derechos humanos, sino que volvió a recrear la amenaza del enemigo interno: la desaparición de Maldonado y el asesinato de Nahuel están para recordarlo.
Un legado en este sentido fue la ampliación de atribuciones que el macrismo habilitó para la intervención de las Fuerzas Armadas ante "agresiones de origen externo" como el narcotráfico y el terrorismo y no sólo ante "amenazas estatales" externas.
El ajuste viene marchando: la reforma militar de Macri
Un anticipo de la reforma del aparato militar de conjunto, que aún sigue pendiente para la burguesía. Además, bajo su gobierno, se pretendió otorgar el beneficio del 2x1 a los genocidas condenados. La masiva movilización lo impidió.
La gestión macrista sí continuó en varios aspectos la política del kirchnerismo –que aprobó la Ley Antiterrorista pedida por el imperialismo-. Firmó múltiples acuerdos con el Comando sur, con los de la DEA y los de la Homeland Security, con quienes pactaron militarizar aún más la seguridad interior y firmaron distintos acuerdos.
Alberto Fernández y la vuelta de página
Apenas pasaron unos pocos meses pero suficientes para que el nuevo gobierno de Alberto Fernández, desplegara una nueva política de disciplinamiento y control social en el que las Fuerzas Armadas tienen un rol central.
Ante las amenazas que pueda generar la crisis de la pandemia, el gobierno que cuenta con el respaldo de la oposición y todo el PJ, implementa un nuevo operativo de legitimación de las Fuerzas Armadas. Operativo que combina mostrarlas con un rostro “humanitario” al “servicio de la sociedad” y “desarmadas”, pero con ropa de fajina para amedrentar. Al mismo tiempo, que pretende regitimarlas, las preparan para una posible represión porque “estamos en guerra”. El patrullaje aéreo que están realizando, prohibido por las leyes de Seguridad y Defensa, es solo una muestra.
Fuerzas Armadas y cuarentena: $ 583 millones para controlar el humor social
La iniciativa de esta política se le atribuye a la agrupación que conduce Máximo Kirchner, La Cámpora. Ya lo habían impulsado bajo el gobierno de Cristina durante las inundaciones del río Santa Cruz o la de La Plata en 2013 en el que el Ejército se involucró para incrementar el papel militar en tareas de asistencia.
La Cámpora apoya “la vuelta de página” propiciada por el gobierno de Alberto Fernández, sosteniendo que es una nueva generación de militares. Pero esta “nueva” generación está formada por el Comando Sur de Estados Unidos, que tiene como estrategia que los países de Latinoamérica se subordinen a los planes del imperialismo.
El golpe institucional contra Dilma en Brasil y el de Evo Morales en Bolivia, muestra el peligro de dar vuelta la página y relegitimar a las Fuerzas Armadas.
Dar vuelta la página significa naturalizar su mayor protagonismo y permitir su intervención en la política interior. No nos dejemos engañar: sabemos que el patrullaje en las calles y mayores facultades a las fuerzas represivas nunca es en beneficio de las mayorías populares. Las Fuerzas Armadas de hoy, aunque contengan pocos miembros de la vieja dictadura, tienen los mismos objetivos de defender a la burguesía cuando se vea amenazada su propiedad e intereses.
Si los trabajadores y el pueblo con su movilización y organización cuestionan el poder y la propiedad de la burguesía, como en el ascenso de 1969-1976, veremos a estas mismas Fuerzas Armadas prepararse en defensa del Estado burgués.
Rosa D'Alesio
@rosaquiara
Miércoles 22 de abril | 00:24
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