Antes de la pandemia por el coronavirus la situación de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, las/os regularizadas/os o las/os que no lo están, las/os activas/os y pasivas/os, era grave, en términos de ingresos y acceso a derechos. Es una característica de este tiempo del capitalismo y la ofensiva capitalista, neoliberal, construida desde la salida de la crisis de los setenta del siglo pasado, que se manifiesta en caída de los salarios e ingresos populares, flexibilización y precariedad laboral, con empobrecimiento ampliado de los de abajo. La tendencia, más allá de algunos intentos por contener los regresivos efectos sociales, en el país y en el mundo, confirma un retroceso en las condiciones de vida de la mayoría social por casi medio siglo, y con impacto negativo sobre la naturaleza, afectada por el extractivismo exacerbado y el saqueo de los bienes comunes.
Esa “normalidad” no nos satisfacía y no queremos a ella volver, sin embargo, la presencia del virus corona y agrava los efectos regresivos sobre la población empobrecida, incluso, afectando a sectores de ingresos medios y altos, que claman contra ciertas medidas preventivas de aislamiento. El tema es el cierre parcial, bastante extendido, de esferas de la producción y la circulación de bienes y servicios, con su impacto limitante en el acceso a la satisfacción de necesidades elementales. Volver a la normalidad es el reclamo que se instala en cierto “sentido común”. Nos parece interesante discutir el tema relativo a que “normalidad” es aquella a la que se pretende volver. Por ejemplo, en aras de la “normalidad” se negocian salarios a la baja para mantener empresas, afectando desde el 30 al 70% de los ingresos salariales previos a la pandemia. Es sin duda un ajuste, tal y como ocurre con el ascenso de los precios, especialmente de los alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios que integran la canasta básica. Para el caso argentino, más allá del congelamiento de tarifas y combustibles, entre otras disposiciones para evitar subas de precios, la última medición del INDEC explicita una nueva escalada de una inflación que venía en retroceso desde diciembre 3,7%; enero 2,3%; febrero 2% y que escala en marzo con el 3,3% [1], incorporando nuevas incertidumbres sobre el futuro cercano.
La política pública asistencial en materia de alimentos y de ingresos monetarios intenta morigerar los efectos dramáticos sobre una mayoría empobrecida, que no puede resolver en la emergencia la reproducción de una cotidianeidad de subsistencia. Un tema adicional son los problemas logísticos del abastecimiento que no llega a todos los territorios, e incluso, se agrava con la evidencia de compras amañadas y sobreprecios. Por ello, no debe sorprender que ante las insatisfechas necesidades emerge la protesta e incluso la movilización pese al aislamiento, caso visible ante cesantías; pero también la solidaridad vía ollas populares, comedores en las barriadas y formas de asistencia comunitaria auto gestionada. La demanda por “resolver” estimula perspectivas críticas de desobediencia o movilización. En algunos casos, esta perspectiva es utilizada por el discurso de los sectores hegemónicos que inducen un fin apresurado de las medidas de prevención que involucran a la cuarentena. Es fuerte la presión empresaria para terminar con el aislamiento, que actúa sobre la realidad de necesidades insatisfechas en buena parte de la población empobrecida.
Por eso se necesitan medidas de política económica que vayan más allá de la emergencia y la subsistencia para empezar un camino de transformación en la producción y circulación de bienes y servicios. Una orientación hacia una nueva “normalidad”, diferenciada de la lógica de orden económico en que estábamos antes de la COVID19. Un punto de partida proviene de la cuarentena comunitaria, de esa parte de la población que no puede por condiciones objetivas cumplir con el aislamiento obligatorio. A estos sectores y espacios territoriales debe llegar asistencia financiera, material adecuado, incluso medidas y medios de seguridad sanitaria, formación y asistencia técnico profesional suficiente, que permita encaminar la producción material para el autoabastecimiento y la generación de producción social al entorno cercano, incluso más allá. Esa será la base de un plan más amplio que organice la producción y circulación de bienes y servicios hacia otra “normalidad” del orden económico social. Un plan que articule el saber popular con el profesional y que hoy recorre experiencias autogestionarias en todo el país.
¿De dónde saldrían los recursos?
La propia situación mundial está orientado el debate hacia inusitadas medidas, que en otro tiempo podían parecer imposibles. Los propios organismos internacionales están llamando la atención para flexibilizar restricciones fiscales o monetarios de los países ante la COVID19. Se demandan urgentes disposiciones relativas a la recomposición de la capacidad de atención de la salud pública y a una orientación estatal de la inversión en desarrollo científico y tecnológico relativo a la sanidad y a la emergencia. Más que achicar el déficit, las propuestas se orientan a relajar la contención del gasto público.
Es la caída de la producción mundial la que impone flexibilizar las restricciones a la emisión, que era y es norma sagrada entre los cultores de la corriente principal del pensamiento económico. Esta flexibilización de la política económica se verifica en los principales países del capitalismo mundial. Solo EEUU aprobó un paquete inicial de 8 billones de dólares más flexibilizaciones crediticias y subsidios. En el mismo sentido y en proporción relativa avanzaron Europa, Japón e incluso China. Se trata de una flexibilización relativa a contramano de una verdad sostenida por la ortodoxia monetarista, impuesta por la realidad del impacto económico y social de la situación de crisis.
No solo emisión, sino impuestos extraordinarios a los sectores más acomodados. La difusión de estudios sobre la desigualdad extendió el consenso para aplicar una tributación que achique la brecha de ingresos y riqueza. En Argentina empezó el debate, estando aún pendiente el alcance de los sujetos de la imposición y el monto a tributar, el que debe calibrarse en función de las necesidades de la emergencia y el plan de transformación productiva requerido y antes mencionado. Es obvio que los presuntos sujetos del impuesto despliegan una campaña crítica, intentando legitimar su papel de esenciales a la hora de definir el proceso productivo, invirtiendo la lógica teórica de que el capital es producto del trabajo humano.
La propuesta realizada a los tenedores de bonos de la deuda pública externa de legislación extranjera en estos días, habilita la discusión del uso de los recursos públicos, especialmente por los tres años de gracia en pagos de capital e intereses que promueve. Esta propuesta, como el re-perfilamiento de la deuda en divisas de legislación nacional, suspendiendo los pagos por este año abre un debate sobre el tema de la deuda. No es menor liberar recursos en la coyuntura, pero es evidente que no alcanza postergar un año los vencimientos de legislación nacional o tres años los de legislación extranjera. El problema subsiste, aun cuando se posterga un desenlace de inevitable default. Hay quienes sostienen que lo importante es el hecho de la suspensión temporaria, pero también habilita imaginarios que chocarán con la realidad de una impagable hipoteca sobr la economía y la sociedad en su conjunto.
Los anuncios del gobierno sobre unos 66.500 millones de dólares en manos de privados, un 20% del total de la deuda, acompañados por el arco diverso del oficialismo y gran parte de la oposición, especialmente los gobiernos provinciales, manifiesta la voluntad de pagar la deuda pública, aunque ahora aparece la novedad de quitas de intereses (62%) y capitales (5,4%) con tres años de gracia. Argentina ofrece canjear a tenedores privados de bonos, 21 títulos con vencimientos que llegan hasta el 2117. El canje será por 10 nuevos títulos, 5 nominados en dólares y otros 5 en euros, con tasas de interés en ascenso desde 0,5% para los primeros vencimientos en 2023, y una suba progresiva que llega a tasas del 4,875%. La propuesta supone pagos del capital en cuotas anuales desde el 2026 al 2047. Todo con tres años de gracia, 2020, 2021 y 2022. La propuesta está abierta por 20 días y resulta incierto el final de la negociación. No queda claro el qué y el cómo de la acumulación económica desde ahora hasta el 2023 para generar las condiciones de pagos en ese año y luego con intereses crecientes desde el 2025, los que se acompañaran de desembolsos de capital desde el 2026 y sucesivamente hasta el 2047.
Una verdadera hipoteca. Por eso, la suspensión de pagos que se demanda ante la situación mundial y local resultaría más efectivo, claro que supone un nivel de confrontación más decidido con la lógica de poder especulativo local y global. Argentina no puede pagar afirman desde el gobierno e incluso el FMI, por lo cual, los escasos recursos de reservas internacionales deben ser aplicados a la emergencia y a la transformación productiva que sugerimos. No alcanza con años de gracia sin modificar el marco de la organización económica de la sociedad.
En realidad, la voluntad de pago se expresó desde el comienzo de la nueva gestión con las negociaciones abiertas con el FMI, lo que supone el reconocimiento de lo actuado en la gestión previa, del mismo modo que se estableció un cronograma de ofertas de negociación acreedores privados. Por eso el aval parlamentario para disponer más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales dispuesto para cancelación de deuda en la “Ley de solidaridad” aprobada en diciembre pasado. Fue la primera medida para sustentar las emergencias ante el cambio de gobierno.
Sostenemos un financiamiento planificado que incluya emisión monetaria, utilización de las reservas internacionales, suspensión total de pagos de la deuda junto a una auditoria con participación popular, y una reforma tributaria a grandes fortunas para sustentar la emergencia y un plan de transformación económica. Una transformación del régimen y legislación financiero será también necesaria, con un conjunto de medidas relativas a la modificación sustancial del sistema de producción y circulación. Son definiciones que requieren de una acumulación de poder político que hoy necesita ser programa de una perspectiva de construcción de poder político para frenar las amenazas de mayor ajuste sobre la mayoría de la sociedad, pero, sobre todo, para pensar en el escenario futuro post pandemia. ¿Cómo queda la sociedad superada la emergencia en curso por el COVID19? ¿A qué orden económico social aspiramos? ¿Cuál normalidad motiva nuestra reflexión relativa al presente y al futuro? Son interrogantes que circulan más allá de la inmediatez por atender las urgencias de la reproducción de la cotidianeidad.
Julio C. Gambina
Nota:
[1] INDEC. Índice de precios al consumidor (IPC), marzo 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf (consultado el 18/04/2020)
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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