En una reiterada monserga repiten la mentira para que se instale como sentido común de la población. Lo interesante es el porqué, lo que viene detrás de la arenga ideológica.
Sobre esa base opera una presión, la que es vivida en la coyuntura como corrida contra el peso, todo con el objetivo de inducir una devaluación, o un mayor ritmo de la misma, que es lo que está ocurriendo.
En efecto, desde enero a fines de septiembre, el tipo de cambio “oficial”, con información del BCRA, se actualizó desde los 63 pesos por dólar del primer día del año a los 80,63 a fines de septiembre 2020.
Se trata de una corrección del tipo de cambio del orden del 27,98%, contra una inflación de precios minoristas, según el INDEC, del 22,3%. Si consideramos el último dato disponible, al 16/10, se requerían 83,20 pesos por dólar, un 32% más que la cotización al 19/12/2019, momento de asunción del actual gobierno.
La cotización de la moneda estadounidense le viene ganando a la inflación, por lo que se teme se traslade a precios, más allá de la presión de las otras cotizaciones de la divisa estadounidense, que son superiores al “oficial”, sean las legales por operaciones en la banca o la bolsa, o las ilegales del llamado “blue”.
Así, la brecha especulativa se extiende entre un 100 y 114% por encima del “oficial”, presionando para achicarla con ajustes en alza del tipo de cambio oficial. Por eso alentamos sobre la devaluación, que juega en contra de la mayoría social con ingresos fijos.
Pero, vayamos al punto central: ¿faltan los dólares en la Argentina?
Sostenemos que es un mito el de la ausencia de los dólares. Si observamos el proyecto de Presupuesto 2021, podemos leer que el superávit comercial del 2019 fue de 13.012 millones de dólares (md), y que se espera un superávit para el 2020 de 17.260 md, y sucesivamente entre 2021 y 2023, unos 15.087 md, 14.302 md, y 12.928 md respectivamente. En total, en esos 5 años suman unos 72.589 md.
Nada más genuino que las divisas logradas por el comercio internacional, con más exportaciones que importaciones, aún por las malas razones de la recesión que induce la baja de importaciones.
Se puede discutir el contenido de ese intercambio mercantil, si es el conveniente o no en una estrategia de desarrollo nacional, pero eso es otro tema.
Lo que importa es considerar el resultado superavitario, excedentario, producto del trabajo social conjunto de la economía local, que por imperio de las leyes mercantiles del capitalismo, la propiedad de esas divisas quedan en manos del último eslabón de una cadena productiva que es social.
Además, por diversas razones, entre ellas, la ausencia de control estatal, son esos propietarios en última instancia los que retienen en el exterior esos recursos, y no los integran a las reservas internacionales que contabiliza y gestiona el BCRA.
La masa de dinero producto del comercio internacional es considerable para pensar en usos productivos estratégicos de ese excedente para resolver el problema de la pobreza, el desempleo o la recuperación federal de la producción, el estímulo al mercado interno y una distribución progresiva del ingreso y la riqueza.
Hasta ahí los dólares del comercio internacional, pero veamos ahora el tema de la circulación de la moneda estadounidense.
En mayo pasado, el BCRA divulgó una investigación sobre la fuga de capitales entre fines del 2015 y 2019,[1] el periodo de gobierno de Mauricio Macri, que consolidó y potenció una lógica que venía de antes.
Allí se sostiene que:
“En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los USD 86.000 millones. Apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de las personas humanas, dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos.”
Si alguien se interroga sobre ese 1% de las empresas o de las personas humanas, no debe tener duda que son quienes integran el núcleo del poder en la Argentina y que se reclutan entre los principales beneficiarios del agro negocio de exportación, la mega minería a cielo abierto, la explotación y exportación de hidrocarburos, especialmente los no convencionales y todo aquello que remite a la industria de ensamble y exportación, más el negocio especulativo que nos lleva al endeudamiento sistémico del país.
Destaca el informe que:
“La fuga de capitales mostró a lo largo del período elevados niveles de concentración. Los 100 mayores compradores demandaron USD 24.679 millones entre diciembre de 2015 y octubre de 2019.”
Es más, explicita que:
“…los mayores 10 compradores, sus operaciones alcanzan en el período los USD 7.945 millones.
”
Si se consideran 10.000 compradores de divisas, éstos alcanzan a comprar por 54.879 md, siendo el 42,40% del total. Por ello, el 57,60% restante adquirió divisas por 74.497 md. En definitiva, según el BCRA hubo una formación de activos externos (FAE) por 129.376 md entre fines del 2015 y del 2019.
Hay que pensar que si se aprueba el “aporte extraordinario y por única vez a las grandes fortunas”, se estima recaudar entre 3.000 a 4.000 md, menos de la mitad de los activos externos constituidos por solo 10 titulares registrados en el informe mencionado del BCRA.
En el mismo informe, el BCRA destaca que:
“La mayor parte de la formación de activos externos terminó fuera del sistema financiero local. El stock de billetes que el sector privado mantiene en su poder por fuera del sistema (el denominado “colchón”), cerró 2019 en USD 175 mil de millones (aumentó USD 55 mil millones respecto de diciembre de 2015) y los depósitos en el exterior alcanzaron USD 44 mil millones, USD 14 mil millones por encima de diciembre de 2015.”
Como sostenemos, en la Argentina no faltan dólares, sean por el intercambio comercial o por atesoramiento en cajas de seguridad o en el “colchón”, la existencia de moneda externa es abundante. El problema es quien decide sobre su aplicación.
¿Qué se debiera hacer y qué se hace al respecto?
La hoja de ruta que siguió el gobierno no fue la que algunos sugerimos, ya que se sostuvo negociar la deuda y mientras, se cancelaban vencimientos, dilapidando cuantiosos recursos en un momento de crisis mundial, no solo por la pandemia del COVID19.
Nosotros, en el marco de una campaña por la suspensión de los pagos del endeudamiento público y una auditoría con participación popular, sosteníamos la necesidad de resguardar las reservas internacionales y destinarlas a un uso alternativo para un cambio de modelo productivo y de desarrollo.
La realidad es una merma de las reservas desde el 10/12 por unos 3.000 md pese al ingreso de divisas por el saldo comercial positivo del presente año.
Ahora, la política de negociación incluye al FMI, que otorgó un préstamo por 57.000 md y desembolsó unos 45.000 md, que ahora pretende cobrar, aun cuando postergue su cancelación.
La política del FMI pasa en la coyuntura por sustentar postergaciones de las cancelaciones, no solo para la Argentina, y lo que está de fondo es la crisis mundial por el COVI19 y más allá por problemas de arrastre del 2007/09 e incluso de la debacle del 2001 estadounidense.
Argentina está a tiempo de denunciar el “préstamo político” otorgado por el FMI a Mauricio Macri con el aval del gobierno estadounidense para premiar la subordinación a la política exterior de EEUU, muy especialmente contra Cuba y Venezuela.
El FMI es consciente de las dificultades actuales, por lo que es probable que acepte la postergación de las cancelaciones, incluso un nuevo tipo de operación, de Facilidades Extendidas, por ejemplo, pero no resignará las cláusulas de ajuste y reformas estructurales suscriptas en 2018.
No hace falta estudiar mucho para verificar el ajuste de las cuentas públicas (caso de las jubilaciones y los salarios estatales), más allá del aumento del gasto público para contener y compensar el impacto social de la emergencia sanitaria y económica, recesión mediante.
Una muestra es la actualización reciente del salario mínimo vital y móvil, de consenso entre gobierno, el sector patronal y la CGT junto a la CTA de los Trabajadores, con el solo rechazo de una de las CTA Autónoma que se negó a suscribir el acuerdo tripartito (la otra no fue invitada). La cifra de actualización a alcanzar a comienzos del 2021 ni siquiera cubre el 50% de la canasta actual.
Es más, el presupuesto 2021 imagina disminución de la necesidad de financiar la emergencia sanitaria y por eso se sostiene una merma del déficit fiscal al -4,5% previsto en el proyecto remitido al Congreso. Será difícil imaginar ahorros por pandemia, cuando lo que se vislumbra es una recidiva de las contaminaciones por el coronavirus en Europa y la continuidad del epicentro en Latinoamérica y en el Caribe.
La actualidad devuelve la fuerte presión por la devaluación, que se canaliza con una fuerte corrida monetaria para extender la brecha cambiaria y apurar una devaluación, con devastadoras consecuencias de quienes viven de ingresos fijos, la mayoría de la sociedad.
Insistamos que tratan de instalar que no hay dólares en la Argentina. Lo que pretendemos mostrar es que dólares hay, pero también una incapacidad estatal, incluso de voluntad de control y ejercicio del poder para orientar el destino de la producción y circulación de riqueza en beneficio de una estrategia más allá de la lógica de la ganancia y la acumulación de capitales.
Orientar recursos de reservas internacionales para otro modelo productivo y de desarrollo requiere la decisión de confrontar contra el poder establecido y desde allí definir otra ecuación de poder. Desde allí puede pensarse en resolver acuciantes problemas socioeconómicos, e incluso civilizatorios en el país, contribuyendo a un necesario debate en Nuestramérica y en el mundo.
Julio C. Gambina
Nota:
[1] BCRA. Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019; en: http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf
Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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