El gobierno de Cortizo busca descargar el peso de la crisis sobre la población.
El día martes, Panamá vivió una jornada de lucha frente a las puertas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, situado en la Plaza Edison a pocos metros del Banco de Panamá y el Ministerio de Desarrollo Social. Una congregación de organizaciones obreras, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UPAC), se hicieron presentes para rechazar, fundamentalmente, la tentativa de reforma del código laboral, que avanza en la precarización.
La UPAC también alzó el reclamo por la violación de los convenios colectivos de trabajo por parte de la Aerolínea Copa, la cual suspendió a casi todo el personal, argumentando la caída en picada de los vuelos. La patronal, además, no destina a los vuelos humanitarios a los empleados con más antigüedad -como indica el convenio.
En la manifestación también estuvo presente la exigencia de justicia por George Floyd, reclamo que recorre decenas de países en el mundo, incluyendo a nuestro país.
Esta movilización viene precedida por las protestas y cortes de calles ante la insuficiencia del Plan Panamá Solidario (de asistencia ante la pandemia), en un escenario de inmensa urgencia social. Uno de los reclamos fundamentales de la protesta del martes fue, de hecho, el otorgamiento de los bonos de asistencia a miles de nuevos trabajadores suspendidos. Estos planes, que son actualmente de 80 dólares, no cubren siquiera el 10% del costo de vida (1000 dólares).
Mediante varios decretos emitidos durante el último tiempo, el gobierno de Laurentino Cortizo (del centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático) ha dado paso a una serie de reformas, que intentan descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores. En el Decreto 78, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral habilitó suspensiones sin pago de hasta 4 meses de los trabajadores, dejando a la deriva a miles de familias, y con una ilusoria garantía de re-contratación. Actualmente se ha registrado que más de 15 mil empresas suspendieron durante la cuarentena a un total de 240 mil trabajadores.
Una crisis que demanda una transformación de fondo
Mientras el gobierno avanza en un ataque aún mayor a las condiciones de vida de las masas, profundiza una operación de salvataje de la crisis a los capitalistas. Pese a que la cantidad de contagios continúa en escalada y se acerca ya a los 15 mil casos, este lunes el gobierno autorizó el inicio de la segunda fase de flexibilización de la cuarentena, que había comenzado a mediados de mayo. Las restricciones circulatorias se redujeron, y se permite ahora el libre tránsito entre las 5 y las 19, horario tras el cual se impone un toque de queda. Este no es un dato menor, en vistas de que esa franja horaria suele ser laboral. La segunda fase que entró en vigencia contempla la reapertura de ramas industriales, mineras, de la obra pública y hasta de las iglesias. Todo, claro, por una marcada presión de las patronales y sin ninguna consideración por la salud de la población.
En este mismo cuadro, este martes Panamá ha vuelto a contraer deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, a fines de llevar a cabo un programa de rescate a las empresas. El mismo constará de un desembolso a la brevedad de 150 millones de dólares y otro por la misma cifra a principios de 2021.
La economía panameña, que ya venía en desaceleración (el 2019 marcó el crecimiento más bajo del PBI en una década, rondando el 3%), se está viendo fuertemente afectada por la pandemia y las tendencias a la depresión mundial. La paralización y restricciones de los vuelos internacionales han tenido un fuerte impacto sobre el turismo y la actividad hotelera, a la par que se ha debilitado el comercio marítimo, lo que se traduce en un desplome en los ingresos que le proporciona al fisco la vía interoceánica del Canal de Panamá. Este ‘puente’, que conecta el Pacífico con el Atlántico, acapara anualmente cerca del 6% del flujo del comercio mundial y tiene entre sus principales usuarios a Estados Unidos, que hoy atraviesa probablemente su peor crisis desde el crack del 29. Pero como si fuera poco, el 2019 fue también el quinto año de mayor sequía en 70 años, lo que llevó al organismo que administra el canal a limitar enormemente su actividad. Inclusive, múltiples profesionales advierten de los serios riesgos de que el canal panameño profundice su escasez de agua.
Los trabajadores necesitan desarrollar un planteo frente a la crisis. Por la derogación de los decretos de suspensiones. Que las empresas garanticen el pago integral de los salarios de sus trabajadores, licencias sin afectar el sueldo. No a las nuevas reformas flexibilizadoras. Prohibición de despidos. Comisiones de seguridad e higiene en los barrios y lugares de trabajo. Aumento del Plan Panamá Solidario e inmediato resarcimiento a quienes no pudieron cobrarlo. Centralización del sistema de salud y control obrero del canal de Panamá. No pago de la deuda externa.
Manuel Taba y Ailu Ríos
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