La gestión de la pandemia por parte de Duque es un fracaso político. Hay más de 150 muertos por día y el gobierno apunta a reabrir aún más la economía y eliminar las restricciones. Escasean los recursos en los hospitales mientras banqueros, industriales y terratenientes fueron rescatados por parte del Estado. El desempleo subió al 20% y la pobreza extrema pasa el 35% de la población. Duque llegó a un acuerdo con el FMI que implica mayores ajustes sobre el pueblo trabajador, como el decreto 1174 de precarización laboral. El gobierno nunca escuchó ninguno de los reclamos del movimiento obrero, campesino e indígena.
Hay programados 30 movilizaciones en diferentes municipios del país. Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), que había organizado un paro contra la política de ajuste y apertura de Duque, movilizó con una caravana que avanzó hacia el centro capitalino. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la más grande del país, dijo que “la política aplicada por el presidente Duque para enfrentar la emergencia ha sido de las más desastrosas del continente, ni la vida ni la economía han sido puestos como prioridad (...). Somos el quinto país en el mundo por número de fallecidos por cada millón de habitantes” (infobae).
Duque no los recibió y dijo que los indígenas de la Minga estaban infiltrados por la “subversión” y que se trata de una organización guerrillera (BBC, 21/10). Los indígenas, en cambio, denuncian las masacres cometidas este año por parte de los paramilitares y el ejército. Los acuerdos de paz firmados en 2016 han fracasado, y hoy hay un reforzamiento de las bandas paramilitares, los asesinatos y la violación de derechos humanos por parte del ejército y las fuerzas policiales. Desde firma de la paz al menos 300 líderes indígenas —y 600 líderes campesinos, afro y sindicales— han sido asesinados, según la ONG Indepaz. “Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio”, dice uno de los líderes de la Minga (ídem). “A eso se añade la situación estructural de los indígenas en Colombia, que representan un 5% de la población de 50 millones de habitantes: de los 66 pueblos indígenas del país, reporta la ONU, 34 están en vías de extinción; y, según cifras oficiales, la pobreza en poblaciones indígenas es del 63%, el triple que el promedio nacional” (ídem).
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registra en 2017, 12 masacres que dejaron 49 víctimas; en 2018, 105 víctimas en 27 y 2019 cerró con 35 masacres que le costaron la vida a 113 personas; durante estos diez meses del 2020, a pesar de la pandemia, se ha duplicado el número de víctimas del 2019 y se está cerca de doblar la cifra de masacres. En lo que va de octubre, según Indepaz, van 15 asesinatos de líderes sociales, de los cuales ocho se han ejecutado la última semana (infobae, 20/10).
En los días previos a la movilización, la centroizquierda trata de generar un armado político que le de chances de cara a las elecciones de 2022. Hay negociaciones entre Gustavo Petro, de Colombia Humana, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López (Verdes), que disputan el liderazgo de la oposición a Duque. López había utilizado la represión y al tenebroso escuadrón antidisturbios ESMAD, durante protestas sociales antes del asesinato de Ordoñez, y ahora reclama su “reforma”. Petro plantea que a Duque hay que sacarlo con las urnas dentro de dos años. La cautela de los sindicatos ligados a esta centroizquierda puede ser desbordada por la crisis capitalista y sanitaria, y por la lucha de diferentes sectores que están buscando una salida a Duque y a 20 años de Uribismo.
Esta movilización puede convertirse en el puntapié de un nuevo proceso de lucha de los explotados en Colombia, por una huelga general, una nueva huelga política de masas que apunte a tirar abajo al gobierno de Duque y no esperar a las elecciones de 2022.
Emiliano Monge
21/10/2020
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